Este martes la Comisión de Hacienda del Senado aprobó de forma unánime el proyecto que perfecciona y subsana algunos vacíos de la ley que reduce o elimina exenciones para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), aprobada en enero de este año.

Las modificaciones apuntan al artículo 10 de la Ley 21.420 respecto de una de las modificaciones de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. En particular, se precisa la entrada en vigencia de la eliminación del beneficio de crédito especial para las empresas constructoras.

La norma propuesta señala que dicho beneficio se eliminará a partir del 1 de enero del 2025, a diferencia del proyecto anterior que contemplaba, por error, su eliminación en ciertos casos a partir del 1 de abril del 2022.

Además, se reincorporó en la norma de término parcializado del beneficio a aquellas construcciones no habitacionales, pero con destino de beneficencia de instituciones tales como bomberos, Cruz Roja y JUNJI, entre otras. Así también, se sumó a las viviendas sociales reguladas en el DL Na2.552 de 1979, respecto de contratos de ampliación, modificación, reparación, mantenimiento y urbanización que no cuentan con contratos generales de construcción.

La subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, señaló que “estuvimos en conversaciones con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y otras asociaciones inmobiliarias y se mostraron conformes con las indicaciones que redactamos”. A ello, agregó que “nuestro gobierno busca ser parte de la solución con estas indicaciones presentadas, y es por eso que respetamos el espíritu inicial del proyecto que se aprobó durante la administración anterior y que busca mejorar las fuentes de financiamiento para las pensiones de las chilenas y chilenos”.

El próximo paso para el proyecto será su revisión en la Sala del Senado la semana del 30 de mayo.

Así también, la Comisión de Hacienda del Senado, respaldó por unanimidad los proyectos que ratifican distintos convenios para evitar la doble tributación internacional suscritos por Chile con Países Bajos, India y Emiratos Árabes Unidos.

En este sentido, la subsecretaria Sanhueza señaló que “respecto de estos tres convenios se han incorporado las recomendaciones efectuadas por la OCDE en 2017, en torno a la inclusión de medidas antiabuso, que son el resultado de un trabajo conjunto entre la OCDE y el G20, en un plan conocido como Proyecto BEPS, que busca impulsar acciones para prevenir la erosión fiscal y el traslado de beneficios. En términos generales, estas medidas buscan limitar los beneficios del convenio con el fin de que no puedan acceder personas que utilizan los convenios de forma artificial con el único propósito de acceder a las tasas rebajadas”.

Tras esta votación, la Sala del Senado deberá refrendar estos proyectos.