Una carta fue lo que enviaron este viernes el presidente de Clínicas de Chile, Gonzalo Grebe; y el vicepresidente ejecutivo del gremio que agrupa a 40 de los principales prestadores privados de salud, Javier Fuenzalida; al Presidente Gabriel Boric, para “exponer y hacer presente la creciente preocupación por la situación de los pacientes que atendemos y la que afecta a nuestro gremio”, comienza señalando la misiva.
Allí se refieren al fallo que dictó el 30 de noviembre la Corte Suprema, el que ordena a las isapres aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso y cuya implementación le corresponde a la Superintendencia de Salud.
Ese fallo, a juicio del gremio que está compuesto por clínicas que aportan el 70% de las camas del sector, “es un nuevo síntoma de la crítica situación del financiamiento de la salud en Chile. Ello, deja en evidencia lo urgente que es contar con señales concretas que den certidumbre y estabilidad, de manera de no afectar a las personas y sus atenciones. Debemos avanzar, por fin, a establecer sistemas de salud sostenibles en el tiempo, que otorguen certezas y capacidad resolutiva para todos los chilenos y chilenas. Ello es vital para la población, la que no puede ver comprometida de manera alguna su acceso a la salud”, asegura la carta.
Ahí solicitan al Presidente que “se dispongan urgentemente las medidas que contengan un eventual colapso del sistema de financiamiento privado. El no hacerlo, afectaría nuestro funcionamiento y sostenibilidad, que hoy es vital tanto para el sistema de salud nacional, como para dar respuesta a los chilenos y chilenas (...) razón por la cual defendemos la existencia de un sistema de financiamiento sustentable que permita que sus atenciones no se vean impactadas”.
En la carta, recuerdan que “junto a la seguridad, la salud ha pasado a ser la segunda preocupación de las chilenas y chilenos, no esperemos a que se convierta en la primera”. También le piden al mandatario “concedernos una audiencia para exponer y compartir con usted la visión y situación del sector”.
La misiva argumenta que “el correcto funcionamiento del sistema privado de salud es clave e imprescindible para complementar el trabajo del sistema de salud público. Así ha sido históricamente demostrado y -con aún mayor claridad- durante los momentos álgidos de la pandemia por Covid-19. Por ello, no podemos continuar funcionando bajo una permanente amenaza de colapso en el sistema de isapres, ya que ello provocaría consecuencias catastróficas para los pacientes y para el funcionamiento del sistema de salud en general”.
También afirman que “un colapso del sistema de aseguramiento privado implicaría dificultades importantes en las atenciones de salud, ya que 3,3 millones de chilenos y chilenas afiliadas a isapres podrían quedar potencialmente sin cobertura”.
Asimismo, añaden que “en el evento que pudieran volver a asegurarse en otra isapre o en el sistema que se implemente, los adultos mayores y con preexistencias (entre ellos, diabéticos, hipertensos y con patologías crónicas) -que se han estimado en 1,4 millones de personas- enfrentarán serias dificultades para hacerlo, lo que resultaría dramático para las personas con diagnósticos activos y tratamientos en curso”.
Es bajo este escenario que dicen que “muchos afiliados de isapres estarían obligados a acudir al ya excedido sistema público. Ellos irían, en definitiva, a engrosar las actuales listas de espera, colapsando la atención de toda la población con consecuencias sanitarias gravísimas e insospechadas y que no podemos permitirnos como país”.
En paralelo, advirtieron que “frente a la insolvencia económica que enfrentarían las clínicas, millones de afiliados de Fonasa que se atienden en nuestras instituciones, verían en riesgo la continuidad de su atención. Más grave aún, ante un colapso total de las isapres, el 100% de los asegurados del sistema deberán ser traspasados al Fonasa, lo que afectará la continuidad de sus tratamientos en curso, con consecuencias muy perniciosas para la salud de las personas y la sobresaturación del sistema público”.
Adicionalmente, alertaron que “dada esta crisis y aporte que nuestra actividad significa para la salud nacional, nos preocupa poder mantener la continuidad de la operación del sistema prestador privado. En este sentido, los aseguradores -público y privados- mantienen niveles de deuda históricos que estimamos alcanzan los $860 mil millones, a noviembre de 2022″.
Frente a ello, mencionan que “a nuestro costo, hemos hecho esfuerzos enormes por mantener el funcionamiento del sistema, haciendo frente a importantes riesgos para el cobro de esas acreencias que podrían provocar un colapso de los asegurasdores privados. Más aún, y como hemos hecho presente, las garantías legales para la deuda de las isapres presentan diferencias y la liquidación de ellas resulta un proceso engorroso, lento y muy complejo”.
