Se trata de un tema recurrente en los debates políticos en el último tiempo y que hoy vuelve a escena. Conocer el número real de las personas que trabajan en el sector público, su evolución y el grado de confiabilidad de los datos existentes al respecto, se ha transformado en una tarea compleja y donde se mezclan una serie de nudos difíciles de desatar.

El año pasado el clima político se encendió cuando el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio cuenta de un fuerte crecimiento del empleo público en distintas mediciones. Una de ellas, del trimestre móvil septiembre-noviembre de 2023, mostró un alza de los asalariados públicos de casi 100 mil personas (9,1%), el mayor incremento desde agosto de 2019, previo a la pandemia y a la crisis social.

Para contrarrestar las críticas sobre este aumento, en un año caracterizado por el alza del desempleo y el fantasma de la recesión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, relativizó las cifras del INE y las comparó con un alza más moderada de las estadísticas emanadas del llamado Gobierno Central, el que incluye sólo a ministerios y servicios públicos, al Congreso -excepto parlamentarios-, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público.

De esta forma, el secretario de Estado planteó que las cifras de empleo público del INE darían cuenta de una realidad en sectores públicos que no tienen relación con la administración del gobierno de Gabriel Boric. “Puede ser que haya otra parte donde está aumentando (el) personal, puede ser que sea en las municipalidades (...) que no tenemos información completa. Hay dificultad para validar a esa información”, explicó en la oportunidad, sin dar más detalles.

“Esta idea repetida, que se da en innumerables oportunidades, foros, entrevistas, de que acá toda la plata se está yendo a contratar funcionarios públicos, simplemente no cuadra con los datos”, aseguró el ministro entonces.

Sin embargo, la fuerte polémica revela un problema más de fondo: la inexistencia de estadísticas oficiales y confiables acerca de cuál es la real cantidad de funcionarios públicos que hoy trabajan para el Estado de Chile y que van más allá de los empleados contabilizados en el Gobierno Central, los que llegan a 488.153 personas, según el último informe censal de Recursos Humanos del Sector Público de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

De hecho, la última encuesta del INE cuantifica en 1.214.315 los asalariados públicos al trimestre febrero-abril de 2024, ya que incluye a todos los que se autodeclaran como tales y, por lo tanto, suma a todo el Gobierno Central y al sector público descentralizado. Es decir, aglutina además a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, de las empresas públicas, de las universidades estatales, y empleados municipales y servicios municipalizados. Pero al ser autodeclarado, puede considerar también a gente que se desempeña en un ente público, pero que lo hace por medio de una firma que presta sus servicios y que por tanto son trabajadores que pertenecen al sector privado.

“La prueba más evidente de que no sabemos cuánta gente trabaja en el Estado es cuando el INE publica trimestralmente la evolución del empleo y, una parte relevante, se explicaba el año pasado por el aumento de las contrataciones en el sector público. Si tuviéramos la información, se podría explicar el origen, sector, localidad, tipo de empleados... y, en caso de identificar crecimientos de dotación que no se justifican, las autoridades podrían tomar las medidas correctivas. Pero el debate se enfoca en determinar responsabilidades de lado y lado, sin llegar a ninguna conclusión”, reclama el investigador asociado de CIES-UDD y exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo.

Frente a la consulta de Pulso La Tercera sobre la estadística oficial de empleados que hoy tiene la administración pública en Chile, la Dipres respondió usando cifras “estimadas” de beneficiarios del reajuste del sector público que cada año entrega el Estado.

Para la ley tramitada en diciembre de 2023, los beneficiarios se estimaron en 844.934 personas. Esta proyección considera a los trabajadores del sector público, incluidos los funcionarios municipales y de atención primaria de salud, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y el personal de los otros Poderes del Estado, afirmó la Dipres. La proyección, sin embargo, excluye, por ejemplo, a quienes trabajan en empresas estatales (que tienen su propia negociación salarial y se rigen por el Código del Trabajo), universidades y centros de formación técnica del Estado, y también al personal a honorarios.

El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, cree que no resulta “razonable” que el Estado carezca de una cifra oficial y confiable de todos quienes trabajan en el sector público, en momentos en que la tecnología permite una recopilación menos engorrosa respecto de décadas atrás.

“La pregunta es cómo se puede hacer gestión pública si no se tiene esa información de trabajadores públicos detallada. Habla mal del Estado no responder a una pregunta tan simple”, reclama el economista de la UC.

“Si un gerente (en el sector privado) llega a una empresa, pero no sabe si tiene 300 trabajadores o 3 mil, no es presentable”, añade Bravo, quien desliza también las posibles deficiencias que puede haber en la entrega a la Dipres de los datos de funcionarios públicos provenientes de instituciones como las municipalidades.

El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, profundiza acerca de la calidad y cobertura de la información entregada por varias instituciones públicas. Recuerda que en 2020, junto al ministro de Hacienda de la época, Ignacio Briones, impulsaron la Ley 21.306, que obliga a municipalidades, universidades estatales y empresas públicas a reportar mensualmente la nómina de trabajadores a la Dipres.

“Esta falta de información alcanzó su peak el año 2020, donde producto de la pandemia se apreciaban cambios significativos en la información reportada el año anterior y no contábamos con un mecanismo para chequear la integridad de los datos, como sí existía en las cifras del Gobierno Central. Por esta y otras razones, propusimos la incorporación de este artículo en la ley de reajuste y se aprobó por unanimidad”, rememora Acevedo.

El objetivo principal de la ley, añade, era saber cuánta gente trabaja en el sector público. “A la fecha, por distintas razones, seguimos sin saberlo. Además, el artículo establece multas y sanciones ante incumplimientos de esta obligación. No parece ser una exigencia muy compleja de cumplir, porque cualquier entidad, sea privada o pública, que no lleve un registro periódico de sus trabajadores denotaría un problema serio de gestión y control, y quiero creer que no es el caso. Pero a la larga, el incumplimiento de esta norma no ayuda a fortalecer la confianza de las personas en el Estado y en cómo gasta los recursos que los ciudadanos aportan”, concluye el exdirector de Presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El artículo 70 de la Ley 21.306 precisa que la Dipres debe informar a la Contraloría General de la República sobre el incumplimiento de la obligación, la cual podrá iniciar un sumario y establecer las sanciones que correspondan respecto de las entidades sujetas a su fiscalización. “A raíz de esto, la Dipres ha reportado mediante siete oficios correspondientes a distintos períodos de tiempo la información recibida a la Contraloría General de la República, para que esta pueda aplicar las acciones que le correspondan. El oficio más reciente enviado por Dipres a la Contraloría aborda la información reportada por las instituciones públicas durante el primer trimestre de 2024 y da cuenta de 345 instituciones que no habían cumplido con su obligación ya sea completamente o en forma parcial (con uno o más períodos faltantes desde 2021)”, complementa el organismo liderado por Javiera Martínez.

Pese a los oficios enviados por la Dipres y su obligación legal de establecer sanciones ante incumplimientos, la Contraloría se limitó a precisar a Pulso La Tercera que “no se han instruido sumarios por esta causa”.

La Dipres sostiene que tan importante como el reporte de la información de las instituciones es que estos datos sean de calidad, para que contribuyan al diseño de políticas públicas. Para ello, añade la repartición, la Dipres está trabajando en mejorar los mecanismos de reportabilidad histórica y hacia futuro.

Un exfuncionario de la Dipres, que prefirió el anonimato, explica que la mayor parte de las municipalidades del país quebrantan la ley y, muchas veces, no entregan la información requerida o envían datos parciales, difíciles de corroborar. “Muchas veces se entregan paquetes generales de información, sin especificar el RUT de cada empleado”, detalla la misma fuente.

Al respecto, la Dipres sostiene que la estimación global del número de los funcionarios municipales para efectos del reajuste del sector público se hace “considerando las fuentes de información disponibles en el Estado al momento de realizar la estimación”.

De hecho, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, anticipó que publicará semestralmente estadísticas consolidadas, según la información disponible, del número de trabajadores informados por las instituciones públicas. “A partir del 28 de junio se publicarán los promedios anuales de 2021 a 2023 divididos por grupos más amplios que la información con la que se cuenta actualmente. Se entregará información sobre la administración central (ministerios y servicios públicos), organismos autónomos, empresas públicas, municipios, universidades y CFT estatales. Para reportar esta información se usarán tanto los datos del Informe de Recursos Humanos del Sector Público de Dipres para el nivel central, como los que se reportan en virtud del artículo 70 de la Ley 21.306 que son autorreportados por las instituciones”, concluye la Dirección de Presupuestos.