El apagón del martes 25, al ministro de Energía, Diego Pardow (44), lo pilló poniendo la primera piedra de una planta eólica en Ñuble. Allí, a los segundos de la caída del sistema, recibió dos llamadas: la de la superintendenta de Electricidad, Marta Cabeza, y la del presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, para ratificarle que el corte era total. Debió usar la oficina de la Delegación Provincial en Quirihue para sus comunicaciones posteriores. Luego, en auto hasta Concepción, avión de Carabineros a Santiago y helicóptero al Museo Histórico Militar, vecino al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta a Desastres (Senapred). Un día nada normal que en gravedad sólo recordaba lo ocurrido el pasado 1 de agosto, cuando la capital quedó a oscuras. Aunque se apura en aclarar que ambas crisis son tan distintas que son incomparables: la del invierno fue una distribuidora afectada por vientos que derribaron árboles y postes de luz, y que se acotó a la Región Metropolitana, pero que se extendió por días; la de esta semana, una falla cuya razón aún no está clara, pues no ocurrió nada anormal antes, en una línea de transmisión que apagó a casi todo el país por hasta 15 horas.

Ministro, ¿qué falló el día martes?

-Es importante distinguir tres cosas que tienen espacios institucionales distintos. Está la falla, que a esta altura es bastante conocido lo que ocurrió con los sistemas de protección de esa línea (Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar de ISA Interchile). Hay un sistema de protección que separa los dos circuitos y ese sistema de protección hace que la línea deje de funcionar y no permita la transferencia de la energía que estaba transportando en ese momento.

Pero en el milisegundo antes de la falla, la famosa “operación no deseada”, ¿qué es eso? Porque para que ocurra lo que me dice, tiene que haber pasado algo antes y no había nada anormal en el sistema.

-Es parte de las investigaciones. Está razonablemente claro el lugar geográfico y momento temporal de la falla, pero lo que gatilla esa activación no deseada del sistema de protección, todavía es objeto de investigación y va a ser una parte central del Informe de Análisis de Falla, que corresponde que en su versión preliminar aparezca durante la próxima semana.

Perfecto, entonces, ¿cuáles eran las otras dos cosas que había que distinguir? La primera era la falla misma.

-Después, viene la profundidad o extensión geográfica de la falla. Y, finalmente, la extensión temporal de la recuperación. ¿Por qué es importante distinguir estas tres cosas? Porque las fallas son parte de lo que se espera de un sistema eléctrico. Ahora, dentro del sistema, hay mecanismos que deben evitar su propagación. Y el sistema tiene un plan de defensa para contingencias extremas. Y ese plan, obviamente, no funcionó. Y una vez que la falla toma la dimensión geográfica que alcanzó, procede un Plan de Recuperación del Servicio (PRS), que se pone precisamente en la situación de apagón total: tenía que activarse, se activó, pero debería haber durado muchísimo menos de lo que duró. Ese PRS, que contemplaba levantar el sistema eléctrico por zonas, a la luz del tiempo que tardó en volver la energía y que todo terminara, habla de que no funcionó como se esperaba. Con esto, quiero decir que era una contingencia evitable y recuperable en menos tiempo. Tanto el Plan de Defensa frente a Contingencias Extremas como el Plan de Recuperación del Servicio son parte de las condiciones de funcionamiento del sistema eléctrico. Estos planes existen, se desarrollan, se observan por los coordinados, se prueban cada cierto tiempo, se auditan, se monitorean y se pagan.

Lo que está claro es que todos lo pagamos en nuestras boletas, pero lo anterior, de que se prueban, se auditan y se monitorean, no lo sabemos.

-Esas son las discusiones que vamos a tener a partir de ahora. Pero los planes existen. Fueron desarrollados en las instancias formales, con las observaciones de las empresas participantes en el sistema eléctrico. Obviamente tenemos que analizar en lo sucesivo qué fue lo que falló, porque el desempeño de estos planes no fue el adecuado. Eso es claro.

¿El desempeño de quién?

-Esa es la pregunta que hay que responder.

Usted, ministro, el mismo día de la crisis apuntó a tres empresas y no apuntó, por ejemplo, al mismo Coordinador Eléctrico Nacional, que al menos tiene la responsabilidad de coordinar.

-Ahí tengo un matiz de diferencia. Lo que hice ese día fue una relación de hechos ciertos. Y esa relación de hechos buscaba transmitirle una explicación a la ciudadanía de qué es lo que estaba ocurriendo y por qué estaba tomando tanto tiempo la recuperación del servicio. Entonces, cuando yo mencioné lo que estaba ocurriendo con algunos activos de generación…

Central Rapel y Central Quintero, ambas de Enel.

-Esos son hechos. No se está aventurando una hipótesis ni una responsabilidad.

También nombró a Transelec, ¿qué responsabilidad tiene? Según expertos, el problema mayor para la recuperación del sistema fue recuperar las comunicaciones y la plataforma Scada de Transelec. ¿Es así?

-A mí no me corresponde aventurar hipótesis ni atribuir responsabilidades. Los hechos son que, efectivamente, tanto el sistema de comunicaciones Scada como los telecomandos que permiten operar de manera remota subestaciones y líneas, fallaron. Y eso obligó, en muchos casos, a proceder a maniobras manuales, más lentas y más riesgosas. Eso es un hecho. ¿Quién es responsable y cuál fue su influencia en la extensión del apagón y la recuperación del servicio? Es lo que hay que determinar en los canales institucionales.

¿Sabe lo que pasó con las comunicaciones de Transelec? Ellos no han dado una versión oficial, pero circulaban versiones de que se les había cortado la fibra óptica.

-Obviamente tengo distintas informaciones, pero hay roles. Y mi rol no es ir completando a cuentagotas la información ni tampoco contribuir a formular hipótesis en estas situaciones.

Pardow, en su calidad de profesor de Derecho Administrativo, participó en la arquitectura institucional que dio origen al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y a las modificaciones legales que permitieron el nacimiento de un gran sistema eléctrico en el país. O sea, de este tema sabe.

El CEN es el encargado de entregar el informe de la falla y, al mismo tiempo, puede ser responsable, por tanto, podría tener el incentivo de deslindar responsabilidades en las empresas.

-El Coordinador Eléctrico Nacional no es un organismo público y es sujeto de fiscalización por parte de la superintendencia, tanto la persona jurídica del coordinador como los individuos que forman parte de su consejo, de manera separada.

¿Cuánto le cuesta al país el CEN?

-En nuestra arquitectura institucional, tomamos una decisión como país de establecer este organismo encargado de la administración del sistema eléctrico, la elaboración de los planes de emergencia, el monitoreo de su suficiencia, su prueba y su adaptación, que no pertenece a la administración del Estado, con independencia y autonomía financiera, que es el CEN, que se financia con cargo a las cuentas que pagamos todos los clientes públicos y regulados, y cuesta US$60 millones. Como comparación, el presupuesto anual de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles es del orden de los US$15 millones. Y la SEC tiene un ámbito de competencia mucho más extenso: regula las estaciones de servicio y los combustibles líquidos, que las estufas de parafina sean seguras, que la leña, los calefactores o los sistemas eléctricos cumplan las normas.

¿La SEC tiene las capacidades y recursos para enfrentar una coyuntura como esta?

-Sí, por supuesto. Es un organismo técnico responsable, que está hecho para enfrentar estos procesos de fiscalización. Es importante que, entendiendo la gravedad de la situación, hagamos un esfuerzo por cuidar nuestro entorno institucional.

Le pregunto por la capacidad y recursos de la SEC por la magnitud de esta crisis. El proceso por el corte de luz de agosto en Santiago aún continúa. Y este es mayor.

-Sí, pero son fenómenos muy distintos. Geográficamente es mayor, pero temporalmente más acotado. Y son muy distintos porque, además, en un caso se trata de la recuperación del servicio de distribución y que lo requiere es arreglar una infraestructura física que se daña: árboles o postes caídos, etc. En este caso, la infraestructura de transmisión no sufrió grandes desperfectos. Era un esfuerzo operacional. Son cosas distintas y, obviamente, las investigaciones en uno y otro caso son bien distintas también.

Hay una cosa donde sí hay claridad: todos se echan la culpa. Las empresas al Coordinador; el Coordinador a las empresas. Nadie, salvo ISA Interchile, que no tenía ninguna posibilidad de eximir responsabilidad en la falla inicial, ha aceptado responsabilidad.

-Efectivamente, en la extensión geográfica, en la profundidad de la falla y en la extensión temporal, hay una cadena de responsables. Y cuando digo que tenemos que cuidar los espacios institucionales, es para garantizarle a la ciudadanía que, frente a una contingencia evidentemente compleja y un caso que va a ser complejo en cantidad de responsables, esto no se transforme en Fuenteovejuna, donde hay muchos responsables y finalmente nadie es responsable. Cuidar los cauces institucionales también implica evitar que esto se transforme en un escenario donde la culpa es del sistema, de las estructuras, y no de individuos claramente determinados y con responsabilidades concretas. Eso no va a pasar.

Pareciera que este proceso va a ser largo, que vamos a ver esto hasta que la Corte Suprema falle, lo que podría tomar años.

-Sí, pero nosotros vamos a trabajar porque al menos la explicación inicial, que es el Informe de Análisis de Falla, se haga en tiempo y forma. Y quiero invitar a las empresas sujetas a coordinación a tomar con la mayor seriedad este proceso. El Coordinador anunció que va a intentar acortar los plazos legales, pero, para hacerlo, necesita que las empresas le envíen la información lo más completa y oportunamente posible. Obviamente, lo he hablado con la superintendencia y vamos a fiscalizar que los plazos máximos se cumplan. Acá todos tenemos una responsabilidad de cuidar nuestros espacios institucionales. Y el primer espacio institucional que nos va a permitir responderle a la ciudadanía inicialmente qué es lo que ocurrió es el Informe de Análisis de Falla. Ese es un primer hito, porque es importante transmitirle a la ciudadanía que, efectivamente, las sanciones finales y las compensaciones seguramente van a tomar tiempo.

¿Y uno podría pensar que el ministro que lo suceda, sea del signo que sea, mantenga esta posición? Al analizar la crisis, la candidata presidencial Evelyn Matthei no nombra a empresas y se va contra la falta de inversiones por la permisología.

-A mí me sorprendió esa declaración, porque yo hablé con la candidata, cuando era alcaldesa, de la importancia de los temas de energía. Hay muchos aspectos de las políticas energéticas o de lo que ocurre en este sector, que trascienden y pasan de un gobierno a otro. Y es importante que seamos responsables en construir consensos para salir un poco de la trinchera política. Y esa ha sido mi experiencia con todos los exministros anteriores, de gobierno y de oposición.

¿Habría sido distinta esta crisis si, por ejemplo, se hubiese aprobado más rápido la infraestructura de transmisión que hace falta?

-Los antecedentes que tenemos ahora apuntan a errores de gestión, no a falta de inversión, entonces no hubiera hecho una diferencia. Sin perjuicio de eso, el gobierno es el principal interesado en que aceleremos la ruta crítica de inversiones en términos de permisos. Para poner un caso muy concreto: el proyecto de línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre. Si se aprobara el proyecto de ley que impulsa el ministro (de Economía) Grau en materia de permisos sectoriales, la ruta crítica de Kimal-Lo Aguirre disminuiría en cerca de un cuarto de tiempo.

Después del problema de agosto, usted centró su discurso respecto al rol del Estado en las empresas eléctricas. Planteó que era más seguro para la ciudadanía que una parte de la distribución eléctrica estuviera en manos estatales. Según los antecedentes que tenemos hasta ahora, los problemas de este apagón no fueron en la distribución, sino en la transmisión. ¿Esto refuerza su hipótesis de que el Estado debiera tener participación en estos negocios eléctricos?

-Cada discusión tiene su tiempo. Lo primero es conseguir que la emergencia se supere, ya se consiguió. Lo segundo es transmitirle a la ciudadanía una explicación clara, transparente y razonablemente exhaustiva de lo que ocurrió, y ese es el momento en el que estamos ahora. Con esa explicación, va a ser el momento de la responsabilidad y las sanciones, y después de eso es cuando uno hace la evaluación de los aspectos de fondo, más programáticos, y las oportunidades de mejora. Esa es una discusión muy legítima, pero que no es para ahora, es para más adelante. La discusión programática primero requiere un análisis forense exhaustivo y con una falla tan compleja como esta, va a tomar tiempo.