Bajo el concepto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) envió al Consejo Constitucional su propuesta para definir, en la nueva Constitución, cómo el Estado debe administra su gasto. La instancia autónoma envió el documento de recomendaciones en base al anteproyecto elaborado por el Consejo de Expertos y que hoy está en su etapa final de cara al plebiscito de aprobación o rechazo.

Sobre consignar la responsabilidad fiscal en la nueva Constitución, el CFA valoró que exista en base a que “contribuiría a garantizar, de manera consistente en el tiempo, la consagración de derechos sociales en la nueva Carta Fundamental y la profundización de las políticas sociales en el futuro”.

“Sin embargo, el consejo sugiere que el anteproyecto también mencione explícitamente el principio de sostenibilidad fiscal para guiar el actuar del Estado, en todos sus niveles e instituciones”, dice el documento.

En tanto, el CFA pidió cambiar la redacción del artículo 24 del anteproyecto que plantea que el Estado deberá emplear el máximo de recursos disponibles para garantizar los diversos derechos sociales como salud y educación, entre otros. La instancia alertó que se debe tener consideración que el gasto del Estado tiene que considerar que, en el marco de la regla fiscal del balance estructural, se deben destinar recursos para el ahorro para poder utilizar “en las fases contractivas del ciclo”.

Además, el CFA también resaltó la necesidad de que los gobierno subnacionales tengas claramente especificado su funcionamiento en base a la responsabilidad fiscal. “Esto es relevante, porque distintas experiencias internacionales muestran que los gobiernos subnacionales en ocasiones han sido causantes de insostenibilidad fiscal agregada”, se lee en el escrito.

Ante esto, el consejo plantea que se establezcan criterios claros sobre la capacidad de endeudamiento de las administraciones independientes del gobierno central. “La ley establecerá un límite máximo de endeudamiento para cada gobierno subnacional como proporción de sus ingresos propios; y que no habrá rescates del gobierno central”, añadió el CFA.

Desde el consejo asimismo reiteraron que la responsabilidad fiscal no solamente se logra incluyendo como un principio en la Constitución. Ante esto, el CFA llamó a consignar una serie de medidas que refuercen dicho tema como que, dentro de lo indicadores y metas relacionados con distintas dimensiones de las políticas públicas, se incluya explícitamente la sostenibilidad en el gasto del Estado.

Mientras que, en base al artículo 80 de iniciativa presidencial exclusiva de gasto para proyectos de ley sobre la administración financiera o presupuestaria del Estado, el CFA sugirió añadir que se detalle que, en base a experiencia del pasado, no debiera existir la posibilidad de declarar la admisibilidad sobre materias de iniciativa exclusiva del presidente por votación del Congreso.

En esa línea, el CFA dijo que se debe reforzar dicha idea cerrando la posibilidad a que el Congreso apruebe proyectos que se generen un “gasto indirecto”. “Puede terminar usándose como una forma de erosionar la iniciativa exclusiva presidencial en materia de gasto, pues generará discusiones sobre qué es un gasto directo o indirecto”, señaló.

Otra de las recomendaciones son que, las iniciativas popular de ley no debieran incluir materias de iniciativa presidencial exclusiva y que el Presidente de la República debiera poder presentar ante la Corte Constitucional un requerimiento sobre si una moción o indicación parlamentaria vulnera la iniciativa presidencial exclusiva.

Por otro lado, el texto de recomendaciones del CFA planteó cerrarle la puerta a que, por vía judicial, el Estado tenga que incurrir en un mayor gasto para dar cumplimiento a demandas en base a incumplimiento de la satisfacción de derechos sociales.

Con respecto al futuro del CFA en la nueva Constitución, el consejo estimo que la obligación de contar, al menos, con informes de impacto regulatorio y de gasto fiscal para todo proyecto de ley, ya sea originado por mensaje del Ejecutivo o por moción del Legislativo, podría dar paso a la duplicidad de funciones con ellos y también la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad”

“El consejo recomienda tener una visión sistémica respecto de las distintas instituciones públicas que contribuyen en la generación de información y apoyo técnico para las políticas y finanzas públicas, considerando que todas ellas pueden coexistir con una debida identificación de sus funciones y un fortalecimiento para desarrollar su labor de manera eficaz”, dijo el CFA en la base que se pretende crear la Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas y de Impacto Regulatorio.

Por último, el CFA también sugiere incluir que las empresas públicas también se guiarán bajo el mandato de responsabilidad fiscal de la mano de la transparencia de su funcionamiento facilidades para monitorear su actuar.