El sector energético está pasando por un momento de alta tensión. Los problemas que atraviesan las renovables en materia financiera, la complicación del proyecto de ley ingresado en el Senado para paliar en parte su situación y poner en marcha una licitación de baterías, la oposición de actores de energías tradicionales a estos cambios, la eventual alza de las tarifas de la luz y las guerrillas entre actores por los precios del carbón, tienen al sector en un momento de tensión que no se había vivido desde hace bastantes años.

Cartas, columnas de opinión, chats incendiarios, declaraciones en redes sociales y minutas que van y vienen han encendido el ambiente, dejando de manifiesto la existencia de varios nudos en el sector.

El punto es que esta tensión en los próximos días traspasará las fronteras y se trasladará a Londres. El jueves 14 de septiembre, en el corazón de Westminster, en el centro de eventos Church House, en el marco del segundo día del Chile Day, se llevará a cabo un panel dedicado exclusivamente al tema energético, el que contará con la presentación del ministro de Energía, Diego Pardow, quien explicará el Proyecto de Ley de Transición Energética que busca promover el almacenamiento en la red eléctrica y corregir distorsiones en la asignación de ingresos tarifarios, y que es el mecanismo que el ministerio estima que puede ayudar a solucionar la crisis de las renovables. Ambos temas han traído más polémica a la discusión que se está dando en el Senado, porque la asignación de ingresos tarifarios sería traspasada finalmente al consumidor.

El tema se complejizó más luego del “error de la CNE”, entidad que publicó la semana pasada un informe preliminar de un nuevo Informe Técnico Preliminar de Fijación de Precios de Nudo, correspondiente al primer semestre de 2023, que mostraba incrementos que estarían entre el 12% y el 48%.

El ministro de Energía aclaró luego que la CNE había cometido un error en los cálculos y que mientras no salga el decreto no se puede hablar de alzas tarifarias: la repartición convocó a expertos de Valgesta para que propongan mecanismos para mitigar las alzas. También fichó al académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, para que estudie y explore un posible instrumento de focalización que logre aminore los aumentos de tarifas.

El nudo principal de todo esto es que cualquier acuerdo pasa por recursos y éstos son escasos. Ante ello, en el marco del Chile Day se dará la instancia de conversación más profunda entre el ministro Pardow y su par de Hacienda, Mario Marcel.

Los dos ministros seguirán las conversaciones y se espera que aúnen posiciones para tener una sola postura respecto al tema tarifario durante septiembre, el que implicaría el desembolso de recursos de parte de Hacienda. Esto permitiría bajar la tensión al tema de los decretos tarifarios, así como dar un apoyo al proyecto de ley, que también traería aparejadas alzas. Según cálculos de especialistas, dependiendo del mecanismo que se acuerde, estos desembolsos podrían alcanzar entre US$ 200 millones y US$ 400 millones. Es un monto alto, pero el gobierno sabe que un alza en las cuentas de la luz tendría, también, un costo político altísimo.

Pero otro de los acontecimientos que tiene al sector expectante es lo que sucederá después de la presentación de Pardow, en el panel del Chile Day que lleva como título: “Entendiendo el problema de la industria energética”, donde se verán las caras Colbún y Acciona, dos actores del sector que representan a las empresas de energía tradicional y a las renovables y que, en las últimas semanas, han estado enfrascadas en una dura polémica, no sólo por la crítica a título personal que hizo el vicepresidente y miembro de la familia controladora de Colbún, Bernardo Larraín, al proyecto de ley del gobierno; sino también porque en los últimos días, Acciona inició una arremetida en contra de la empresa del grupo Matte, a la que acusa de una eventual manipulación de precios del carbón, además de poner presión al Coordinador Eléctrico para que realice una auditoría a la central Nehuenco.

La expectación es alta porque se prevé que las renovables y convencionales midan fuerzas en el centro financiero de Europa, lugar hasta donde llegarán varios inversionistas que observan con lupa lo que sucede en el mundo renovable, donde han invertido varios millones de dólares y donde ya varias compañías han mostrado el difícil trance financiero que atraviesan.

Consultados sobre el evento, Colbún señaló que su presidente, Hernán Rodríguez, fue el encargado de organizar el panel titulado: “Entendiendo el problema de la industria energética”, en su calidad de director de Inbest Chile.

Hernán Rodríguez explica que el objetivo del Panel es abordar los desafíos que implica la transición energética. “Esta transición nos obliga a pensar continuamente en cuáles son las mejores condiciones regulatorias para seguir avanzando en la consolidación de las energías renovables, junto al almacenamiento y, a la vez, preservar la seguridad del servicio eléctrico, reducir sus emisiones y garantizar la operación más económica del sistema. Toda actualización normativa debe hacerse con el respaldo de sólidos fundamentos técnicos y un sentido de realidad que permita ponderar los desafíos, sin caer en voluntarismos o consignas, preservando los principios de seguridad y operación económica del sistema, manteniendo señales de inversión claras, estables y transparentes y donde siempre se vele por el interés general de los consumidores y del país”, señala Hernán Rodríguez.

En este panel, que será moderado por Randolph Brazier, global head clean power systems de HSBC, participarán Bernardo Larraín, de Colbún, y el CEO de Acciona Energía, el español Rafael Mateo.

Se prevé que el panel energético esté “electrizado”, que sea tenso. Bernardo Larraín y Rafael Mateo son viejos conocidos, coincidieron en el directorio de HidroAysén cuando estaba aún con vida el proyecto, liderado por Colbún y Endesa. En esa época, Acciona, firma liderada por José Manuel Entrecanales, tomó el control de Endesa España y, por ende, Endesa Chile. Ahí el empresario conoció a Mateo, a quien no dudó en llevarse a Acciona tras vender Endesa España a la italiana Enel.

Quienes participaron de esos directorios comentan que Mateo y Larraín tenían roces por las distintas visiones que existían en cómo abordar el proyecto para que pudiera ser validado por la sociedad y por el gobierno. Ante eso, indican que si Bernardo Larraín insiste en criticar el proyecto de ley del gobierno como lo ha hecho a través de entrevistas, cartas y columnas, Mateo no tendrá problema en contraatacar.

Desde Acciona Energía señalan que su CEO planteará la importancia que tiene para Chile garantizar la viabilidad del proceso de transición energética, que requiere acelerar el proceso de descarbonización al 2030 y acordar un nuevo marco regulatorio que genere las condiciones habilitantes para un desarrollo sostenible del sector. “La ley del sector eléctrico chileno, diseñada hace más de 40 años para un modelo hidrotérmico con muy pocos actores, ha quedado desfasada para conseguir el compromiso internacional asumido por Chile de alcanzar la neutralidad en carbono para el año 2050, en un nuevo modelo de sistema eléctrico basado en energías renovables”, señalaron.

Dependiendo de cómo se lleve el debate, el ministro Pardow también podría salir en defensa del proyecto de ley. Fuentes cercanas indican que lo ha estado socializando con todas las compañías, que a todas les ha señalado que es la alternativa menos dañina para todos. Les ha indicado que las otras propuestas hechas por las renovables en la denominada “carta de las 9″ o bien la que ha planteado Cerro Dominador, que pide un cambio mucho más radical, sí les golpearían el bolsillo.

A este Chile Day también el sector llega en medio de una otra batalla que se ha generado en torno al carbón, tanto entre empresas de energía tradicional como entre éstas y las renovables. A fines de julio, Enel envió al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) una carta en la que pidió investigar a AES por una eventual manipulación de precios del carbón, lo que luego fue descartado por el CEN.

Mientras eso sucedía, Acciona Energía levantó el mismo argumento, apuntando eso sí sus dardos contra la central termoeléctrica Santa María, de Colbún. En una carta firmada por su gerente general, Miguel Arrarás, solicitó al CEN una revisión de las declaraciones realizadas por parte de la central termoeléctrica Santa María en comparación con las presentadas por otras empresas del sector. “Si producto de los análisis solicitados se detectasen incumplimientos a la normativa vigente o necesidades de cambios regulatorios, le solicitamos que estos sean informados a los organismos que corresponda”, indicó en la misiva.

En paralelo a los precios del carbón, Acciona también inició una ofensiva por la auditoría de Nehuenco. Esta historia se arrastra desde el 8 de octubre de 2022, cuando Colbún informó al CEN que Nehuenco tenía limitaciones técnicas para cambiar los parámetros de partida y detención de las unidades I y II. Estas limitaciones impiden que las máquinas de Nehuenco puedan partir y detenerse las veces que se requiera y, por lo tanto, deben estar operando de manera forzada lo que -a juicio de Acciona- le quita espacio a la producción de energía renovable y también les suma sobrecostos a todos los operadores del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Tras analizar los estudios de Colbún, el CEN respondió el 28 de abril que no existiendo claridad sobre las limitaciones técnicas, por falta de información, y no contando con los antecedentes de respaldo específico que provengan del fabricante de la unidad, que justifiquen los valores declarados por Colbún respecto al número de partidas y de horas de operación, se haría una auditoría técnica para revisar y validar las restricciones. Esta se llevaría a cabo durante el primer semestre.

Ese mismo día, la empresa de energías renovables, Hidrolircay, ingresó al CEN una carta indicando que se dejara sin efecto las limitaciones sobre el complejo Nehuenco y se reliquidaran los balances de transferencia, lo cual implicaría un retorno de recursos a los actores del sistema.

El 3 de agosto el Coordinador inició la licitación, dos días después Colbún informaba de un siniestro en Nehuenco I, ante lo cual debió iniciar un proceso de mantenimiento hasta el 18 de diciembre de este año.

Entre medio, la generadora de energía renovable Pelícano Solar Company envió una carta al CEN diciendo que las auditoras propuestas tenían contratos con Colbún, lo cual podría generar un potencial conflicto de interés. El 21 de agosto el CEN declaró desierta la licitación, fundamentando eso sí su decisión en el siniestro de Nehuenco.

Fue en esa instancia que Acciona ingresó al debate. El 29 de agosto envió una carta al CEN indicando que la auditoría era de altísima importancia para todos los agentes del mercado, debido a que los resultados de ésta podrían provocar cambios significativos en las restricciones operacionales informadas por Colbún, “lo que podría tener un importante efecto sobre el despacho económico de todo el parque generador del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), y en particular, podría tener efectos en la cantidad de energía y los precios con los que se despacharían las unidades de generación renovable no convencional, así como también podría tener impactos significativos sobre los pagos laterales que actualmente asumen los clientes libres y los suministradores de los clientes regulados”, indica la misiva.

Esta semana, las renovables iniciaron una nueva ofensiva. Acciona ingresó una nueva carta en la que cuantifica los eventuales sobreprecios que el sistema estaría pagando por la inflexibilidad de las operaciones de Nehuenco. En una misiva con duros términos hacia el Coordinador Eléctrico Nacional, donde lo acusa de poca celeridad, señala que “entre octubre de 2022 y julio de 2023 el impacto económico de las restricciones operativas y las operaciones a Mínimo Técnico de las Unidades I y II de la Central Nehuenco alcanzan un monto total del orden de US$ 67 millones, por lo que cualquier acción de mejora que se determine con motivo de la auditoría tendrá efectos significativos sobre los costos que actualmente asumen quienes se hacen cargos de los pagos laterales”.

Agrega la firma que estos pagos están siendo asumidos por los clientes libres en aproximadamente US$41 millones y por las empresas de generación que suministran energía a los clientes regulados, que han tenido que asumir aproximadamente el pago de US$26 millones.

Con toda esta carga de beligerancia, se verán las caras quienes representan el rostro de las empresas en disputa: tradicionales y renovables. El choque dependerá de cuánta artillería estén disponibles a usar en el que será un acalorado debate.