CFA pide información al gobierno y se reúne este viernes con Dipres para analizar los efectos fiscales de la reforma previsional

Uno de los principales nudos a resolver durante la tramitación de las indicaciones de la reforma previsional que fueron ingresadas este miércoles a la Comisión de Trabajo del Senado es la sostenibilidad fiscal de la nueva estructura que tendrá el sistema de pensiones.

Y, por lo mismo, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) comenzará a jugar un rol clave y ya comenzó a pedir información. De hecho, este viernes se reunirán con la Dirección de Presupuestos (Dipres) para conocer en detalle los efectos de fiscales del proyecto. En esta reunión se espera que el gobierno les presente el informe de sostenibilidad fiscal.

Asimismo, el CFA inició una ronda de reuniones con expertos en temas previsionales. Esta ronda ya comenzó el martes 14 con la exposición de Gabriel Ugarte, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP) y la académica de la Universidad de Los Andes Cecilia Cifuentes.

El Consejo organizó también el trabajo de las próximas semanas para poder evaluar, en términos generales, las implicancias fiscales de las modificaciones al proyecto de reforma previsional que se encuentra actualmente en discusión pública.

Una vez que la Comisión de Trabajo del Senado, donde está radicada la discusión lo apruebe, el siguiente paso será la Comisión de Hacienda, quienes analizarán los efectos fiscales del proyecto. Y por lo mismo, el presidente de esa instancia, Felipe Kast (Evópoli) anticipó que el próximo miércoles el CFA deberá ir a exponer.

“Tenemos una profunda preocupación sobre el impacto que tiene la reforma en la deuda pública y queremos que eso quede muy bien documentado. Creemos que la reforma de pensiones está bien diseñada en términos generales dado que permite asegurar que el aumento de las cotizaciones sea de los trabajadores”.

Sin embargo, el legislador acotó que “la fórmula que se uso es emitiendo una deuda con los mismos trabajadores, por lo tanto, el Estado de Chile va a aumentar su deuda pública de forma importante. Y eso es lo que queremos analizar en conjunto con el CFA, para que esa deuda pública que se va a emitir quede bien resguardada en las finanzas públicas del país”.

En Informe Financiero que acompañó las indicaciones se proyecta que el mayor gasto total de esta reforma en régimen, es decir, al 2050, son US$3.200 millones. De ese total, el mayor desembolso estará radicado en el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) con un monto de US$1.400 millones. Luego le sigue el préstamo solidario que equivale a US$1.000 millones, mientras que el aumento de las cotizaciones es de US$778 millones. Sin embargo, para algunos economistas, a ese total de mayor gasto se debe le debe sumar los menores ingresos que recibirá el fisco por la reforma previsional que son del orden de US$1.700 millones. Por ende, en tanto, el costo al 2050 alcanzaría los US$5.000 millones.

En un comienzo, el aporte al fondo solidario recién significará gasto en 2027 de US$111 millones, y de allí en más irá subiendo hasta llegar al 2050 a registrar gastos por US$1.000 millones.

Una de las dudas que existía entre los especialistas era cuál sería la fórmula que Hacienda elegiría para contabilizar los gastos del préstamo solidario. Esa duda se comenzó a resolver este miércoles, puesto que el Ejecutivo explicó que “el Fondo de Seguro Social con sus ingresos, gastos, compromisos de deuda y activos serán registrados separadamente del Gobierno Central, y no se consolidarán en el Tesoro Público, en consonancia con los estándares y manuales establecidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

En ese sentido, se explicó que “los compromisos se registrarán como pasivo contingente y se incluirá en los informes anuales de la Dirección de Presupuestos. Sin perjuicio de ello, el Fondo del Seguro Social estará sujeto a las máximas exigencias de transparencia, publicidad, integridad, auditoría y rendición de cuenta”.

De esta manera, los expertos afirman que con esta fórmula Hacienda busca que ni afecta el balance fiscal y la deuda pública asegurando que, al menos, por este concepto la deuda pública no escalará hasta el 45% del PIB.