“No habiendo recibido su respuesta, en mi calidad de secretaria técnica del Comité de Ministros, me permito reiterar respetuosamente tenga a bien emitir el informe solicitado, en el plazo de 10 días hábiles, a contar de la notificación del presente”.

El párrafo forma parte del último oficio que envió el 27 de octubre de 2022, la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán al subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño en el que le solicitó informar sobre los recursos de reclamación interpuestos por opositores al proyecto Dominga, cuya inversión alcanza US$2.500 millones. Su respuesta es clave para que el Comité de Ministros someta a votación la iniciativa que ingresó a tramitación el 13 de septiembre de 2013.

Se trata de la quinta vez en el año que la jefa del Servicio de Evaluación Ambiental le pide al Ministerio del Medio Ambiente, informar sobre el megaproyecto minero de Andes Iron. En el primer oficio del 11 de mayo, Durán expresamente le solicitó a Proaño responder en un plazo no superior a 20 días hábiles. Desde esa fecha han pasado poco más de seis meses. El pasado 2 de junio, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas explicó que a finales del presente año se sometería a votación el proyecto.

Pero Dominga, no es el único proyecto pendiente de revisión en el Comité de Ministros. Según detalló el SEA a Pulso, a la fecha 13 iniciativas que suman una inversión de US$11.071 millones permanecen a la espera de ser sometidas a votación por parte de dicha entidad.

A la fecha, el único requerimiento de información respondido por el subsecretario del Medio Ambiente en el marco de un proyecto de inversión sometido a evaluación ante el Comité de Ministros es el que ocurrió el 4 de noviembre con el “Terminal GNL Penco Lirquén”, cuyo titular es GNL Penco y su inversión asciende a US$165 millones.

El Estudio de Impacto Ambiental de la iniciativa portuaria gasífera ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 23 de octubre de 2014.

Desde el inicio de la administración de Gabriel Boric, el Comité de Ministros se ha reunido en tres ocasiones. Los proyectos que han sido aprobados son: el trabajo de saneamiento de Las Salinas (US$55 millones) y un nuevo puente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (US $220 millones). Mientras que los rechazados son: un Centro de Manejo Ambiental Ñuble Sustentable (US$4,5 millones) y la iniciativa de gas natural denominada Andes LNG (US$650 millones).

Pulso contactó a abogados especialistas en derecho ambiental y la tramitación de proyectos de inversión.

Aldo Cardinali, socio de Morales & Besa sostuvo que “a lo largo de los años hemos visto que normalmente el Comité de Ministros se reúne al menos una vez al mes. Si bien llevamos ocho meses de la nueva administración, deberíamos haber tenido ocho reuniones. Eso tampoco está sucediendo y la administración no le está tomando el peso a la importancia que tienen para el país estos proyectos de inversión de manera sostenible. Hay una demora en la resolución de estos temas”.

Jorge Femenías, profesor UC añadió que “no existe ninguna justificación si es que es una mochila de arrastre o no, porque los órganos del Estado se ven obligados por los principios de eficacia y eficiencia. Me parece un poco pudoroso decir esto y no es una excusa”. “En nuestro país, existe una muy mala costumbre de dilatar los plazos de manera excesiva y que infringe cualquier principio de certeza jurídica y es transversal. Esto ha ocurrido durante los últimos 15 años y es transversal. Sea de izquierda o de derecha es inaceptable”.

Yordana Mehsen, counsel de Grupo Evans y fundadora de WeAre1 explicó que “más que imputar la demora a la agenda y planificación del MMA (la minoría de los proyectos depende de eso) es un problema que radica en cómo está diseñada nuestra institucionalidad ambiental en cuanto al sistema recursivo y la carga de trabajo de las diferentes instituciones. Los proyectos tardan en incluirse en la tabla del Comité de Ministros, pero luego transcurren meses antes de dictarse la resolución asociada al acuerdo porque el SEA tiene excesiva carga, dilatándose aún más el proceso luego en vía judicial... Debe fortalecerse un sistema en que se privilegie la instancia técnica más que política, evitando proliferación recursiva y demoras en instancias en las que tenemos que analizar realmente cumplen su propósito.”.

Consultado el Ministerio del Medio Ambiente por la demora en que ha incurrido en responder los oficios del SEA en la tramitación de proyectos de inversión en el Comité de Ministros, respondió:

“Primero, debemos comentar que varios de estos proyectos vienen de la administración anterior, por lo que se generó un rezago que fue heredado. Segundo, los pronunciamientos solicitados requieren un proceso de recolección de antecedentes extenso. Estamos realizando un trabajo exhaustivo de la preparación de las respuestas para todos los proyectos, que serán un aporte técnico en el proceso de decisión. Cabe considerar que los requerimientos son amplios temáticas y no son sobre aspectos acotados. Esto no ha generado retrasos en los pronunciamientos del Comité de Ministros. De todas formas, a la brevedad evacuaremos los informes requeridos”.

En particular sobre la situación de Dominga, agregó: “El Servicio de Evaluación Ambiental ha pedido pronunciamientos sobre aspectos complejos y amplios de un proyecto de inversión de larga data como lo es Dominga. Por ello, estamos realizando un trabajo exhaustivo de preparación de las respuestas, que serán robustas, y un aporte técnico en el proceso de análisis. El plazo de respuesta es el habitual para este tipo de iniciativas complejas. De todas formas, muy prontamente evacuaremos los informes requeridos”.