Un correo electrónico envió este viernes isapre Colmena a sus afiliados para referirse a lo que aprobó esta semana el pleno de la Convención Constitucional, donde se establece un sistema nacional de salud de carácter “universal, público e integrado”, pasando al borrador de la nueva Carta Magna.

Ahí la isapre parte diciendo a sus afiliados que quieren compartir “información que nos parece relevante sobre la discusión constitucional en materia de salud en la Convención Constituyente”. Y recuerda que este martes se aprobó la creación de este sistema “de carácter universal y público, al que deberán pertenecer todos los chilenos”.

El correo agrega que este nuevo sistema “se financiará con rentas generales de la nación y la ley podrá establecer, para este fin, un cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores y trabajadores. Lo anterior significa que la ley podrá determinar que todo o parte de tu cotización de salud (actualmente, tu 7%) se destine al financiamiento de este sistema público”.

Es por esto que argumenta que “si deseas continuar con un seguro de salud privado que te brinde cobertura para atenderte en clínicas y prestadores privados de tu elección, probablemente deberás aportar dos veces: una para financiar de manera obligatoria el sistema público y otra para adquirir el seguro privado que elijas”.

El texto que envió la isapre añade que “en Colmena hemos estado, y estaremos siempre, disponibles para implementar cambios que permitan mejorar la salud de los chilenos. Con la misma convicción, creemos que todos nuestros afiliados deben seguir teniendo la posibilidad de elegir dónde destinar su cotización y dónde atender sus necesidades de salud”.

El correo generó polémica en Twitter, donde la convencional Bárbara Sepúlveda publicó: “Hoy a afiliados/as de la Isapre Colmena les llegó un correo infundiendo temor sobre el sistema único de salud que se aprobó en la Convención Constitucional. Es decir, abuso del uso de datos privados de sus clientes para enviarles opiniones políticas sesgadas por la defensa de sus ganancias”.

Por su parte, el coordinador de la comisión de Derechos Fundamentales, César Valenzuela (Colectivo Socialista), califica el correo como “una sinvergüenzura”. En esa línea, dice que “utilizar los datos personales y los recursos que provienen de los afiliados en hacer campaña por el rechazo, para defender sus intereses, es una sinvergüenzura”.

El convencional Bernardo Fontaine (Vamos por Chile) comenta: “Apoyé el derecho a la salud, pero hay dos cosas que me preocupan. Una, es que el pleno aprobó que todas las cotizaciones van a ir al Estado. ¿Y quién siente que el Estado nos da buena salud?”.

En segundo lugar, el convencional dice que “quedó pendiente la discusión si el sistema de salud va a incorporar o no a la medicina privada. Y resulta que hoy día, 6 millones de pacientes de Fonasa y 3,4 millones de las isapres se atienden en prestadores privados. ¿Qué les vamos a decir a ellos? ¿La Convención les va a prohibir elegir la medicina que más los cuida? ¿Qué sentido tendría eso?”.

La convencional Rocío Cantuarias (Vamos por Chile) cree que “con la norma aprobada por la CC, la cotización de salud se transforma en un impuesto (otro más..) que perjudicará principalmente a la clase media, la cual deberá entregar su 7% a un fondo común, y se deberá desembolsar dinero adicional si se quisiera tener más opciones en salud. Incluso puede ser que este derecho a la salud termine quedando peor de lo que está en esta norma al impedirse tener un seguro privado para sustituir la prestación del Estado, es decir, que ´lo que hace el Estado, no lo pueda hacer nadie más´, prohibición ya debatida y que volverá a discutirse pronto”.

La convencional agrega que “según lo que ya está aprobado, además, será un órgano público el que se encargará de la administración del conjunto de los fondos de este sistema público. Un órgano como el que hoy administra Fonasa, el Registro Civil o la Compin es el que se encargará de esto. Por último, con esta norma se acaba la elección, si algún usuario quisiera salir del sistema público, no podrá”.

Con todo, esta semana la Asociación de Isapres realizó una declaración luego de lo aprobado en la Convención. Ahí dijeron que la propuesta “termina con un derecho que hoy tiene la población y obliga a todos los cotizantes a destinar su 7% a un único sistema estatal, sin posibilidad de elegir cuándo, dónde ni con quién atenderse”.

Agregaron que “lo aprobado obliga a los más de tres millones de afiliados y pacientes a migrar al sistema público, con los conocidos problemas que éste tiene para responder a su carga actual, y que derivan en listas de espera que hoy mantienen a más de dos millones de personas aguardando consultas y cirugías”.

También dijeron que consideraban que “se ha tomado una definición riesgosa para las personas, que implica una transformación profunda del sistema, sin claridad de cómo será el proceso, la transición, los plazos ni de dónde se obtendrán los recursos necesarios. Pero lo más importante: sin ningún elemento que incorpore mejoras al sistema público, y sin certeza de qué pasará con los tratamientos de los miles de pacientes que hoy se atienden en el sector privado. En este contexto, lo aprobado es contrarío, incluso, a la opinión que han entregado diversos expertos en salud y exautoridades”.