Columna de Joaquín Vial: “Enami y los desafíos de Marcel”

En estos días el ministro Marcel lo debe estar pasando mal: tiene que conseguir apoyos para el pacto fiscal que el gobierno necesita financiar para llevar adelante piezas centrales de su programa, como la reforma de pensiones y el aumento de la PGU, entre otras. Sólo esta parte del programa cuesta más de US$5 mil millones al año, en régimen. No es poca cosa.

Justo en estos momentos, Enami, una empresa estatal que registró pérdidas cercanas a los US$80 millones el año pasado y que acaba de reportar otros US$50 millones en el primer semestre de este año, amén de acumular una deuda superior a los US$700 millones, ha decidido impulsar un proyecto para construir una “mega refinería” de cobre en el norte de Chile, con un costo que fuentes oficiales estiman en torno a los US$1.100 millones. Cabe notar que Cochilco evaluó el proyecto y determinó que tenía rentabilidad negativa.

Es decir, en momentos en que no hay dinero para financiar el aumento de la PGU, se propone gastar más de US$1.000 millones para perder dinero. Fíjense que si el Ministerio de Hacienda invirtiera ese monto en el mercado de capitales, posiblemente podría aspirar a tener un flujo anual permanente del orden de los US$30 millones. No es mucho comparado con lo que cuesta el aumento de la PGU, pero sería peor si gastara 1.100 millones ahora para después tener que financiar nuevas pérdidas de Enami.

El vicepresidente ejecutivo de Enami ha argumentado que, en realidad, ese cálculo no es correcto porque no corresponde a la rentabilidad “social” del proyecto. Esto requiere una explicación más detallada.

Cuando estudiaba Economía en la Universidad de Chile en los años 70, me enseñaron que la Evaluación Social de Proyectos era muy importante, porque había que cuidar los recursos fiscales, y una evaluación basada en precios de mercado muy distorsionados conducía a decisiones erróneas. En esa época el mercado de capitales casi no existía y las tasas de interés no reflejaban el costo de oportunidad del capital. El mercado cambiario también estaba seriamente distorsionado y las severas rigideces en el mercado de trabajo obligaban también a corregir los costos laborales. Para esto se usan “precios sociales” que apuntan a medir los verdaderos valores de esos recursos. Además de eso, había que tomar en cuenta externalidades que no se reflejaban en los precios, como podría ser la contaminación, por ejemplo.

Hoy los precios del capital, tipo de cambio y salarios presentan distorsiones de pequeña magnitud, especialmente si se las compara con las externalidades. Como bien saben los habitantes de Ventanas y otros vecinos de fundiciones públicas y privadas, estas generan severas externalidades negativas, las que deben ser tomadas en cuenta en la evaluación social. Por de pronto, no me cabe duda de que, para conseguir el apoyo de los vecinos a la construcción de la fundición, el Estado tendrá que desembolsar bastante dinero adicional para compensarlos. ¿Cuáles son las externalidades positivas que podrían justificar el proyecto, entonces?

En este caso, se alude a razones “estratégicas” debido a que sin fundición estatal las pequeñas y medianas empresas mineras tendrían que vender concentrados a fundiciones extranjeras, presumiblemente en China. Lo notable es que las grandes multinacionales que producen cobre en Chile hacen exactamente eso, a pesar de que tienen capitales y escala más que suficiente para abastecer varias fundiciones. No construyen una fundición porque no es un buen negocio y porque no dan peso a esas consideraciones estratégicas, a pesar de que es su capital el que está en riesgo. Parece poco creíble que quienes exhiben resultados financieros como los de Enami se preocupen por ese tipo de riesgos.

Una opción más barata y limpia sería facilitar que las empresas de la pequeña y mediana minería se organicen para exportar concentrados. De paso, aliviaríamos un poco la pesada tarea de avanzar en el pacto fiscal para financiar las verdaderas prioridades del gobierno. Mientras sigan apareciendo “elefantitos” públicos, que no sólo hay que comprar o construir, sino también “alimentar” cubriendo las pérdidas en su operación, va a ser difícil lograr acuerdos para aumentar impuestos.