Clínica Las Condes: los balances que rechazaron los directores de los minoritarios

La Clínica Las Condes envió esta semana dos veces sus balances financieros al cierre del primer semestre. Lo que cambió en ambos fue una sola página: la declaración de responsabilidad en la que el directorio aprueba los estados financieros y se hacen responsables de su veracidad. En la primera versión, entregada el martes a la Comisión para el Mercado Financiero, tres de los ocho directores no habían firmado los balances: la vicepresidenta Paola Bruzzone y los dos electos por los minoritarios, el abogado Juan Enrique Allard y Christian Traeger. El viernes, CLC reenvió esa página. Ahora ya tenía la firma de Bruzzone. Y un comentario manuscrito que detallaba que Allard y Traeger habían rechazado los estados financieros. Fue la confirmación de una suspicacia que se levantó en la semana.

CLC reportó el martes ganancias por $ 14.831 millones entre enero y junio. En el mismo período del año previo había perdido $ 10.297 millones. El vuelco a favor insufló optimismo en la empresa que preside el polémico Alejandro Gil y CLC pagó al día siguiente una inserción en la prensa en la que destacó sus “buenos resultados” y resumió los “estados financieros auditados” al 30 de junio. Aquellos balances, sin embargo, fueron en realidad objeto de una revisión limitada y no una auditoría propiamente tal, un análisis que muchos más procedimientos, que se realiza en los balances anuales de cada ejercicio y que sí exige una opinión formal de la auditora a cargo.

En el rechazo de Allard y Traeger a los balances de CLC, dicen quienes conocen el conflicto, subyacen reparos a dos asuntos. El primero, considerar las cuentas por cobrar como ingresos. El segundo, no haber realizado provisiones por esas acreencias.

Otro llamado de atención fue una prevención anotada en el reporte por la auditora Deloitte, a cargo de la revisión. Ahí, la profesional Patricia Zuanic, hizo “énfasis en un asunto”: las cuentas por cobrar a Fonasa. CLC exige al Estado el pago de $ 37 mil millones por atenciones prestadas a sus beneficiarios durante la pandemia y, por esa razón, presentaron el 29 de junio, un día antes del fin del primer semestre, una demanda de indemnización de perjuicios que incluye esas cuentas por cobrar.

La pandemia llevó al gobierno a decretar el estado de excepción constitucional, intervino la red privada de salud y fijó el precio máximo por las prestaciones derivadas del Covid. Fue el 13 de abril, bajo el mando del entonces ministro Jaime Mañalich, exgerente general de Clínica Las Condes. El Estado, determinó la resolución exenta 258, fijó como el valor máximo a pagar el equivalente a los precios GRD (Grupo Relacionado a Diagnóstico), una tarifa que el Estado licita regularmente para atender a pacientes Fonasa en la red de prestadores privados. Esos valores, según CLC, equivalen a entre el 30% y el 50% del precio que cobra regularmente a sus pacientes y la mitad de lo establecido en la Ley de Urgencias. La empresa asegura que los precios GRD habían sido fijados en una licitación de 2018 para atender pacientes Fonasa en la que CLC no participó. Y que, por lo tanto, sin tener convenios vigentes, esa fijación no la obliga a aceptar esos precios.

CLC, sin embargo, es la única entidad que se negó a aceptar el pago del Estado por esa vía bajo la pandemia. Una exautoridad recuerda que otras clínicas privadas que tampoco estaban inscritas en la modalidad GRD antes de la pandemia sí aceptaron esos montos, firmaron los documentos y están recibiendo los dineros: la Clínica Alemana, Indisa y Santa María. Y aunque todas, como anotó Indisa en sus balances de 2020, sufrieron por el efecto GRD “perjuicios financieros”, ninguna adoptó la estrategia confrontacional de CLC. En enero, cuando CLC anticipó que iría a tribunales, el director de Fonasa recordaba que 71 clínicas de todo el país habían firmado los convenios y que solo CLC, que recibió en julio el contrato, no lo había hecho.

Una cuenta por cobrar es un servicio efectivamente prestado, pero que no ha sido pagado. En los balances de una empresa, explica un especialista, el valor de ese servicio se contabiliza en dos partes: en los ingresos operacionales (porque es una venta) y en los activos de la empresa, ya sea como cuenta por cobrar. CLC emitió este año cuatro facturas a Fonasa por las atenciones realizadas bajo pandemia. Las dos primeras fueron emitidas en enero, por casi $ 17 mil millones. La tercera, en mayo, por $ 6.204 millones. Y la última, el 25 de junio, por $ 7.469 millones. Fonasa, sin embargo, impugnó todas las facturas, por “reclamo total de falta de mercaderías” y por los montos de los servicios prestados, detalla CLC en su demanda.

La demanda reclama indemnizaciones equivalentes a esos $ 30 mil millones en atenciones, más $ 5.295 millones en perjuicios por no poder realizar cirugías electivas y casi $ 2.000 millones por inversiones y costos extraordinarios que debió realizar para cumplir con las exigencias de la autoridad. Y aún faltaría, dice CLC en su acción judicial, cobrar servicios a pacientes atendidos no facturados. “El Fisco no obstante reconocer su obligación de pago, ha incumplido con el pago de las atenciones de salud que requirió”, dice la demanda, que asegura que CLC tiene “la tasa de mortalidad más baja de toda la Región Metropolitana”.

Controlada desde fines de 2019 por Cecilia Karlezi con el 50,05% de las acciones, CLC opera 228 mil metros cuadrados, tiene 336 camas, 28 pabellones quirúrgicos y 250 consultas médicas, una dotación de 3.188 personas y una alta penetración en el segmento ABC1-C2, describe la misma clínica.

Los abogados del fisco están ahora preparando su respuesta y tienen hasta la próxima semana para presentarla. “El Consejo de Defensa del Estado responderá, dentro del plazo legal que se ha señalado, sobre la decisión adoptada en este caso”, respondió el presidente del CDE, Juan Peribonio.

Una de las objeciones de los directores de los minoritarios se relaciona con las provisiones, una reserva de dinero para solventar obligaciones o contingencias futuras. Creen que CLC debió provisionar parte de las cuentas por cobrar a Fonasa, dada la probabilidad de no recibir el pago completo que la empresa reclama. Pero en sus balances, CLC decidió no hacerlo. Lo dejó escrito Deloitte en una nota al comienzo de los estados financieros y en la que describe que CLC no realizó provisiones por riesgo de pérdida de los dineros que adeuda Fonasa, “basado en la estimación de éxito de estas acciones, de acuerdo al análisis jurídico efectuado por su administración y los asesores legales”. Para ello, la auditora consultó la opinión del abogado Sebastián Odó, quien representa a CLC en la demanda.

Según otros directores de empresas consultados, las mesas suelen confiar en la opinión de sus abogados y realizar una provisión cuando está partiendo el juicio podía debilitar la posición legal de CLC: sería admitir en sus balances de alguna manera que la tarifa de Fonasa es la correcta. Otros creen que la ofensiva legal tiene escaso futuro: el Estado tiene las atribuciones para hacer lo que hizo en una pandemia como la que sacudió al mundo y los tribunales, probablemente, terminarán dándole la razón.

Pero la segunda discusión refiere a otra pregunta. ¿A qué valor contabilizó CLC las cuentas por cobrar a Fonasa? No hay alusión a ello en los balances, pero sí un antecedente que permite presumirlo. En su demanda, CLC detalla que los $ 30 mil millones facturados por la pandemia a Fonasa este año corresponden a $ 14 mil millones a los valores CLC y $ 16 mil millones, a precios de la Ley de Urgencia. Y como la misma empresa detalló, esos valores son el doble de los precios GRD que Fonasa está dispuesta a pagar. Por ello, algunos especialistas creen que la empresa debería haber contabilizado ese monto de modo conservador y prudencial, al precio que Fonasa está dispuesta a pagar y no al precio que CLC cree que debe recibir. El problema es que haber hecho eso podría haber borrado la totalidad de las ganancias de CLC de sus estados financieros del primer semestre. Si todo fue contabilizado en sus estados financieros a los valores hoy judicializados, CLC se arriesga a tener millonarias pérdidas si termina perdiendo el juicio, lo que se sabrá recién en un par de años, estima un abogado.

Un exejecutivo de CLC recuerda otro precedente: a inicios de 2017 la Clínica Las Condes ya tuvo problemas por la contabilización de las cuentas por cobrar y, tras un análisis contable de PwC, asumió una disminución patrimonial de $ 7.100 millones. Entre otras cosas, porque la empresa contabilizó en exceso las cuentas por cobrar al sistema público en unos $ 2.500 millones. Las diferencias de arrastre en la contabilidad, que CLC arrastraba desde 2008, afectaron los balances de 2017, ejercicio en el que CLC finalmente sufrió pérdidas por casi $ 11 mil millones (ver infografía).

La evolución de las cuentas por cobrar de CLC está muy contaminada por el efecto Fonasa. Si en los últimos tres años esa cifra rondaba los $ 100 mil millones, por los dineros que adeuda el Fisco ese monto se disparó a casi $ 150 mil millones, más que todos los ingresos de CLC del primer semestre (ver infografía). El análisis más puntilloso de los balances devela otro problema: las prefacturas y cargos por facturar (en esa situación estarían las facturas que CLC emitió, pero que Fonasa rechazó) saltaron en junio de 2021 a $ 116 mil millones, casi el doble de los $ 62 mil de junio de 2020. Y un tercio del monto total tiene una antigüedad superior a un año. CLC no respondió las preguntas de Pulso.

La CMF ya puso sus ojos en los estados financieros de CLC y sus equipos están revisando los balances, más allá de la precisión sobre el voto de los directores exigida esta semana a CLC. De su análisis dependerá, creen especialistas, que CLC mantenga las abultadas ganancias reportadas a junio de 2021. O las reduzca sustancialmente.