Un nuevo caso de uso de información privilegiada remece al mercado chileno. Esta vez, el caso lo protagoniza el empresario Andrés Navarro, controlador y presidente de la tecnológica Sonda.

El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) decidió aplicar una multa de 6.000 UF, poco más de $210 millones, al reconocido empresario por infringir el deber de abstención, contenido en la Ley de Mercado de Valores, respecto a una operación que involucró la compra de acciones de Sonda por un monto que superó los $880 millones.

El regulador afirma que el dueño de la compañía, “el señor Andrés Navarro, a través de Inversiones Santa Isabel Limitada, de la cual es socio y representante legal, en conocimiento de información privilegiada, adquirida en su carácter de director de Sonda S.A., igualmente compró acciones de esa sociedad, a la cual se refería la información privilegiada”.

En una resolución exenta fechada el 23 de diciembre pasado, el Consejo del organismo que vela por el correcto funcionamiento del mercado financiero en Chile, detalla que el empresario infringió el artículo 165 del inciso 1° parte final de la Ley 18.045.

El caso se remonta a una operación anunciada por la compañía a través de un hecho esencial reservado, enviado a la CMF, con fecha 17 de diciembre de 2021, “mediante el que la sociedad Sonda S.A. informó respecto de una eventual venta de participaciones societarias mantenidas a través de sus filiales Sonda Filiales Chile Limitada y Sonda México”.

Dicho antecedente llevó a que la División de Supervisión de Abusos de Mercado e Infraestructura Financiera (DSAMIF) informara a la Unidad de Investigación de la CMF sobre “un potencial caso de infracción” al referido artículo.

Con ello, ya en marzo de 2022 se inició la investigación, la que estableció, entre otros hechos, que durante la vigencia del hecho reservado se realizaron dos operaciones, los días 28 de enero y 3 de marzo, en las cuales la sociedad Inversiones Santa Isabel Ltda., compró 2.388.000 acciones Sonda por un monto total de $799.899.309; y 297.309 acciones Sonda, por un monto total de $80.273.430.

La operación se concretó a través de correos electrónicos enviados por el representante legal de Inversiones Santa Isabel, Christian Samsing -quien también fue director de la compañía tecnológica entre 2010 y 2017- a un ejecutivo de Banchile Corredores de Bolsa “confirmando instrucciones, que había entregado previamente en forma telefónica”. Más tarde, Samsing reconocería haber dado la orden en una declaración prestada el 5 de mayo ante funcionarios de la Unidad de Investigación de la CMF.

Incluso, el propio Andrés Navarro reconoció ante dichos funcionarios haber dado la instrucción de adquirir los papeles de la compañía. “Las personas que operaron, con independencia de la fecha, lo hicieron bajo instrucciones mías”, se lee en la resolución de la CMF.

En sus declaraciones ante el organismo, Navarro detalla que “un abogado me informó que una operación se hizo el mismo día que se había publicado la FECU, según el abogado esa transacción estaría dentro del período de bloqueo”, por lo que, tras conocer el hecho, “me reuní con la gente que trabaja conmigo para señalarles que se debían cumplir estos períodos, y que en esa ocasión se había cometido un error”.

El cese de la reseva de la información fue comunicada a la CMF recién el 7 de marzo, luego que no prosperaran las negociaciones para vender la participación de la matriz en sus filiales en Chile y México. Según el análisis de la CMF, de haberse concretado la transacción en el período ofertado, ello “se reflejaría en los estados financieros de Sonda una ganancia aproximada de US$16.000.000″.

Pese a lo anterior, la resolución de la CMF aclara que “dado que (...) no se han efectuado ventas de las acciones adquiridas, no ha sido posible determinar la obtención de un beneficio por parte del formulado de cargo”.

Así, los cargos contra el empresario fueron hechos de manera reservada el pasado 14 de septiembre. En su conclusión, el consejo de la CMF estimó que la infracción al deber de abstención " lesiona uno de los bienes jurídicos más preponderantes y celosamente resguardados por la regulación del mercado de valores, como son la transparencia, confianza, fiabilidad y equidad”.

Por su parte, el abogado que representa al empresario, Ramón Valdivieso, precisó que “desde hace dos años el family office de Andrés Navarro lleva a cabo una política de inversión en acciones de Sonda. Sin embargo, por un error involuntario, las últimas dos compras en 2022 se realizaron en un período de abstención para este tipo de operaciones. No se han controvertido estos hechos, han tomado las medidas de administración para que este error no se repita, y se pagará la multa correspondiente”.