El Consejo Consultivo Previsional debía emitir un informe sobre el reglamento que dictó el gobierno en julio pasado, donde se publicó el instrumento de medición para definir quiénes serían los nuevos beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Sin embargo, en ese momento no había quórum para que el Consejo tuviese permitido sesionar, por lo que no pudo emitir el documento.
Ahora que ya tienen quórum, desde la entidad decidieron hacer un análisis de los resultados del proceso de implementación inicial de la PGU, que comprende el periodo que va desde febrero a octubre, pese a que no era su obligación emitir un informe de ese tipo.
Desde febrero la PGU se entrega al 60% de la población de menores ingresos, que son justamente todas aquellas personas que ya recibían los beneficios del Pilar Solidario. La segunda etapa de la PGU fue orientada a entregar estos beneficios a más personas, incorporando al 90% de la población, es decir, solo se excluye al 10% más rico.
Con ese objetivo, se definió que se diseñaría un nuevo instrumento de medición para distinguir quienes pueden o no acceder, mediante un llamado “test de afluencia” que construyó el gobierno y que fue criticado por exautoridades de la administración del expresidente Sebastián Piñera.
Sin embargo, en el análisis que acaba de publicar el Consejo Consultivo Previsional, no se hacen críticas a dicho test. Aunque sí sugiere un par de cosas, como por ejemplo, “monitorear regularmente las solicitudes y tasas de rechazo mensuales, y revisar la pertinencia del cálculo del umbral de focalización con la Casen, versus la posibilidad de usar registros administrativos”.
Al respecto, fuentes del gobierno aseguran que internamente se intentó usar datos administrativos en vez de la Casen. Una vez que se tuvieron esos datos, se hizo el análisis respecto de si era más convenientes usar dicha información administrativa o la Casen, para lograr llegar a más personas, pero concluyeron que hacer un cambio no haría gran diferencia en el resultado final.
El informe del Consejo recuerda que se estimó en 604.783 el número de beneficiarios adicionales de PGU en 2022, producto de la ampliación de cobertura del beneficio, “lo anterior significaba una estimación de beneficiarios totales PGU de 2.145.663. Con todo, el Consejo considera que la cifra en torno a 600 mil no debe ser considerada como un dato exacto, sino que como una estimación aproximada razonable y conservadora de nuevos beneficiarios”.
Respecto de las solicitudes, el informe destaca que cuando entró en vigencia la PGU, “se incrementó en forma relevante el número de solicitudes de beneficios del Pilar Solidario de vejez. Al mes de septiembre pasado, éstas alcanzaban a un total de 438.209. De esta forma, a septiembre de 2022 se encontraban en pago un total de 1.659.926 beneficiarios de la PGU. Dicha cifra no incluye a quienes reciben APS con pensión final garantizada, que de acuerdo a cifras de la Superintendencia de Pensiones (Supen) corresponden a 173.941″.
Así, “sumando ambas cifras, el universo de beneficiarios se encontraría por debajo de la estimación original, sin embargo, cabe resaltar que se trata de un proceso en evolución, ya que mes a mes se están incorporando nuevas solicitudes y existe un universo de potenciales beneficiarios que, de solicitar el beneficio y focalizar, permitirían gradualmente llegar a cifras conforme a las estimadas”.
Sobre las solicitudes rechazadas en los meses de agosto y septiembre, el Consejo señala que totalizan 61.939, “las que en términos generales se deben a falta de focalización de las personas que no califican, por cuanto estarían dentro del 10% más rico de la población de personas de 65 años y más”.
Y para analizar el comportamiento de los rechazos de PGU, el Consejo solicitó información adicional al IPS sobre el estado de tramitación, actualizada al 2 de noviembre, respecto de las solicitudes ingresadas en agosto y septiembre. “Lo anterior es relevante porque los rechazos y concesiones ocurren con un desfase de uno o dos meses, ya que la tramitación requiere de procesos no inmediatos. A partir de dicha información se obtuvieron las tasas de rechazo observadas, de 30% y 31% en agosto y septiembre, respectivamente. Dichas tasas podrían ser elevadas, considerando que se excluye sólo al 10% más rico de la población de 65 años o más”, señala el estudio.
El informe también enfatiza entre sus conclusiones que las “distintas instituciones involucradas han llevado a cabo numerosas actividades de comunicación y difusión de la PGU a través de distintos canales, e informaron que el compromiso es continuar reforzando las campañas que se han realizado, incluyendo medios masivos”. De todas maneras, sugiere “redoblar los esfuerzos en campañas de difusión dirigidas especialmente a los potenciales beneficiarios que no han presentado la solicitud respectiva. Según la información recibida, este último grupo estaría comprendido aproximadamente por unas 160.000 personas”.
En todo caso, también realza “la labor que ha realizado el IPS en este proceso de implementación de la PGU, pasando de pagar al mes de abril del presente año 2.590.280 beneficios, incluidos PGU, pensiones del reparto, SUF y otros beneficios de régimen, a un total de 3.735.686 al mes de septiembre pasado”.
Asimismo, proponen “que en el futuro la Dipres (Dirección de Presupuestos) proyecte un rango de valores posibles de beneficiarios bajo diferentes escenarios de estimación y que, a su vez, deje claramente expresados los supuestos realizados en los cálculos y, por tanto, las limitaciones de los mismos”.
Y finalizan diciendo que “reiteramos lo ya expresado por este Consejo, en el sentido que se valora el avance que en materia de seguridad social significa la creación de la PGU”.
