Una de las esperadas medidas para hacer frente a la crisis que afecta al sector de la construcción está próxima a promulgarse. Se trata del decreto que permitirá reajustar el valor de los contratos de obras públicas que se encuentran en ejecución, y que se han visto afectados por el fuerte aumento en los precios de los materiales, en medio de la escalada inflacionaria que afecta tanto a la economía chilena como internacional.

Fue el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, quien informó que la Contraloría General de la República tomó razón del decreto, el que se trabajó en conjunto con el Ministerio de Hacienda, y permite un “reajuste polinómico en contratos vigentes” de obras de infraestructura pública.

Al respecto, García aseguró que la determinación " es una medida de mitigación frente a la constante alza de materiales e insumos en la industria de la construcción”.

Detalló que “esta medida excepcional se aplicará a todas las empresas que cuenten con estado de pago desde septiembre de 2021, que es el mes con mayor alza de materiales”.

“Es una medida inédita, que permitirá hacer un reajuste retroactivo a las empresas que actualmente tienen contratos con nosotros. Esta medida tiene un fin importante: que los contratos que tenemos actualmente puedan llegar bien a término, y que las empresas que trabajan con el Estado puedan tener una situación saludable”, enfatizó el secretario de Estado.

La noticia fue bien recibida por el principal gremio del sector. Fue el vicepresidente de Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Carlos Zeppelin, quien entregó sus proyecciones sobre el impacto que la medida tendrá en el sector.

En una conferencia de prensa donde el gremio presentó un diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la construcción 2022-2023, León estimó que la medida tendrá un impacto en cerca de 1.500 obras.

“No conocemos el decreto hasta que esté totalmente tramitado, entiendo que tiene que salir publicado en el Diario Oficial, y lo más probable es que salga esta semana, sino a principios de la próxima. Esto va a resolver el problema de 1.400 obras. El ministro siempre lo ha dicho, la idea es salvar las obras”, dijo el ingeniero civil.

Para Zeppelin, si bien se ha adelantado que el decreto permitirá reajustar los contratos vigentes en hasta un 20% -tal como ya está ocurriendo con las nuevas licitaciones-, lo ideal sería que el porcentaje de reajuste sea más cercano al alza real que han tenido los costos, el que aseguró, promedia un aumento del 35%.

“Efectivamente, uno siempre podría esperar más pero son contratos que no tenían reajuste y aunque sea un tope del 20%, va a permitir rescatar muchas de estas empresas. Hay varias empresas que quieren terminar sus obras, saben que aún van a tener alguna pérdida, pero esto les va a impactar y les va a permitir terminar las obras, y no hacer caer el empleo”, señaló.

Dicho punto fue reafirmado por el ministro García, quien destacó que en el Ejecutivo “nos importa la salud de las empresas, como también nos importan los trabajadores de esas empresas”.

Con todo, Zeppelin remarcó que “lo que esperamos es que se implemente a la brevedad, que el proceso de pagos sea rápido; Hoy día las empresas quiebran por caja, necesitan flujo y es imperioso que esto se pague”.

Durante la jornada, la CChC también presentó un diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la construcción 2022-2023. En la ocasión, el presidente de la entidad gremial, Antonio Errázuriz, afirmó “es urgente que el Estado genere un nuevo trato para los proyectos de construcción o las iniciativas privadas serán cada vez menos y, las públicas, más caras”.

En la ocasión, las medidas que propusieron estaban principalmente basadas en el informe que elaboró en 2021 la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que identificó 400 permisos distintos, otorgados por 50 instituciones públicas, que podrían ser necesarios para desarrollar un proyecto de construcción. Al respecto, remarcaron que la tramitación toma mucho más tiempo de los plazos legales. Por ejemplo, un permiso de edificación demora, en promedio, 127 días, superando largamente los plazos legales.

Entre los principales nudos críticos que apuntaron se mencionaron la escasa planificación y la baja calidad del diseño de los proyectos, y que los reglamentos de inversiones para obras públicas “en general, dejan muchos espacios para interpretaciones, traspasan riesgos excesivos a los contratistas y provocan retrasos y sobrecostos”, argumentó el vicepresidente de la CChC, Carlos Zeppelin

Con todo, Errázuriz llamó a “crear un clima y una institucionalidad propicios para el desarrollo de proyectos de inversión y para mejor la productividad de la construcción”, para lo que afirmó “no es necesario partir de cero”.

En esa línea, afirmó que “hay que utilizar los ejercicios de planificación de largo plazo que hacen prácticamente todos los gobiernos en materia de infraestructura y que después no se usan”, así como también, implementar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.