El 7 de junio de 2023,el vicepresidente ejecutivo de Primus Capital, Eduardo Guerrero, prestó declaración ante el fiscal jefe de la Fiscalía de Las Condes, Felipe Sepúlveda. Sus palabras quedaron plasmadas en un documento de siete páginas y ahí detalla paso a paso lo que, a su juicio, fue el origen del millonario fraude que sacude al segundo factoring no bancario más relevante de la plaza en una trama que incluye acusaciones de cheques falsos, lujosos viajes, modelos peruanas y el supuesto envío de dinero en maletas a Panamá.

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Según Guerrero, el gerente general, Francisco Coeymans, y el gerente comercial, Ignacio Amenábar “tenían montada una estructura defraudatoria para robarnos”. Ambos “se organizaron con terceras personas para la creación de sociedades instrumentales que dieron paso a una organización criminal a través de la cual se logró desfalcar a la compañía, simulando negocios reales, para justificar las operaciones que aprobaban y transfiriendo muchas veces los fondos a las sociedades que integran la organización criminal en vez de al supuesto cliente que debería ser el receptor”.

En su relato, el ejecutivo sostuvo que en los primeros años, Primus “superó sistemáticamente las proyecciones iniciales, lo que determinó un crecimiento mucho más rápido al previsto originalmente, lo que se vio acompañado por importantes premios a los socios gestores, tanto en mayor participación en la compañía (llegando al 16,79%), como en incrementos de renta, bonos e incluso dividendos antes de lo contemplado en base al presupuesto original”.

“Recuerdo cómo a mediados de marzo del 2019, Francisco (Coeymans) nos contó que estaba muy complicado por la aparición de un tumor cancerígeno en la cara de su hijo, y que requería de manera urgente poder tratarlo en el Hospital de Boston, donde estaban los expertos a nivel mundial para tratar ese tipo de casos, ante lo cual no tenía dinero para poder ingresarlo de inmediato, por lo que apenas nos contó, le transferimos directamente al Children’s Hospital Intenational de Boston los US$150 mil necesarios para que pudiera iniciar sin demora el tratamiento de su hijo”, acotó.

“Relato estos eventos para que se pueda dimensionar el nivel de confianza que les teníamos, y por tanto, el grado de traición que sentimos al enterarnos de la cantidad de ilícitos cometidos por Francisco e Ignacio, dañando irremediablemente a quienes fuéramos no sólo sus socios, sino también sus leales amigos quiénes los apoyamos tanto en sus temas personales como en el supuesto afán de crecimiento profesional a través del desarrollo de Primus”, acotó.

En su declaración, Guerrero explicó que la compañía encomendó una auditoría a KPMG, y se ha podido acreditar “un perjuicio de proporciones que a la fecha asciende al menos a $9.200 millones asociados a documentos falsos que simulaban ser cheques, $700 millones en un depósito a plazo falso que si bien era una garantía da cuenta del nivel de la contraparte que teníamos, $3.080 millones entre facturas falsas de lansa y Minera Gaby, más una cartera comprometida por al menos $25.000 millones adicionales, monto que podría crecer y respecto del cual no tenemos certeza de las reales posibilidades de recuperación atendida a esta situación”.

También comentó, en una de las primeras declaraciones prestadas en la investigación de la Fiscalía, que “en estos días la empresa ha sido víctima de un verdadero ciber ataque, dado que se han realizado un sinnúmero de intentos de ingreso a nuestros servidores y los directores hemos recibido correos falsos, que simulan provenir de una supuesta cuenta del presidente del directorio Raimundo Valenzuela, para que les informemos del estado de avance del informe que encomendamos a la auditora KPMG”.

Luego de la declaración de Guerrero, ese mismo día el fiscal continuó escuchando el relato del fiscal de Primus Capital, Patricio Cárdenas. El abogado, que al mismo tiempo es accionista de la sociedad con una participación del 1,4%, explicó que “los cheques falsos nunca pasaron por la gerencia legal, mi gerencia no trabaja con los documentos cedidos. En el caso de los cheques, no tenemos acceso a estos documentos, solo lo tenemos cuando han sido protestados y nos son entregados para hacer su cobranza judicial”, acotó.

Cárdenas denunció ante el fiscal que, a petición del entonces gerente general, Francisco Coeymans, las ejecutivas Constanza Ahumada, Tamara Posch, Claudia Ahumada, Daniela Vargas, y Stephanie Gemmel “solicitaron la creación de clientes nuevos, cada una solicitó aproximadamente un grupo de 5-6 clientes, todos con las siguientes características: empresas en un día, constituidas el día anterior o mismo día de la solicitud, con el mismo representante legal, por el mismo monto a avalar, cada grupo societario con las mismas direcciones, todos los requerimientos con carácter de urgentes”.

“Quiero dejar constancia que desde el día en que los señores Coeymans y Amenábar fueron suspendidos inicialmente de Primus Capital, he sido alertado en reiteradas ocasiones de que mi cuenta de WhatsApp está siendo registrada en un dispositivo nuevo, en otras palabras, he sido víctima de ataques cibernéticos que se han manifestado de distintas formas, también a través de mensajes provenientes de números que desconozco y también a través de alertas que me llegan a mi cuenta Gmail”, acotó.

En tanto, el mismo día en que declararon los dos ejecutivos anteriores, el director de Primus, Benjamín Lazo, acudió a la fiscalía para prestar declaración ante el persecutor. En aquella oportunidad, el directivo detalló el tenso directorio del 29 de marzo de 2023 en el que se abordó el informe del contralor que detectó “cheques falsos en la cartera” de negocios del factoring.

“Luego se dio la palabra a Juan Eduardo Coeymans (padre del gerente general), quién expresó que puede que su hijo se haya equivocado, pero que tiene la confianza de que es una persona ética, criado en una familia con valores, y que por lo tanto puede que haya administrado mal la compañía o que lo hubiesen estafado, pero nada tiene que ver en alguna ejecución a conciencia de un hecho indebido. Asimismo, pidió que para la votación de los temas que se derivaran de todo el problema, se abstendría por razones obvias de familiaridad”, contó Lazo.

“Si bien a esas alturas las confianzas estaban quebradas, no llegué a imaginarme (ni creo que se imaginarán los demás directores) que estábamos, a mi criterio, frente a una de las mayores asociaciones criminales para estafar”, añadió.

“Estábamos frente a una asociación criminal organizada, de la cual aún no tengo claro su real alcance, pero que operaría tanto en Primus como en otras compañías financieras y operativas, del mundo privado y estatal, con alcance tanto en Chile como en el extranjero”. “En esta organización participarían a lo menos 8 personas centrales, en conjunto con más colaboradores operacionales y/o instrumentales”, concluyó.

El 26 de julio, Ian Ukrow, gerente de Riesgo de Primus prestó declaración ante el cuartel Borgoño de la PDI. Su relato comienza explicando que desde los primeros años Amenábar y Coeymans conformaron un equipo de ejecutivas comerciales conocidas como “Las VIP”. Se trataba de ejecutivas comerciales que tenían contrato con una alta remuneración y de carácter fijo sin variable, pero que la mayoría de sus negocios eran gestionados por ellos.

También sostuvo que un día encaró a Francisco Coeymans por otorgar créditos que superaban el límite establecido por la sociedad de $2.000 millones a las sociedades que conforman el supuesto esquema defraudatorio. “Hoy tengo la certeza y evidencia de que mientras a mí me negaba todo, les escribía a las ejecutivas de que no volvieran a solicitar desbloqueos a riesgo, sino que debían hacerlo al área de operaciones para evitar cuestionamientos weones”, añadió.

Por último, dijo que “se percibía también un descontrol en su vida persona, ya que cuando venían a la oficina llegaban muy tarde y se iban muy temprano, a veces llegaban con claras señales de resaca u olor a alcohol”. “Cuando se iban a Perú supuestamente a trabajar no iban a la oficina, y que su vida social estaba llena de juntas y fiestas con varios de los asesores de los clientes de Primus, de las cuales exhibían fotos con mujeres”, concluyó.

Por su parte, el 5 julio del año pasado, declaró ante el Cuartel Borgoño, Brian Moore, gerente corporativo de operaciones y finanzas de Primus. Ante la PDI sostuvo que en ocasiones fue denostado por Coeymans en los partidos de futbol que organizaba en su casa su amigo Antonio Guzmán en Chicureo.

“Iba invitado bajo presión y casi como obligación por Coeymans donde no me atrevía a decir que no, dado su fuerte carácter y el efecto que pudiera tener en mi puesto de trabajo”, sostuvo. En una ocasión recodó que Coeymans, al ver que él se iba al terminar el partido, le dijo: “Cómo te atreves a irte tan temprano si yo te cambié la vida y te saqué de la empresa donde eras junior”.

También sostuvo que “todas las operaciones fraudulentas se hacían al cierre de la jornada laboral e incluso posterior, cuando las personas ya tienen un desgaste físico y la presión de revisión disminuye. Se ejercía una presión de curse urgente y encima de las personas de operaciones que revisan los documentos para obtener una revisión en tiempos anímalos. Una vez aprobados los negocios del día, el cheque falso se entregaba al área de tesorería para su administración”.

“Me decía que tenía absolutamente controlada la situación y que estaba sobre garantizando con activos, así que no me preocupara. Esto definitivamente se transformó en mi calvario, situación que duró desde el 8 de marzo de 2021 hasta el 30 de julio de 2021, luego de esto tuvimos un fuerte altercado y terminó”, comentó Moore.

La Fiscalía, hasta ahora, ha pedido formalizar a cuatro personas. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió fijar para el 27 de febrero de 2024 la audiencia de formalización de ex gerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans y el ex gerente comercial del factoring, Ignacio Amenábar, el técnico de cocina Marcelo Rivadeneira y el abogado Antonio Guzmán. Los cuatro serán formalizados por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, “blanqueo de capitales y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso cometidos durante enero de 2019 y junio de 2023.