El gobierno anunció nuevas medidas que buscan ir en ayuda de impulsar la economía de la mano del sector construcción, uno de los que le ha costado más tiempo recuperarse tras el fin de las restricciones por la pandemia de Covid-19. Estas apuntan a modificar el reglamento de contratistas de obras públicas para dar paso a adelantar recursos para la ejecución de infraestructura, agilizar la gestión de los contratos, fortalecer la competitividad de las empresas y dar respuesta a la necesidad de reactivación económica, según detalló el Ejecutivo.
“La Dirección General de Obras Públicas instruyó a todos los servicios que están a su cargo, esto significa la Dirección de Vialidad, Obras Portuarias, Obras Hidráulicas, la Dirección de Aeropuertos, la Dirección de Arquitectura, de incorporar un anticipo por hasta un 20% del valor de los contratos en todos los casos”, informó la ministra de Obras Públicas, Jessica López.
Con ello, explicó, ahora las empresas privadas encargadas de llevar adelante las obras licitadas podrán acceder a mayor liquidez cuando avancen las obras. “Eso significa liberar a las empresas de ocupar esta línea de riesgo que los bancos les otorgan, e irla liberando a medida que la obra se va desarrollando. Esto es una medida importante, es una buena práctica que se usa en el sector privado, que en la medida que las empresas van avanzando en el trabajo se van liberando las garantías”, añadió López.
La ministra también detalló que “dentro de los contratos de construcción, en general, hay un conjunto de partidas (...) que no están completamente definidos en el inicio, que requieren ser cotizadas en cierto minuto y para ello el ministerio también va a otorgar anticipos para estas obras. Por ejemplo, estamos hablando de obras en el transcurso de los proyectos que pueden significar mover infraestructura eléctrica, infraestructura sanitaria y, por lo tanto, eso tiene costos que esas empresas cobran y además hay que pagarles apropiadamente, lo más anticipadamente posible”.
Otra de las medidas dice relación con las ejecuciones inmediatas de modificaciones de contratos. “La Contraloría nos autorizó un conjunto de posibilidades de ampliar en forma bien significativa las órdenes de ejecución inmediata y, como su nombre lo dice, eso nos permite que las obras no se detengan por cualquier modificación de contrato”, sostuvo la ministra.
“Estamos adicionalmente, planteando la posibilidad de formar consorcios para sumar capital, experiencia y la facultad de inscribir en el registro a contratistas de empresas relacionadas. Es algo que vamos a incorporar en forma permanente a nuestra operación. Inicialmente había sido una medida transitoria. Lo vamos a dejar en forma permanente, al igual que un conjunto de mejoras que seguimos trabajando internamente y posteriormente pasar a Contraloría , con el objeto de mejorar nuestro registro de contratistas, hacerlo más ágil, más fluido, que no tengan todas las veces que venir los contratistas con toda la documentación”, señaló.
López agregó que otra de las disposiciones busca promover una mayor participación de la mujer en el empleo relacionado a la construcción de obras públicas. Así, la iniciativa del Ejecutivo establece que “las empresas contratistas tengan al menos un 10% de trabajadoras dentro de su dotación. Eso es una cosa que esperamos que se vaya generando naturalmente, no de un día para otro, pero lo más aceleradamente posible y que, naturalmente, algunas empresas ya han incorporado y queremos con esto acelerar el proceso de incorporación de la mujer en este sector que ha hecho esfuerzos importantes, pero que todavía falta mucho de participación laboral femenina”, indicó.
La ministra de Obras Públicas además contextualizó que el Ejecutivo ha avanzado con disposiciones para no detener los avances de obras públicas al gestionar medidas si las empresas responsables no pueden seguir avanzando con sus proyectos. “En los últimos años hemos tenido una cantidad de obras abandonadas o terminadas anticipadamente muy importantes y la forma en que estaba estructurado esto era que el ministerio no tenía ni una capacidad de trabajar y proteger esas obras que quedaban ahí bastante abandonadas en su sentido más amplio, y hoy lo que tenemos es la posibilidad de que el ministerio sí intervenga, especialmente en lo que dice relación con la protección, la seguridad y la mantención básica para que esta infraestructura no se siga deteriorando y podamos protegerla apropiadamente”, resaltó.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que las medidas anunciadas responden a iniciativas que se adoptaron antes y que ahora pasan a ser permanentes, y otras gestiones dicen relación como facultades que el Ejecutivo hoy tiene. “Las inversiones tienen que ejecutarse y tienen que ejecutarse de una manera eficaz, evitando las interrupciones de obras, las demoras en los inicios del proyecto. Y para eso las medidas que está anunciando el Ministerio de Obras Públicas son muy importantes”, afirmó.
En tanto, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña, quien participó de la actividad, valoró las medidas anunciadas. “Esto va a permitir que las obras de construcción, que son beneficiarios de todos chilenos, se ejecuten de forma más rápida (...) a las personas les va a llegar un bien de uso público mucho más rápido y, por lo tanto, va a mejorar la calidad de vida de las personas”, dijo.
“Como consecuencia también, este aumento de la inversión también va a traer un aumento en la contratación de personas que están hoy día desempleadas”, concluyó.
