Continúan las repercusiones tras la denuncia que efectuó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a Indura y Linde por colusión en el mercado de gases industriales y medicinales. Desde la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) condenaron estas prácticas y señalaron que la libre competencia es el motor de la economía.

“Condenamos y rechazamos terminantemente la colusión y todo tipo de práctica anticompetitiva que atente contra la libre y leal competencia que debe existir en los mercados”, dijo el gremio en una declaración pública.

Y agregó que “la libre competencia es el motor de la economía, ya que asegura el derecho de todas las empresas y personas a participar en igualdad de condiciones en las actividades económicas, logrando así ofrecer y acceder a productos y servicios que maximicen el bienestar de los consumidores y de la sociedad en general”.

Por otro lado, indicaron que la colusión daña las confianzas.

“La colusión daña la fe pública, afecta la transparencia en los mercados y perjudica profundamente la confianza entre los actores de la sociedad, factores indispensables para el adecuado funcionamiento de la economía, el emprendimiento y las inversiones”, señaló.

Y por último, el gremio empresarial pide las máximas sanciones para los responsables.

“Cabe destacar que nuestro país cuenta con una institucionalidad que ha demostrado que funciona adecuadamente frente a casos como éste, llevando a cabo de manera diligente las investigaciones y denuncias correspondientes. En este marco, los responsables deben ser sancionados con el máximo rigor de la ley”, sostuvo la CPC.

Desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) calificaron de gravísima la denuncia de la FNE, y alerta por el daño que este caso podría generar en la reputación empresarial.

“La comisión de delitos por personas que utilizan sus cargos públicos, estructuras societarias como fundaciones o empresas ha estado presente en el pasado, lo está en este momento y lo estará en el futuro. Esta constatación de realidad significa que estos hechos deben ser perseguidos con fuerza, castigados de forma ejemplificadora y comunicados profusamente, porque no pueden vencernos ni hacernos bajar nuestros estándares. Desde nuestro gremio, los condenamos fuertemente”, dijo la presidenta del gremio, María Teresa Vial.

Y también planteó que “nos rebelamos con fuerza ante la idea de que delitos cometidos por muy pocos en el ámbito empresarial salpiquen a un sector que debe estar centrado en aportar al desarrollo del país y en generar lazos de confianza desde el trabajo bien hecho”.

El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, indicó que estas prácticas dañan la imagen del empresariado, por lo que se debe sancionar a estas compañías con las máximas penas.

“En momentos donde necesitamos reforzar las confianzas entre el sector público y privado, la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica sólo ensucia el nombre del empresariado y la visión que tiene la ciudadanía sobre el sector. En ese sentido, creemos que se debe sancionar con las máximas penas a estas compañías de capitales extranjeros, que no representan a la mayoría de quienes creemos en la libre competencia y en el emprendimiento”, señaló Swett.

Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) manifestaron su rechazo a cualquier tipo de práctica que comprometa la libre competencia, señalando que “hechos como los denunciados ponen en tela de juicio la transparencia y la ética empresarial, que son una base fundamental para la convivencia y para el desarrollo económico y social de Chile”, declararon.

El gremio también apuntó a que la libre competencia “no solo es beneficiosa para el crecimiento económico, sino que también asegura la equidad y el acceso a servicios y productos esenciales para todos los chilenos”.

De esta forma, afirmaron que esperan una investigación exhaustiva y transparente respecto a los actos denunciados por la FNE, y que se apliquen las sanciones correspondientes de confirmarse.