“El cambio climático, la crisis climática, no es una invención. Está acá, genera efectos directos sobre nuestras vidas y también sobre las futuras generaciones (...) No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro Chile, que compran y destruyan a las comunidades. Y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico: no a Dominga”.

Las palabras que pronunció el Presidente Gabriel Boric el día de su amplio triunfo en las urnas, el 19 de diciembre de 2021, parecían sentenciar al polémico proyecto minero de Andes Iron, ubicado en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, que implica una inversión cercana a los US$2.500 millones.

Este miércoles, el Comité de Ministros refrendó la sensación que pesaba en torno a la iniciativa desde hace más de un año. La votación de la instancia rechazó en forma unánime -seis votos en contra y cero a favor- el enrevesado proyecto.

Según comunicó el Comité de Ministros, la instancia se pronunció sobre doce recursos de reclamación, de veintiséis en total, presentados por personas y organizaciones que se hicieron parte del proceso de participación ciudadana, en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Las reclamaciones presentadas estaban enfocadas principalmente en el estado de afectación e insuficiencia del área de influencia por cada especie. De hecho, la revisión del Comité de Ministros relevó las conclusiones técnicas de un análisis de fauna considerando su estado de conservación.

Tras estudiar los antecedentes técnicos y jurídicos, el ente colegiado estimó que, respecto al medio marino, no se entregó una adecuada determinación y justificación del área de influencia. Tampoco se realizó una adecuada línea de base.

“La consecuencia de ello es que el proyecto realiza una insuficiente predicción de impactos, lo que es necesario para establecer medidas de mitigación, compensación y reparación y planes de seguimiento idóneos”, señala el comunicado de prensa del Comité de Ministros.

El escrito agrega que no se consideró adecuadamente el impacto sobre las áreas protegidas -Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (Región Atacama y Coquimbo) y Reserva Marina Islas Choros y Damas (Región de Coquimbo)- ni sobre las especies que habitan dichas zonas.

Entre ellas destacan la ballena azul, la ballena fin, la ballena franca, la ballena jorobada, el cachalote, el delfín nariz de botella, el pingüino de Humboldt, el chungungo, el yunco, la fardela blanca.

Respecto a recursos marinos asociados a la pesca, el órgano colegiado determinó que “existe incerteza en el modelo utilizado para la predicción y evaluación de impactos y, en consecuencia, no se evaluó la real afectación a las áreas de manejo de recursos bentónicos, lo que pone en riesgo su productividad”, detalló el comunicado.

Respecto al agua, el proyecto minero no consideraría la condición más desfavorable en su modelación hidrogeológica. “Su diseño del sistema de reinyección no asegura una no afectación del recurso, tanto en disponibilidad y calidad”, especificó la instancia.

Finalmente, sobre la afectación al aire se plantea que “existe insuficiente línea de base para poder fundamentar la no significancia del aporte de material particulado, especialmente por no incluir las rutas de navegación”.

Tras la decisión, los ministros salieron a defender el rechazo al proyecto minero. En esa línea, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó la reciente creación del Comité Capital Natural, que busca guiar la preservación de la biodiversidad en el país con criterios económicos. Al respecto, aseguró que tras el rechazo de Dominga, ”lo que parece evidente es que existen muchísimas posibilidades para el desarrollo económico de esta comuna y esta región, basado en todos estos atributos ecológicos únicos que tiene el ecosistema del archipiélago de Humboldt”, dijo Rojas.

Rojas sostuvo que la determinación apunta a proteger la zona donde se emplazaría el puerto que contempla el proyecto Dominga, y que los antecedentes revisados por el órgano colegiado respaldan la decisión desde el punto de vista técnico.

“La evaluación se hizo en base a múltiples aspectos que tienen que ser evaluados, y junto a múltiples informes que fueron considerados. Así que es una evaluación que es bien robusta técnicamente. Se basa en múltiples líneas de evidencia, con una trazabilidad en el pasado del 2013 a la actualidad. Así que estamos seguros de que aquí se tomó una decisión robusta, trazable y basada en evidencia técnica”, afirmó la secretaria de Estado.

Por su parte, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, admitió los “rezagos y desafíos de empleo” que afecta a la comuna de La Higuera, pero aseguró que la determinación viene a acelerar los planes del Ejecutivo para la zona, como el plan anunciado para la zona del Quilimarí, que “involucra las comunas de Vicuña, Andacollo, La Higuera y Río hurtado”.

Según detalló Grau, se trata de un plan “que implica una inversión por un periodo de más de 8 años, que va a movilizar $580 mil millones. Más de 260 actividades de diversa índole como cobertura de servicios básicos, conectividad, caletas, infraestructura para efectos del agua rural”.

Por ello, el secretario de Estado afirmó que los vecinos de La Higuera “no están solos, nosotros como gobierno los vamos a apoyar”, y agregó que “por supuesto que teníamos que trabajar en un plan que se pusiera en los distintos escenarios”, por lo que “vamos a acelerar este proceso que ya viene trabajando hace unos meses, de fortalecer esta zona con este plan de zonas de rezago”.

Cabe recordar que la iniciativa minera se ha visto envuelta en una larga serie de polémicas. Ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 13 de septiembre de 2013 y fue rechazada por el Comité en agosto de 2017, durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet.

Dicha decisión provocó un quiebre al interior del gobierno, gatillando las renuncias de los entonces ministros de Hacienda, Rodrgo Valdés, y de Economía, Luis Felipe Céspedes, además del subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.

“Algunos no tienen el crecimiento dentro de las prioridades más altas y nos cuesta a veces tener una compatibilización de eso con otros objetivos, que son muy importantes y eso hace ciertamente más difícil nuestro trabajo”, reclamó Valdés, al explicar su salida del gabinete.

Tras un dura pugna judicial, en abril de 2021 el Primer Tribunal Ambiental acogió de forma unánime la reclamación en favor del proyecto, luego que los jueces de la instancia jurisdiccional especializada no compartieran el razonamiento de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo que rechazó el proyecto, así como el del Comité de Ministros, apuntando a que el revés de la iniciativa contradecía el Informe Consolidado de Evaluación (ICE).

Luego de reactivarse, los opositores a Dominga elevaron una solicitud a la Corte Suprema para evitar que el proyecto minero regresara al Comité de Ministros. Sin embargo, en mayo de 2022, la máxima instancia judicial rechazó los recursos presentados en contra de la determinación del Primer Tribunal Ambiental, apuntando a que no podía pronunciarse al no existir una resolución de la autoridad administrativa.

Entremedio, el proyecto minero acaparaba también las críticas políticas y apuntaban directamente al entonces presidente de la República. La publicación del capítulo chileno de los denominados Pandora Papers había revelado que las familias de Sebastián Piñera y Carlos Alberto Délano controlaban más del 56% de la propiedad de la iniciativa original, y que el exmandatario había vendido en diciembre de 2010 su participación en el proyecto a su amigo, en una operación realizada en las Islas Vírgenes Británicas. El antecedente llevó incluso a que el entonces fiscal nacional, Jorge Abbott instruyera a la Unidad Anticorrupción analizar los antecedentes de la compraventa, que involucraba montos por US$152 millones.

La investigación penal apuntaba a una cláusula en que se condicionaba el pago de una tercera cuota de la compraventa a que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y de su respectivo puerto, es decir, que ese territorio no se declarara zona de exclusión. Sin embargo, en diciembre de 2021, el gobierno de Sebatián Piñera aprobó la creación Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos en la comuna de La Higuera.

La arista llevó incluso a la oposición a presentar una acusación constitucional en contra del presidente Piñera, la que fue desestimada por el Senado tras conseguir 22 votos a favor, 20 en contra y 1 abstención.