El gobierno avanza en la negociación con los senadores de la comisión de Minería y Energía para diseñar lo que sería el tercer mecanismo de estabilización de tarifas eléctricas en cerca de cuatro años. El primero se implementó en 2019, en medio de la crisis social iniciada en octubre de ese año, y luego en 2021, en medio de la pandemia. El primero, por US$1.350 millones, y el segundo, por US$1.800 millones.

Claudio Seebach, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, el gremio que reúne a las principales empresas de generación eléctrica del país, pone la pelota al piso en medio de la nueva discusión.

“Lo que corresponde es que no se impute nuevamente a un segmento, en particular la generación, costos de políticas públicas que corresponden al Estado. No corresponde que haya nuevos mecanismos de estabilización que usen el segmento de generación como fuente, porque esto tiene un efecto directo sobre la transición energética, porque interrumpe los flujos de pago, porque genera atrasos”, afirma, apuntando a que la demora del gobierno en poner en marcha los dos mecanismos existentes no permiten que los clientes vean los efectos positivos.

“Hubo una demora importante que generó una acumulación extraordinaria, y esto tiene tanto un impacto en los clientes, porque se acumula más fondo, y eso finalmente se traslada a tarifa, y porque las empresas de generación también tienen que poder normalizar su flujo en estos contratos. Tenemos que volver a normalizar la situación para que las empresas reciban los flujos de sus contratos y los clientes vean los efectos positivos de la estabilización de tarifas”, remarca.

¿Cuál considera como la principal razón para que los menores precios de las energías que se consiguieron en las últimas licitaciones no estén llegando finalmente a los consumidores?

Primero, es importante tener conciencia que como consecuencia de la crisis social de octubre de 2019, la industria se ha visto sometida ya a dos leyes de estabilización y que han interrumpido los flujos de pago, teniendo un enorme costo a la industria. Se estableció un primer fondo de US$1.350 millones, con un costo financiero asociado que lo tuvo que financiar la propia industria, y después un fondo de US$1.800 millones, que es el nuevo fondo,y de alguna manera, el contrafactual es que no fueron traspasados a tarifa en aquel momento los costos que debiesen haber subido. Entonces, las empresas tomaron la carga y vieron interrumpido su flujo y de hecho eso tuvo un impacto en el financiamiento de nuevos proyectos de energías renovables. Ahora, si además a eso le sumamos que los contratos de largo plazo que tienen las industrias, producto de la pandemia, la sequía, todo el aumento de costo de combustible de los importados por la invasión de Ucrania, se estima un sobrecosto en todo este periodo de US$4.000 millones, que como son contratos regulados, no se trasladan al cliente final. Hoy día tenemos que repagar aquellas no alzas que debió haber habido en el año 2019 y por eso hoy día no estamos viendo esos precios que preguntas.

Estos fondos, ¿fueron insuficientes o en el momento en el que se crearon era imposible prever que las órdenes de magnitudes no iban a dar abasto?

Cuando se legisló había circunstancias extraordinarias, se promovió una ley de estabilización, pero lo que hoy día corresponde es que la política pública -ya no estamos en tiempos extraordinarios- solucione de una manera estructural la situación tarifaria. El segmento de generación no puede seguir siendo el soporte financiero de los costos de políticas públicas que correspondan al Estado. Cualquier aumento futuro deberá ser abordado por el Estado, ya sea con un subsidio focalizado, de aquellas personas que sean de menor ingreso, o, como se está hablando, o con algún mecanismo como un Fogape para las pymes.

El ministro Pardow planteó que es un problema que los precios no estén reflejando los costos de producir la energía, ¿Cómo ve ese reconocimiento?

Una de las virtudes que tenía hasta 2019 nuestro modelo energético es que los precios reflejen la producción de los bienes. Esa estabilización rompió con el paradigma de que los clientes finales, que son clientes regulados y están protegidos de los vaivenes de corto plazo, y que reciben un mix con lo que las empresas ofertan en el largo plazo. Con eso nos hemos ido en un camino que ha afectado y ha suspendido la cadena de pagos de la industria generadora, porque no han podido traspasar a tarifa lo que realmente les cuesta proveer estos bienes.

¿Cuál es entonces el nivel de urgencia de normalizar los precios?

La política de 2021 evitó alzas bruscas, pero con una lógica de focalización. Una política universal, como se hizo en 2019, es inviable e insostenible. Siempre dijimos que había que focalizar, que no todos los clientes podían recibir el mismo trato de estabilización. Y además, es una política pública, por lo tanto tiene que ser tomada por el Estado y tiene que dar soporte financiero a los más vulnerables, o a las pymes que tienen algún tipo de dificultad de acceso al financiamiento. Pero, entendiéndolo como una política pública que lo mire de una manera integral, que no mire no solamente la componente de energía, que mire la distribución y la transmisión. Todavía hay un arrastre de la ley de servicios básicos de la pandemia, que tuvo todo un programa de facilidades de pagos durante la pandemia.

Acciona defiende el proyecto de transición energética, y no lo ve como salvataje, sino como algo que permita aguantar, y el ministro ha defendido esta idea de que la propuesta evita internalizar el riesgo de que los contratos quiebren, ¿es correcto este análisis?

Lo primero es poner como línea respecto de la importancia del cumplimiento de los contratos. Chile tiene un mercado que ha basado su oferta donde hay un mercado abierto y competitivo para el largo plazo, por lo tanto es importante que esos contratos se cumplan. Cuando alguien plantea que en las reformas de fondo se analice la pertenencia de incorporar mecanismos de gestión de riesgos de congestión en esos contratos hacia adelante, eso es parte importante de completar el diseño de mercado chileno. Pero si es que se pretende incorporar una reasignación hoy sobre los contratos existentes, esto claramente no debe ser ni discriminatorio y debiera ser transitorio en la lógica de incorporar estos instrumentos hacia adelante, en los nuevos contratos, no en los existentes.

Las empresas que entraron al mercado chileno, todas evaluaron sus riesgos, y todas tienen que buscar maneras de solucionar sus riesgos, pero no hacer que la regulación se adapte a los riesgos que han enfrentado y que esto sea específicamente para evitar una situación particular.

En otras palabras, ¿Qué no sea un traje a la medida?

Hay que cuidar el sistema de contratos y la competencia en Chile. No porque haya empresas en problemas, que además son muy grandes y con espaldas financieras transnacionales, no tienen que hacerse responsables del cumplimiento de sus contratos. Cuando hay empresas que han salido del mercado de corto plazo, nosotros creemos que es muy importante que se desincentive el incumplimiento de contratos a clientes regulados. No puede ser que sean casi opciones de cumplimiento de contratos, en que una empresa decida ir y volver del mercado de corto plazo, porque esto le genera incertidumbre a todos los demás suministradores. En ese punto, en la ley de transición, pedimos que se establezca una sanción económica, definitivamente, para que se desincentive este análisis estratégico de no cumplir contratos.

La reasignación de ingresos tarifarios entonces, ¿no ayuda a desincentivar eso?

No, por lo que propone el proyecto en su redacción actual, es que formaliza la opción de entrada y salidas al mercado, y da una indemnización. No es bueno formalizar esta opción, porque cuando pasa eso, lo que era un contrato se transforma en una opción de contrato, lo cumplo cuando me conviene, y pasa a ser una acción estratégica. Por lo tanto, más que una indemnización por haber estado fuera del mercado de corto plazo, definitivamente debiera haber una sanción para no dar a la empresas una opción de análisis estratégico de si es mejor estar o no en el mercado de corto plazo. Cuando hay empresas que participan, que son grandes y tienen grupos de análisis, y presentan ofertas, esos contratos están siendo licitados por el Estado de Chile y es importante que esos contratos se cumplan.

También hay que decir que hoy día Chile tiene un mercado altamente competitivo; hay más de 30 empresas con contratos regulados. Después, hay cientos de empresas de pequeños medios de generación, que van casi en 3.000 MW, y hay centenas de empresas que son clientes libres, que son cerca del 60% del mercado eléctrico. Entonces, el mercado hoy es muy diverso, con empresas de muy distintos tamaños, y por lo tanto la transición energética en ningún caso está en riesgo porque haya algunas empresas en una situación compleja. Eso pasa en cualquier mercado y las empresas tienen que ser responsables de las licitaciones que toman, y así tiene que velar el Estado porque se cumplan estos contratos.