La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Los Lagos aprobó por mayoría de siete votos contra tres el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de un polémico proyecto de línea de transmisión de alta tensión que pretende llevar a cabo la empresa Transelec en la región, y que busca unir las subestaciones Tineo, situada en la localidad de Llanquihue, y Nueva Ancud, al norte de la isla de Chiloé.
El proyecto ha sido rechazado por comunidades chilotas, que consideran muy bajos los valores de compensación que ofrece la compañía, y además denuncian que se han incumplido los plazos legales de su trámite ambiental, que se ha incurrido en supuestos errores o omisiones, e incluso que se omitió la consulta indígena en el estudio presentado por Transmisora del Pacífico, una filial de Transelec.
En la reunión, realizada por videoconferencia, votaron a favor del proyecto la delegada subrogante Claudia Pailalef y los seremi de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Economía, Energía, Medio Ambiente y el representante del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Los que se opusieron fueron los seremi de Desarrollo Social, Agricultura y Salud.
El proyecto de tendido de energía de 500 kilovoltios (kV), que considera una inversión de US$107 millones, según su presentación ante el SEA, tendría dos circuitos con una capacidad de 1.500 MVA (megavoltamperios) que debieran atravesar por las comunas de Llanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt, Maullín, Calbuco y Ancud.
Su extensión aproximada sería de 95,94 kilómetros, a lo largo del cual se levantarían 251 torres, con una faja de servidumbre promedio de 50 metros de ancho. El trazado contempla 4,62 kilómetros de cruce aéreo del Canal de Chacao.
La iniciativa busca “dotar al sistema eléctrico del sur de Chile de mayor seguridad y continuidad en el servicio”, dijo la compañía en su EIA.
“Transelec valora la aprobación del proyecto Línea de Transmisión 2x500 kV Tineo- Nueva Ancud por parte de la Comisión de Evaluación de la Región de Los Lagos. Esta iniciativa, que forma parte del Plan de Expansión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), busca fortalecer, potenciar y otorgar mayor confiabilidad al sistema de transmisión eléctrica en el sur de Chile, conectar las energías renovables al mismo y robustecer la calidad del servicio eléctrico de la región ante la falta de una línea de respaldo, en especial en la Isla Grande de Chiloé, previendo fallas y futuros crecimientos de la demanda”, dijo la compañía esta tarde tras la decisión del Coeva.
El SEA había admitido a trámite el EIA del proyecto en octubre de 2020, en 2022 había rechazado una solicitud de invalidación de vecinos afectados y el pasado 13 de febrero presentó un Informe Consolidado de Evaluación Ambiental (ICE) en el que recomendaba la aprobación del proyecto, pues cumplía con la normativa y había subsanado las objeciones planteadas por el regulador.
“Tal como ha sido el sello de Transelec en los territorios donde opera, este proyecto desarrolló un exitoso proceso de participación ciudadana y relacionamiento comunitario de forma anticipada y durante la tramitación ambiental, logrando establecer relaciones de confianza, transparencia y cooperación con los vecinos. Además, la empresa realizó un proceso de consulta indígena con ocho comunidades que se traduce en importantes acuerdos”, agregó la declaración de Transelec de hoy.
Uno de los reclamos de los opositores al proyecto es que los jefes de servicios que debían votar hoy en el Coeva sólo tuvieron una semana para revisar previamente el ICE, que contaba con 3.200 páginas.
El abogado Eugenio San Román, representante de algunas comunidades de Chiloé, había dicho en días anteriores a La Nación que los vecinos solicitarían la “invalidación de todos y cada uno de los actos administrativos dictados dentro del procedimiento de evaluación ambiental y el procedimiento mismo, a partir del día 10 de febrero de 2022″.
En esa fecha se cumplieron los 120 días administrativos de plazo que establece la normativa para la evaluación de un Estudio de Impacto Ambiental, el que puede ser ampliado en 60 días, lo que se cumplió ya hace 10 meses, el 26 de julio de 2022. “Parece, al menos irregular, esta repentina celeridad para que los jefes de servicios y el gobernador aprueben, a través de una votación que, de efectuarse, estará en abierta contravención al principio de legalidad y juridicidad a que se refieren los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y al artículo 2 de la Ley 18.575 de bases de la Administración del Estado”, agregó San Román.
Sin embargo, en la ficha de evaluación del proyecto, aparece publicado que el plazo final de evaluación era el 8 de marzo de 2024.
