Contraloría abrió un sumario, luego de detectar solicitudes que tramita el Consejo de Monumentos Nacionales con casi 900 días sin respuesta, tras haber realizado una auditoría al periodo entre enero de 2022 y mayo de 2024. Esto en medio del debate que se ha desatado en torno a la permisología, y a la dificultad para sacar adelante proyectos de inversión.

Entre las irregularidades que detectó el organismo en el proceso de tramitación de solicitudes, está que de 18.540 solicitudes para autorizar la intervención de monumentos históricos, santuarios de la naturaleza, zonas típicas o pintorescas, de prospección y/o excavación arqueológica y paleontológica, hay 3.752 casos pendientes al 31 de mayo de este año. De ellos, 1.395 corresponden a requerimientos de 2022; 1.652 de 2023 y, 705 de 2024.

Por otro lado, de 18.540 requerimientos ingresados entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de este año, 2.532 corresponden a solicitudes relacionadas con obras públicas. El organismo indicó que 704 no han sido respondidas por el Consejo de Monumentos, y algunas llevan casi 900 días sin respuesta, según indicó la CGR.

Contraloría informó además que iniciará un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas, y además indicó al servicio el deber de elaborar y formalizar un manual de procedimientos que establezca directrices para la mejor atención de las solicitudes, debiendo informar al organismo al respecto en un plazo de 60 días.

Y eso no es todo. Contraloría detectó además casos en los que el nombre del requirente registrado en el “Gestor Documental CMN” no coincide con la información del ingreso. Asimismo, determinó un total de 21 perfiles de acceso al sistema Gestor Documental de la entidad, 14 de los cuales no cuentan con una descripción formal ni tampoco del nivel de acceso a la información que los usuarios tienen, lo que va en contra de lo establecido en el manual de procedimientos de dicha plataforma.

Otro de los temas que detalló Contraloría es que el CMN no cuenta con matrices de gestión que establezcan un ordenamiento entre los diferentes perfiles existentes en el sistema de información y los cargos que desempeñan los funcionarios involucrados en la gestión de obras públicas. Además, no tiene una nómina que identifique los cargos por funcionario.