La industria salmonera manifestó su preocupación por un convenio acordado entre el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y la ONG Oceana, organización internacional dedicada a la conservación ambiental.

El acuerdo, firmado el pasado 12 de febrero, busca generar una plataforma para fiscalizar a las empresas salmoneras, accediendo a información confidencial de sus centros de cultivo, como la carga de antibióticos y la biomasa. Pero recién la noche de este martes los ejecutivos y asesores de las compañías conocieron la iniciativa. La molestia es evidente y algunos califican el “caso como grave y que rompe los códigos”.

Pulso La Tercera tuvo acceso al escrito que encendió las alarmas a los gremios

El escrito establece que Oceana se encargará de que los servicios y la plataforma sean entregados a Sernapesca. Además, la ONG certifica que es licenciataria de los derechos de autor de los servicios y la plataforma, proporcionados a la institución.

“Oceana se complace en apoyar el desarrollo de tecnología para mejorar la transparencia de los datos de acuicultura (Salmón) para Sernapesca a través de su Departamento de Gestión de Información, Servicios al Usuario y Estadísticas Sectoriales (GIA). En consideración, a través de la presente, Sernapesca exime a Oceana de toda responsabilidad derivada de cualquier modo de los servicios, documentación y software expuestos”, acotó.

Según el mismo escrito, el acuerdo se enmarca en la puesta en marcha de “la Ley 21.532, que modifica la Ley 18.892 en materias de captura de salmónidos como así también la transparencia en la entrega de datos sobre el uso de antibióticos y parasitarios, mortalidades, producción y escapes, incentivando el mejoramiento de una actividad que genera altos impactos en el medio ambiente”.

El documento cuenta con la firma de la directora de Sernapesca, María Soledad Tapia y la directora ejecutiva de Oceana, Liesbeth Van der Meer.

Loreto Seguel, directora Ejecutiva Consejo del Salmón explicó que “el acuerdo entre Sernapesca y la ONG Oceana nos genera gran molestia y reparos, tanto por la forma como por el fondo. A través de este acuerdo se estaría entregando a una entidad privada, de origen extranjero, de financiamiento desconocido, información sensible y con acceso privilegiado, de la segunda industria exportadora más relevante de Chile. Además, en un proceso poco transparente, de espaldas a esta industria, y eximiendo a esta ONG a priori de toda responsabilidad en el manejo y tratamiento de datos. Por último, esta ONG es detractora de la industria salmonera, por lo que estamos ante una situación de alta complejidad que requiere de toda nuestra atención, no solo como industria sino como país”.

El presidente Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret sostuvo que “la ley mandata a Sernapesca, que es un organismo público, a disponer de la información sobre el uso de antibióticos, antiparasitarios y escapes de peces de manera semestral y no a la ONG Oceana. Sin embargo, Sernapesca acepta la donación de una ONG con evidentes intereses y que ha manifestado su opinión contraria a la actividad. Además, el convenio exime a la ONG de cualquier error en el manejo de los datos o en la falla de la plataforma, es decir, si la ONG publica datos erróneos que podrían afectar a una empresa, no hay responsabilidad. Creo que es importante que se regule la injerencia de las ONG’s en las políticas públicas del país, pues son organizaciones privadas que tienen un interés, como cualquier otra”.

Arturo Clement, presidente de SalmonChile sostuvo que “como gremio, esta acción nos causa sorpresa y preocupación. Sorpresa, dado que Sernapesca opta por desarrollar esta plataforma con una ONG que tuvo un rol activo en la tramitación de este proyecto de ley y que, por lo tanto, sigue teniendo un interés directo en este tema, lo que claramente genera un conflicto por su falta de imparcialidad ante su conocida postura o sesgo hacia la industria”.

“Muy distinto es haber convocado desde el inicio a una agenda público-privado de todos los interesados para trabajar en conjunto el diseño de la plataforma. Acá fallaron las formas, la comunicación y la información, por lo que estamos analizando las implicancias o vicios que puedan existir en esta medida”, añadió.

“Ya en líneas más generales nos preocupa que se siga acentuando la tónica de la falta de diálogo y comunicación que hemos evidenciado desde inicios de este gobierno, lo que no ayuda a mejorar las confianzas para trabajar en una efectiva agenda pública privada y proyectar nuestra actividad en el corto, mediano y largo plazo, donde es fundamental contar con reglas claras, para avanzar en el desarrollo de la salmonicultura en la macro zona sur, bridando certezas a una amplia cadena de valor. Al respecto nos preocupa que a seis meses de plantear al Ministro de Economía armar una mesa técnica de trabajo con medidas concretas aún no tenemos respuesta, mientras vemos como se siguen sumando problemas de entorpecimiento y desprolijidad, que generan una importante pérdida de competitividad de la salmonicultura nacional”, concluyó.

El diputado independiente Miguel Angel Calisto en la Comisión de Pesca de la Cámara solicitó que se oficie a la Contraloría General de la República, Ministerio de Economía y Subsecretaría de Pesca para conocer alcances del acuerdo Oceana-Sernapesca. También el diputado UDI Sergio Bobadilla pidió invitar al subsecretario de Pesca para la sesión del 8 de mayo. Ambos puntos se aprobaron por unanimidad.

En conversación con Pulso La Tercera, la directora ejecutiva de Oceana, Liesbeth Van der Meer calificó las respuestas de los gremios como una “sobrerreación”.

“Sernapesca tiene que publicar los datos de antibióticos y biomasa. Entonces, lo que nosotros hicimos fue apoyar a Sernapesca para encontrar un sistema en donde pudiera publicar esta información, pero de manera legible, porque si publican 100 mil tablas en Excel no se entiende nada. Nosotros apoyamos simplemente a generar el sistema y después se lo entregamos a Sernapesca. Ellos verán si lo usan o no. Pero es un sistema de inteligencia para reportar datos”, añadió.

“Estamos ayudando al gobierno para que lo hicieran a tiempo, porque ellos no tenían cómo mostrar esa información al final”, sostuvo.

“Esta es una sobrerreacción, porque están tratando de frenar a Sernapesca. No entiendo por qué ocultar estas informaciones, y que la Corte de Apelaciones en varias ocasiones así lo ha confirmado. La información tiene que ser pública, porque los consumidores deben saber qué están comiendo”, concluyó.