Con decepción y preocupados de los impactos que podría generar en desarrollo de la actividad minera recibieron las dos principales entidades gremiales de la minería, el anuncio de indicaciones al proyecto del rayalty minero, y que contemplan una carga tributaria máxima del 50% sobre la rentabilidad operacional de las compañías afectas al impuesto específico.
Tras la presentación que realizó este martes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la comisión de Hacienda del Senado -donde se encuentra la iniciativa, en su segundo trámite legislativo-, tanto el Consejo Minero como la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) reconocieron que las modificaciones no satisfacen las expectativas del sector de conjugar una mayor pago de impuestos con un ecosistema que mantenga la competitividad frente al resto de los países con que compite Chile.
“Nuestro llamado es que a partir de hoy se pueda avanzar hacia un acuerdo para que el límite a la carga tributaria sea compatible con la competitividad internacional, para mantener los incentivos a invertir en la minería chilena. El 50% propuesto es definitivamente excesivo”, planteó en una declaración el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino.
En su análisis, la modificación desde los parámetros con que el proyecto había salido desde la comisión de minería “resultaba en cargas excesivas, sobre el 50%, lo que habitualmente se considera confiscatorio”. En esa línea, Villarino remarcó que, con la nueva fórmula, el Ejecutivo “finalmente ha reconocido que en la discusión numérica, el sector minero estaba en lo cierto con el consecuente impacto del proyecto de ley”.
Pese a lo anterior, el líder gremial plantea que “el gran problema, que se ha reiterado desde hace meses, es que con el límite de 50%, que ahora transparenta el Gobierno, habrá varias compañías mineras que quedarán al borde de una carga tributaria confiscatoria y la carga promedio de la industria quedaría en 48%, muy por sobre el 44%”, nivel considerado como el promedio mundial, de acuerdo con un estudio comparativo del Fondo Monetario internacional, de 2022.
En en su análisis, Villarino cuestiona además las estimaciones con que se justificó el límite de 50% a la carga tributaria máxima, segurando que “el Gobierno calcula cargas tributarias artificialmente bajas, a través de un modelo de Michel Jorratt que ningún otro analista usa y que el mismo Jorratt posteriormente modificó en un estudio con profesores de la Universidad Católica”.
Por su parte, el presidente (s) de la Sonami, Cristián Argandoña, estimo como decepcionante las indicaciones presentadas por Hacienda.
“Estábamos confiados en que la autoridad económica hubiese entendido nuestra inquietud sobre el impacto que tendrá el royalty en la competitividad del sector, constituyéndose en la práctica en una amenaza a la continuidad de varias operaciones y limitando severamente las inversiones futuras”, sostuvo Argandoña, por medio de un comunicado.
El vicepresdente del gremio remarcó que aún deberán estudiar con más detalle las indicaciones presentadas por el ministro Mario Marcel, “pero claramente el establecer una carga tributaria potencial máxima de 50%, es extremadamente alta y aumentará el riesgo de perder flujos de inversión y de continuar perdiendo competitividad”.
El directivo coincide con Villarino, y cuestionó también las estimaciones presentadas por el ministro de Hacienda, asegurando que éstas “parten de un falso supuesto, pues considerando la situación actual, con precios del cobre de US$3,7-US$3,8 por libra la carga impositiva sería inferior al 35%, en circunstancias que todos los análisis sitúan ésta en torno al 38%-39%”.
“Este nivel de tasas que se propone nos sitúan por sobre nuestros competidores directos (Australia, Canadá y Perú), que tienen tasas impositivas efectivas que oscilan entre el 36,4% y 41,7%”, insistió Argandoña.
El directivo insistió que “como país debemos promover la inversión minera, por el efecto multiplicador que esta genera y debido a que la inversión que realicemos hoy es la base del crecimiento futuro”.
“Esperamos que en la comisión de Hacienda del Senado surja un debate constructivo que permita alcanzar un acuerdo en la materia que no afecte la competitividad de nuestra principal actividad productiva”, concluyó el presidente subrogante de la Sonami.
