El jueves pasado la Superintendencia de Salud informó el resultado de la verificación que hizo para las nuevas propuestas que fundamentaron las isapres para alzar los planes de salud, en línea con lo que le instruyó la Corte Suprema el pasado 18 de agosto, cuando la Tercera Sala del máximo tribunal falló contra las aseguradoras y frenó los aumentos de los precios para la totalidad de los afiliados del sistema, pero pidió iniciar un nuevo proceso de adecuación.

Así, la semana pasada la Superintendencia informó que, según su proceso de verificación, la variación del costo operacional promedio que tuvo cada isapre en el periodo analizado va entre un 1,4% y un 7,6%, dependiendo de cada caso.

Al respecto, desde isapre Cruz Blanca reaccionaron este martes mediante un comunicado, donde señalan que ya informaron a sus afiliados que el porcentaje de reajuste en su caso será de 4,3% para el periodo 2022-2023, tal como lo calculó el regulador. Sin embargo, también criticaron esta resolución.

“Cruz Blanca ha entregado a la Superintendencia toda la información y los datos necesarios para explicar nuestro cálculo, cuyo resultado supera el 7,6% establecido como máximo, lejos del 4,3% verificado por el regulador. De esta manera, el alza de prima autorizada para Cruz Blanca está muy lejos de cubrir el incremento real de los costos de los planes de salud”, comentaron.

Es más, agregaron que “ni siquiera el límite de 7,6% máximo de reajuste establecido por el regulador es suficiente para resolver el problema de fondo de la industria y hacer frente al incremento de costos reales durante los últimos años, marcados por la judicialización, el aumento de licencias médicas y el congelamiento de precios. Peor aún, normaliza una forma de operar para las isapres que no es sostenible en el tiempo, pues se obliga a los controladores a cubrir los costos con aportes de capital, como ha ocurrido consecutivamente en los últimos 18 meses”.

Asimismo, dijeron que “la resolución de la Superintendencia agudiza la incertidumbre jurídica y compromete aún más la viabilidad de las isapres, amenazando el funcionamiento de toda la cadena dependiente del aseguramiento privado, con efectos incalculables sobre los afiliados y sus familias, clínicas, hospitales y centros de salud”.

Añadieron que “para mantener los actuales beneficios de cobertura es imprescindible que las isapres operen en régimen de solvencia, y para ello es necesario recuperar el equilibrio financiero para poder operar y dar estabilidad al sistema. Por más esfuerzos que realicemos para contener costos médicos, fiscalizar el buen uso de licencias o en la administración, no podremos enfrentar esta crisis sin que se generen mecanismos y soluciones reales, inmediatas y profundas”.

Ahí también recordaron que “la incerteza técnica y jurídica de todo el sistema Isapre, reflejada por ejemplo en la judicialización de la tabla de factores, motivó que el controlador de Cruz Blanca activara este año el procedimiento de resolución de controversias establecido por los tratados internacionales entre Chile y Reino Unido, paso previo a una demanda ante el Ciadi”.