La comisión mixta que votó el cuarto retiro de AFP y segundo anticipo de rentas vitalicias, aprobó una indicación que tiene en alerta a las compañías de seguros de cara a la votación que se hará del proyecto este viernes en sala de la Cámara de Diputados.
En este contexto, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) salió a analizar los potenciales efectos sobre el sector financiero y la solvencia de las compañías de seguros de vida, producto de las modificaciones que se hicieron esta semana al proyecto.
“De aprobarse la iniciativa legal, podría tener consecuencias complejas tanto para el sector financiero como, en particular, sobre las compañías de seguros de vida”, señaló la CMF mediante un comunicado.
Allí especificó respecto del sector financiero, que “un nuevo retiro de fondos de pensiones podría acentuar los aumentos de tasas de interés y restringir las posibilidades de las personas y empresas para acceder a nuevos créditos. Esto sería particularmente relevante para los créditos hipotecarios, en línea con lo ya observado en los últimos meses”.
Por otro lado, la CMF menciona que, como los parlamentarios ahora definieron que será el Estado el que financie el segundo préstamo de rentas vitalicias, y no las aseguradoras, esto “no afectaría, en lo fundamental, los contratos existentes de los pensionados con las compañías de seguros de vida”.
Sin embargo, el regulador comenta que “la eventual modificación del mecanismo utilizado para el primer anticipo tendría un impacto patrimonial directo y relevante en las compañías de seguros de vida, debilitando su solvencia y, por tanto, poniendo en riesgo la oferta y los pagos de los millones de seguros que se ofrecen en nuestro país”.
A lo que se refiere ahí la CMF, es que se agregó una indicación que establece que, de forma retroactiva, los pensionados por renta vitalicia que hicieron el primer anticipo, una vez que hayan devuelto todo el saldo retirado, puedan volver a tener el monto inicial que recibían de pensión previo al retiro. Es decir, que la baja de la pensión no sea permanente para quienes pidieron el primer anticipo.
Al respecto, la CMF estimó que los costos de esta modificación preliminarmente serían de hasta US$ 814 millones, equivalentes a un 19% del patrimonio de las compañías de seguros de vida.
“Estas cifras corresponden a una actualización de las presentadas previamente por la Comisión con motivo de la discusión legislativa de la moción parlamentaria N° 14.235-07 que modificaba la fórmula de pago del primer anticipo. Dicha actualización obedece principalmente a los efectos de la variación del tipo de cambio”, señaló la CMF.
Es que esta idea que se aprobó no es nueva. En agosto, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó una moción que buscaba que las personas que hicieran el primer retiro en renta vitalicias no tengan una baja permanente en su pensión, sino que ésta sea transitoria. Sin embargo, la iniciativa fue votada a fines de septiembre en la Sala de la Cámara de Diputados y fue rechazada por no haber alcanzado el quórum requerido.
Durante la tramitación de ese proyecto, que fue rechazado hace dos meses, acudió a presentar la comisionada de la CMF, Bernardita Piedrabuena, entregando proyecciones de los efectos que generaría esta iniciativa.
En ese momento Piedrabuena señaló que con la ley que ya está en marcha, las aseguradoras han registrado una disminución de su reserva técnica en igual medida que disminuyen sus activos, pero comentó que “el patrimonio no sufre reducción alguna”.
Sin embargo, advirtió que de aprobarse esta nueva moción parlamentaria, sí habría un impacto en el patrimonio de las aseguradoras, que dependiendo de distintos escenarios, “podría ascender a un costo para las compañías de seguros, en cuanto a disminución de patrimonio, de entre US$319 millones a US$704 millones, dependiendo de cuál sea el patrón de retiro que se efectúe por los pensionados”.
Esa última cifra es la que ahora actualizó la CMF. El cálculo en esa ocasión se basaba en que el efecto patrimonial de US$319 millones se daría en el escenario base, esto es, asumiendo que, del total de potenciales solicitantes y descontadas las solicitudes ya realizadas al 24 de mayo de este año (US$1.010 millones), la mitad realiza el retiro.
En tanto, la afectación patrimonial de US$704 millones se daba en el escenario alternativo, donde se asume que, del total de potenciales solicitantes y descontadas las solicitudes ya realizadas al 24 de mayo (US$1.010 millones), el 100% realiza el retiro.
