El 10 de marzo pasado se votó en general el primer informe que despachó la Comisión de Derechos Fundamentales al pleno de la Convención Constitucional. Uno de los temas clave que contenía dicho informe, de 292 páginas, es el relativo al derecho de propiedad, materia que había generado discrepancias entre constitucionalistas y entre convencionales, y donde persisten importantes dudas en el mundo empresarial.

Pero finalmente los cinco artículos referidos a esta materia fueron rechazados por el pleno. Ello significa que el tema debe volver a ser visto por la Comisión para que se le efectúen modificaciones, y desde ese momento dicha instancia tiene 15 días corridos para evacuar el informe de reemplazo que presentará al pleno para la discusión y votación de la nueva propuesta. Dado eso, esta semana la Comisión deberá zanjar la materia.

Y las conversaciones para redactar la propuesta modificada sobre derecho de propiedad ya comenzaron en algunos sectores, pero por ahora no están muy avanzadas como para lograr un acuerdo, según señalan desde distintos colectivos de la Convención.

El convencional del Colectivo del Apruebo, Felipe Harboe, afirma: “Hemos estado en conversaciones con varios colectivos”. Por su parte, la convencional Lidia González (pueblo yagán) comenta: “Aún no hay claridad respecto de las modificaciones que se realizarán al articulado sobre derecho de propiedad; estamos trabajando a contrareloj para llegar a acuerdos. Con ese fin, estamos dialogando con los demás colectivos, abiertos a escuchar sus dudas y generar una norma que genere consenso”.

En ese sentido, mientras algunos admiten que ya hay tratativas sobre el tema, otros dicen que aún no hay grandes avances en la materia. El convencional César Valenzuela, del Colectivo Socialista, quien además es coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales, explica que “han sido jornadas intensas del pleno y de la misma Comisión, así que aún no ha habido conversaciones formales ni informales sobre cómo reformular el derecho de propiedad”.

Con todo, los convencionales de los escaños reservados están terminando de redactar una propuesta común sobre el tema, la cual podría ser apoyada por otros colectivos como el de los Movimientos Sociales Constituyentes. En paralelo, desde otros sectores están socializando sus posturas para intentar convencer al resto, pero todavía sin muchas luces sobre por dónde podría llegarse a un acuerdo. “No me atrevería a decir si hay una posición mayoritaria respecto a este tema, en particular en expropiación. Es más, lo que uno logra escuchar informalmente es que existen opiniones diversas al interior de los propios colectivos, entonces creo que todavía es un tema pendiente”, puntualiza Valenzuela.

En el pleno, los rechazos vinieron tanto desde la derecha como desde la izquierda, ya que en el debate desde ambos bandos señalaron que había que hacer mejoras a la redacción. Algunos argumentaron temas de forma, pero lo cierto es que tampoco hay acuerdo en el fondo de la propuesta, donde existen dos grandes posturas sobre lo que debe decir al respecto la nueva Constitución.

El convencional del Colectivo del Apruebo, Felipe Harboe, lo grafica así: “Aquí lo que hay es un enfrentamiento directo, franco, entre un sector de la Convención que rechazó el derecho de propiedad por considerarlo que estaba demasiado protegido, y por tanto, había que reducir incluso lo que hoy día estaba, porque esto era una especie de reivindicación contra los ricos. Y otro sector que rechazamos justamente por lo contrario, porque creemos que había ciertos elementos, particularmente en materia de expropiación, que no estaban cubiertos”.

El convencional del Colectivo Socialista, Matías Orellana, también expresa que, “por un lado, se encuentra la derecha, que aboga por perpetuar la extensa regulación del derecho de propiedad que tiene la actual Constitución del 80. Esto significa dejar a nivel de Carta Fundamental cuestiones que, tanto en el derecho comparado como en los tratados internacionales de derechos humanos se entregan a la ley. Es decir, se entrega al debate democrático”.

Y agrega: “Yo lo he dicho en otras instancias: la propiedad privada, como un supraderecho ilimitado, es una de las herencias más fuertes y características del sistema neoliberal de mercado que nos impuso la actual Carta Fundamental. Por ello, la idea desde las izquierdas es bajar este derecho de su pedestal sagrado y dejarlo al mismo nivel que muchos otros derechos fundamentales. Eso implica establecer que la propiedad privada no se puede extender a toda clase de bienes de forma ilimitada, así como también entender que el ejercicio de este derecho conlleva deberes esenciales, que emanan de la función social y ecológica”.

Y tal como lo desliza el convencional Harboe, es en lo referido a la expropiación donde está el mayor punto de conflicto. A lo mismo apunta el convencional Valenzuela: “Los principales nudos no se encuentran en el derecho de propiedad propiamente tal, sino en la temática de expropiación: quién determina el valor del bien expropiado, si es un tribunal o es el legislador; y además en lo que se refiere al pago previo a la posesión del bien, al pago valor contado, y además al pago valor mercado. Ahí están los principales nudos”.

En ese sentido, Valenzuela cree que “lo que debe hacer la Constitución en materia de derecho de propiedad y expropiación es normalizar nuestro sistema constitucional, es decir, considerarlo y evidentemente reconocerlo como un derecho fundamental, pero un derecho fundamental que también está sujeto a las limitaciones y restricciones que involucran el interés general, al igual que el resto de los derechos, y no este tratamiento especialísimo que se hace en nuestra actual Constitución”.

En esa misma línea, Orellana señala que “en términos de expropiación, es inaceptable regular todos los detalles a nivel constitucional, porque hacer eso, es lo que termina elevando este derecho a un lugar casi sagrado. Uno de los temas que más genera debate es, por ejemplo, si es que el pago previo debe quedar a nivel constitucional, cuestión en la que aún no hay total acuerdo en nuestro sector, y sobre lo que tenemos que seguir discutiendo”.

Por su parte, Harboe comenta que “nosotros vamos a intentar mantener lo que estaba, y sumarle a eso el momento del pago de la indemnización, y algún criterio respecto del monto, que es lo que se había dejado para la ley. Ese es el esfuerzo que estábamos tratando de hacer. Si logramos eso, fantástico”.

Harboe añade que “hemos intentado convencer, con argumentos, a los más radicalizados, de que la protección de la propiedad no necesariamente dice relación con patrimonios altos, sino que incluso la persona que tiene una vivienda social, que le ha costado mucho lograr el subsidio con sus ahorros, también tiene derecho a que se respete su propiedad. Por ahí estamos tratando de sensibilizar”.

Desde la derecha, el convencional Bernardo Fontaine (independiente de Vamos por Chile) detalla que son cuatro sus principales preocupaciones. En primer lugar, “la indemnización por el daño patrimonial, el valor de lo expropiado”. En segundo lugar, la posibilidad de reclamo efectivo ante el juez por el monto de la indemnización.

En tercer lugar, “dejar a la ley y la Constitución la posibilidad que concesiones entreguen propiedad sobre el contrato de concesión. Por último, “que la definición del rol social de la propiedad no incluya ´el mejoramiento de las condiciones de vida del común de los habitantes´”.

También cree que hay que hacer importantes cambios en derecho de propiedad de pueblos originarios. En esa línea, indica que “la propuesta rechazada de propiedad indígena continúa en la senda equivocada de establecer una supuesta casta indígena por sobre el resto de los chilenos, con el agravante de que sus contenidos obligan a los indígenas a tener propiedad colectiva. Y la propiedad colectiva entorpecerá el desarrollo económico de los sectores indígenas, condenándolos a la pobreza, porque con una propiedad colectiva no podrán entregar tierras en garantía para pedir un préstamo para plantar, ni serán tierras heredables. La propiedad colectiva genera un desincentivo a invertir y explotar con más valor agregado los campos”.

Por su parte, la convencional Teresa Marinovic (Vamos por Chile) considera que “el Estado quedará con muchas más facultades para expropiar, pero antes que eso, me parece que el derecho de propiedad de pueblos indígenas quedará mucho más asegurado que el del resto”.

Marinovic es crítica respecto de lo que podría resultar en esta materia: “Seguro ocurrirá lo de siempre. Se producirá una supuesta ´moderación´ respecto de la norma original, que no será una moderación real, sino una formulación, una redacción más amplia, más ambigua, que finalmente deja espacio a interpretaciones en un sentido o en otro”.

Agrega que “la derecha, en este sentido, está en desacuerdo por completo con la norma. Expropiación sin especificaciones y propiedad indígena, una locura nomás, no sé cómo podría moderarse. El solo hecho de que se aplique un estándar distinto, es algo que nosotros no aceptamos conceptualmente”.