El ministro de Energía, Diego Pardow, expuso este miércoles el proyecto ingresado ayer por el Ejecutivo para proponer una mecanismo de estabilización en el pago de las cuentas de la luz, y que permitirá viabilizar el proceso de descongelamiento de las tarifas eléctricas en forma paulatina.

En su presentación ante la comisión de Minería y Energía del Senado, el secretario de estado detalló las razones detrás del proyecto, que buscan moderar los potenciales impactos que verían los consumidores en caso de que se aplique la normativa vigente.

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“En agosto del año pasado, la Comisión Nacional de Energía (CNE) emite un informe técnico preliminar de Precio Nudo Promedio que implementa la legislación vigente y que proyectaba alzas en el componente de energía de hasta un 80%. Ese informe preliminar se transformó en uno definitivo de hace una semana, cuya alza máxima era de un 150% en el componente de energía, 90% de la cuenta”, explicó de forma introductoria, recordando que las alertas levantadas desde el regulador conllevaron la conformación de una mesa de trabajo conjunta para buscar mecanismo que permitan evitar dichas magnitudes de alzas para los clientes regulados.

Todo, en medio del creciente monto de la deuda, asumida por las empresas de generación eléctrica, que se arrastraban tanto desde el estallido social como de la pandemia. Así, Pardow defendió la fórmula definida para el pago de la deuda, que incluye el establecimiento de cargos fijos a los clientes, diferenciados en dos períodos: primero, a partir del proceso tarifario de 2024 y hasta 2027, donde los clientes verán un cargo adicional en sus cuentas de $22 por cada KWh; y luego, un cargo que baja a $9 por cada KWh, entre los años 2028 a 2035.

“El programa de pagos obedece de alguna manera al esquema minimiza el impacto en el bolsillo de los consumidores”, argumentó Pardow, quien remarcó además que las alzas previstas por la CNE conllevan el riesgo de que muchos clientes no sean capaces de asumir el pago de las cuentas, lo que podría traducirse en aumentos en la morosidad con las distribuidoras

“Los consumidores no tienen una elasticidad -por llamarlo técnicamente-, una capacidad de pago que sea infinita, y eso significa que, por más que uno tenga una deuda arrastrada producto de mecanismos de estabilización, hay porcentajes de aumento que lo único que hacen es cambiar deudas por morosidad y eso no resuelve el problema de fondo. Si uno cambia deuda por morosidad, la deuda sigue sin estar satisfecha y eso es algo que por cierto no podemos permitir”, defendió.

En esa línea, Pardow enfatizó que el monto máximo del Mecanismo Transitorio de Protección al Cliente (MPC), de US$1.800 millones, “fue alcanzado muchísimo más rápido de lo que se pronosticaba”, dado los aumentos de los costos de la empresas, principalmente por el alza del dólar y de los insumos usados, como el combustible, el gas y el carbón, que -según Pardow- vieron multiplicados sus precios en 1.5, 2 y 3 veces, respectivamente. Ello, explicó, justifica la propuesta de elevar el techo de la deuda hasta los US$5.500 millones que plantea el proyecto.

Según detalló, actualmente los montos adeudados por PEC “es del orden de los US$1.350 millones”, mientras que en el caso de MPC, a enero de 2024 asciende a “cerca de US$1.200″, pero que “hay unas diferencias de facturación producto de este mismo mecanismo que es de un orden de magnitud similar, y por eso está topado el mecanismo”.

Agregó que “además tenemos diferencias de facturación hasta marzo de 2024 y el costo de los retrasos, que son US$800 y U$900 millones en cada caso”.

“Esto efectivamente suma del orden de los US$6.000 millones, pero que no se pagan inmediatamente. Por eso el techo es de US$5.500 millones, entonces la manera más barata de afrontar esta deuda es con este cargo que es un poco más grande al principio, y disminuye a partir de enero del 2028″, remarcó.

Pardow además defendió la necesidad de establecer subsidios a los sectores de la población más vulnerable, enfocado inicialmente en un conjunto de 850 mil hogares, y que buscan evitar e incluso reducir los pagos que realizan por las cuentas de la luz. Un mecanismo de protección transitorio que se discutirá en forma paralela al mecanismo de estabilización propuesto por el Ejecutivo.

Al respecto, sostuvo que “hay un grupo de consumidores que si bien tienen altos consumos (eléctricos), son vulnerables”, donde detalló que estimaciones apuntan a cerca de 150 mil hogares que comparten medidores eléctricos. A ello agregó otro grupo de clientes que “con independencia de su capacidad de consumo, tenemos que llegar con una política distinta de la estabilización, tenemos que llegar con una que permita disminuir la cuenta, no moderar el alza porque están en situación de pobreza energética”.

Dicho mecanismo, que estará definido por reglamento, será trabajado durante febrero por los equipos de asesores de los parlamentarios y del ministerio, buscando que esté listo para el momento en que se publique la ley, y así poder ingresarlo a Contraloría en forma inmediata, permitiendo su activación de la manera más rápida posible.

Con todo, los legisladores acordaron con el Ejecutivo sesionar dos veces por semana, los lunes y miércoles, durante el presente mes y acelerar el despacho del proyecto a la Cámara. Pardow explicitó que el objetivo es tener aprobada la iniciativa durante el primer trimestre.