Una cartera con proyectos que suman US$11.873 millones están a la espera de ser evaluados por el Comité de Ministros del Presidente Boric, entidad encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrada por sus pares de Economía, Energía, Minería, Agricultura y Salud.

El Comité de Ministros es la última instancia administrativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ordenamiento jurídico que permite a los privados la tramitación de las iniciativas de inversión que buscan obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La entidad está a cargo de votar las reclamaciones que presentan tanto opositores, por lo general entidades ambientalistas, como también los titulares.

En carpeta están 14 proyectos de inversión, correspondiendo el 86% de ellos a los sectores de minería y energía. Aquí figuran grandes iniciativas que buscan su RCA y que en algunos casos acumulan largos años de tramitación ambiental en el SEIA, como por ejemplo Terminal GNL Penco-Lirquén, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ingresó a tramitación el 30 de octubre de 2014.

Los cinco mayores proyectos son: Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva Collahuasi (US$3.200 millones); Los Bronces Integrado (US$3.000 millones); Dominga (US$2.500 millones); Proyecto Desarrollo Los Bronces (US$1.000 millones) y Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (US$700 millones).

Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi ingresó a tramitación el 14 de enero de 2019 y el 21 de diciembre de 2021 obtuvo su RCA favorable, en un documento de 576 páginas y que lleva la firma del exdirector Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán Brucher, quien renunció a los pocos días del cambio de gobierno.

El segundo proyecto más relevante cuenta con una historia más reciente. La semana pasada AngloAmerican presentó un recurso de reclamación a fin de revertir la resolución de la Dirección Ejecutiva del SEA que declaró desfavorable el EIA del proyecto Los Bronces Integrado, manifestando reparos a la medición de la línea de base y una supuesta afectación a la salud de los habitantes de la Región Metropolitana.

AngloAmerican no sólo cuenta con esa iniciativa en tabla, también está el Proyecto Desarrollo Los Bronces. Se trata de un EIA que ingresó a evaluación ambiental el 5 de octubre de 2006 y cuya última reclamación fue presentada el 3 de febrero de 2022.

Por otro lado, está Dominga, de Andes Iron de la familia Délano, cuya propiedad podría cambiar luego que se conociera del interés de inversionistas chinos. El proyecto ha recibido el espaldarazo en dos ocasiones en tribunales, pero Boric en campaña se manifestó en contra de su construcción.

Consultados cuatro abogados especialistas en derecho ambiental, explicaron qué modificaciones debieran realizarse al actual funcionamiento del Comité de Ministros para mejorar el proceso de evaluación de inversión en el país.

“Hoy las competencias del Comité de Ministros están dadas por un triple marco jurídico. Por un lado, a partir de la escueta regulación dada en el artículo 20 de la Ley Nº 19.300 que regula aspectos marco referidos a su composición y funcionamiento general. A su vez, por la resolución exenta Nº 689 del 26 de mayo de 2016 del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental que fija su estatuto orgánico y funcionamiento, como también por fallos de la Corte Suprema que le reconocen amplísimas competencias que en la práctica refuerzan su carácter eminentemente político”, detalla Jorge Cash, jefe del área de Medio Ambiente de Elías Abogados.

“De este modo, si lo que se desea es relevar la variable técnica en los pronunciamientos del Comité de Ministros, lo razonable es atribuir responsabilidad administrativa a aquellos ministros que resuelvan abiertamente en contra de los pronunciamientos técnicos de los servicios que se encuentran bajo su dependencia, al mismo tiempo de dictar un reglamento que regule detalladamente su funcionamiento y atribuciones, limitando el desmedido alcance político que la Corte Suprema le ha reconocido de manera sostenida desde el año 2013″, acota.

Javier Naranjo, director de Jara Del Favero Abogados, sostiene que “lo ideal es que se elimine la mayor cantidad de etapas políticas de la evaluación de impacto ambiental y eso incluye al Comité de Ministros, como a la comisiones de evaluación de las regiones. De hecho, esa era la idea en el proyecto que buscó modernizar el SEIA y que no tuvo apoyo político suficiente. Ahora, dado que existe, tal vez es relevante hacer con la mayor publicidad posible las sesiones del comité y de esa manera poder corroborar, por cualquier interesado, que la decisión y debate fue técnico y de esa manera garantizar el correcto desempeño de la institucionalidad ambiental”.

“Si bien creo que debería eliminarse, ante la existencia y desempeño de los tribunales ambientales, para que primen contenidos técnicos en la decisión debería utilizar habitualmente su facultad de solicitar a terceros informes fundados con su opinión experta; segundo, cumplir con el plazo legal para resolver los recursos , publicar las actas en un plazo prudente y transmitir en streaming la sesiones del comité. Además, al igual que cómo se les solicita a las comisiones regionales de evaluación, cada ministro debería opinar en las materias que son competentes sus servicios y no que opinen de materias en las cuales no tienen competencias”, afirma Pablo Badenier, exministro del Medio Ambiente.

Por su parte, Yordana Mehsen, abogada, Of Counsel en Grupo Evans, plantea que “la existencia de sesiones de votación públicas, grabadas y transmitidas por streaming podría hacer más difícil la influencia política en las decisiones del Comité de Ministros, pues existiría mayor transparencia. En los hechos ocurre que el titular del proyecto y/o el reclamante se enteran por la prensa de la decisión del comité, lo que, entre otros, refleja la manera política en que funciona el mismo, privilegiándose la creación de noticia antes que una comunicación a los mismos involucrados en el procedimiento administrativo. Sin embargo, cualquiera sea el caso y aún con mayor transparencia, tratándose de un órgano político, evidentemente ese tinte se mantendrá en sus decisiones”.