Durante los primeros seis meses de gobierno, el abogado Diego Pardow tomaba permanentemente su antigua bicicleta para desplazarse desde su casa en Providencia a La Moneda, donde se desempeñó como asesor clave del Segundo Piso de Palacio. Sin embargo, el militante de Convergencia Social y amigo personal del Presidente de la República Gabriel Boric, confiesa que esa costumbre le ha sido más difícil de cumplir durante el último mes.

Su nuevo rol como ministro de Energía desde principios de septiembre pasado ha intensificado su agenda y lo ha puesto al frente de una serie de desafíos que están en el corazón del proyecto de la coalición gobernante. No sólo buscará avanzar en proyectos ligados al sector energéticos que estaban en el “congelador” desde administraciones pasadas, sino también acelerar y explicitar el exigente calendario para descarbonizar la matriz energética al año 2030.

En su debut como ministro de Energía, Pardow también deja en claro que la gran tarea de mediano y largo plazo para el país es seguir diversificando su matriz energética. “La lección en materia de seguridad energética que nos deja la guerra en Ucrania es que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta”, afirma Pardow tras participar y compartir con ministros de Energía, Ciencia y Medio Ambiente de más de 30 países en el Global Clean Energy Action Forum, realizado recientemente en la ciudad de Pittsburgh (Estados Unidos).

¿Cuál será el sello de su gestión como ministro de Energía en esta nueva etapa de gobierno?

Este es un sector que tenía muchos atrasos en materia legislativa. De aquí a fin de año nos enfocaremos en ponernos al día sobre esta deuda que ha ido arrastrando el sector desde administraciones anteriores. Es un segundo tiempo de conseguir entregables y abrir también un espacio para conversaciones más estructurales, como el sistema de regulación de la industria del gas natural.

En un horizonte más extenso, además, está el rol determinante del Ministerio de Energía en los compromisos asociados al cambio climático en Chile y, en particular, con la descarbonización de la matriz energética. Ese es el principal desafío que enfrentamos como sector y como ministerio. Estamos abocados a conseguir que ese proceso no sólo sea lo más exitoso posible, sino que también se traduzca en mejoras concretas para la calidad de vida de las personas, tanto de los trabajadores, generando empleos de calidad, como de las comunidades que hoy están afectadas por la generación de carbón.

¿Cuáles son los principales “atrasos” que pretende destrabar?

La Ley de Biocombustibles Sólidos, que acabamos de sacar adelante; el proyecto de Ley de Almacenamiento y Electromovilidad, que está en el Senado; el proyecto de ley de Cuotas de Energía Renovable y otro conjunto de incentivos para la generación con energías renovables, que los vamos a impulsar en la Cámara apenas haya espacios. Detrás de eso tenemos un espacio institucional para establecer las mejoras a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

¿Se mantiene el plazo para el plan de descarbonización de la matriz energética hacia el 2030?

Al conversar solamente en términos de plazos pareciera que esto fuera como una negociación y no es así. Esto es un esfuerzo que requiere tanto del sector público como del sector privado para alcanzar esta meta de descarbonización. Estamos trabajando en hacer explícitas las condiciones habilitantes que son necesarias para que ese plazo se cumpla.

Para cumplir esta meta de descarbonización es necesario aumentar la capacidad de generación en 30 gigas. Hoy nuestra capacidad de generación son 30 gigas, es decir, tenemos que duplicarla en menos de una década. En nuestro mejor año fuimos capaces de inyectar al sistema 2,6 gigas y eso fue el año pasado. No es ni siquiera suficiente con multiplicar por diez nuestro mejor año. Esto no es solamente un tema cuantitativo, ni de fechas. Es un tema muchísimo más rico y donde hay que ser explícito sobre qué es lo que tiene que ocurrir. Tenemos que mejorar, por ejemplo, los sistemas de almacenamiento y por eso nuestra prioridad está en dicho proyecto.

Su mensaje es que es una labor titánica y que requiere resolver muchos de factores…

Algunos (de estos factores) son institucionales también. Nuestro sistema de permisos y de evaluación ambiental necesitan crecer sustancialmente, pero también el Poder Ejecutivo tiene una labor de liderazgo tremenda, entre otras cosas, para aumentar su capacidad de respuesta frente a proyectos de inversión. Asimismo, el sector privado tiene que seguir estas señales y materializar los proyectos de inversión.

Estamos trabajando en hacer explícita estas condiciones habilitantes que, además, tienen distintas alternativas. Tendremos que discutir sobre si vamos o no a facilitar un combustible intermedio, si vamos a facilitar o no la posibilidad de hacer blending. Tenemos adicionalmente que construir 4.000 kilómetros de líneas de transmisión. Debemos hacer explícito todo lo que tiene que ocurrir para que este plazo se cumpla. Después de eso tenemos que reunir a todo el Poder Ejecutivo detrás de esta meta fundamental para descarbonizar nuestra matriz energética. Luego, hay que convocar al sector privado, a los organismos de financiamiento internacional y así todos podemos empujar.

Usted está sincerando la complejidad que significa avanzar en este plan de descarbonización. ¿Eso implica que las fechas prometidas deberán flexibilizarse?

Si en cinco años más nos hemos dado cuenta de que no hemos avanzado lo suficiente, habría que redoblar los esfuerzos. Esto no es simplemente anunciar la meta del año 2030 y olvidarse hasta seis meses antes de que eso ocurra. Estamos trabajando en hacer explícito el calendario de trabajo que tenemos que hacer para involucrar a todo un gobierno en este aspecto. La descarbonización de la matriz energética y una transición socioecológica justa no está solamente en el corazón del plan de gobierno, sino que es fundamental para el proyecto país que estamos construyendo.

Chile se ha transformado en un líder internacional en energías renovables. Las políticas de fomento en este sector han sido muy exitosas. Sin embargo, todo lo bueno que hemos hecho en materia de energías renovables no ha sido capaz de reducir nuestras emisiones. En los últimos cinco años aproximadamente hemos estabilizado nuestras emisiones de carbono, pero no las hemos reducido. Este es un desafío tan grande que no solamente debe liderarlo el Ministerio de Energía. Debe tener la colaboración de otros ministerios, el Congreso, autoridades locales, la empresa privada y los organismos de financiamiento internacional.

¿Poner la fecha límite de 2030 fue voluntarista, entonces?

No, porque no quedaba otra alternativa. Estamos entre la espada y la pared en términos del cambio climático. No tenemos alternativa sino acelerar la reducción de las emisiones de carbono, porque si no, el calentamiento global generará consecuencias dramáticas.

¿Cuál es el compromiso de su administración para avanzar el desarrollo del hidrógeno verde a precios competitivos?

Es importante entender a qué nos referimos con precios competitivos. Hoy el precio producido con energías renovables no genera externalidades (daños al planeta), a diferencia del combustible fósil. Entonces se están poniendo a competir dos cosas distintas: una que se hace cargo de sus externalidades y otra que no se hace cargo. La demanda internacional del hidrógeno verde depende en buena medida de que los países industrializados sostengan o aceleren el calendario de implementación de sus impuestos correctivos (a los combustibles fósiles). Como país tenemos que ir generando las condiciones para que cuando veamos esa demanda, que va a crecer muy rápidamente, aprovechemos el movimiento.

Hoy la demanda internacional de hidrógeno verde es pequeña, pero también el calendario de implementación de estos impuestos correctivos indica que se debería acelerar. Como gobierno estamos trabajando por el lado de la oferta: Corfo está financiando algunos proyectos de producción de hidrógeno verde y estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales también en proyectos que deberían materializarse en terrenos fiscales para empezar con la producción de esta energía. Por el lado de la demanda tenemos varios pilotos específicos que buscan generar conocimiento y aprendizaje con demanda local.

¿El objetivo de proveer de gas licuado a 100 mil familias hacia fines de año, en sólo tres meses más, es posible de cumplir? ¿No es mejor sincerar hoy que esa meta se postergará?

Hay un piloto que va a ser evaluado por ENAP, el que va a emitir un reporte acerca del funcionamiento de ese piloto. No tiene sentido especular sobre el contenido de ese informe, sino que hay que esperar que eso se produzca. Si en ese momento es necesario sincerar algún tema, o encontrar otra trayectoria para cumplir con los compromisos presidenciales, no tengo ningún problema en hacerlo.

¿Cuál es su diagnóstico sobre lo que pasa en el mercado del gas en Chile?

En el gas hay varios segmentos. Está el gas natural y también está el gas licuado de petróleo que se distribuye a través balones. En ambos casos hay bastantes desafíos estructurales. En el caso del gas natural, vamos a hacer una comisión de expertos y académicos para darle una orientación a la ley larga, la que es una reforma estructural. En el caso del gas licuado de petróleo, hay un compromiso con la Cámara de Diputados de presentar un proyecto y estamos trabajando para cumplir ese compromiso. De todas formas, es bastante transversal el diagnóstico de que hay mucho por mejorar en la regulación tanto del gas licuado de petróleo como el gas natural.

¿Cuál es el calendario para avanzar en la ley larga del gas?

Vamos a generar un grupo de expertos durante este mes y la idea es que sesionen en noviembre, diciembre y enero. A fines de ese mes se debiera entregar un informe, con el cual vamos a hacer un trabajo prelegislativo y así presentar el proyecto de ley en marzo.

¿Hay algún aprendizaje que esté dejando la guerra entre Rusia y Ucrania sobre la vulnerabilidad energética en el nuevo mapa geopolítico?

La preocupación por la seguridad energética se tomó la agenda en Europa. La lección en materia de seguridad energética que nos deja la guerra en Ucrania es que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Nuestra matriz energética tiene que ser diversificada, resiliente y sostenible y tenemos que trabajar en todo al mismo tiempo. También disminuir nuestra huella de carbono, hacerla más resiliente a distintas contingencias y diversificarla en términos tecnológicos. No podemos depender sólo de paneles solares, no podemos depender solamente de energía eólica, no podemos depender de energía hidroeléctrica. Debemos tener una combinación lo más diversa posible.

Pero hay buenas noticias en Chile en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, una tecnología que no es muy común en el resto de Latinoamérica, que es la concentración solar de potencia. Hoy existe un proyecto que es Cerro Dominador, que ha sido exitoso en producir energía a partir del sol. Este es un proyecto único en Latinoamérica.

¿Más allá de la hidrología, que se comportó relativamente mejor este año que en periodos anteriores, hay riesgo para el suministro eléctrico en los próximos años?

No hay riesgo de desabastecimiento hoy en día sobre la mesa, pero el desafío es tener una red diversificada, con suficiencia y seguridad, y para eso tenemos que seguir trabajando en crear nuevos proyectos. Ojalá con un portafolio de tecnología lo más diverso posible.

Fue un serio candidato a liderar ministerios sectoriales durante el primer diseño de gabinete de gobierno a inicios de año. Sin embargo, el abogado llegó como clave asesor del Segundo Piso de La Moneda, donde siguió de cerca el funcionamiento de muchos ministerios e interactuó con el sector privado.

“Fueron seis meses de aprendizaje... con la guitarra”, dice Pardow, al referirse al duro comienzo político que ha tenido el gobierno de Boric y el frecuente uso político de la frase “otra cosa es con guitarra”, que alude al realismo de gobernar.

Sin entrar en detalles, Pardow reconoce que su estadía en La Moneda fue una gran experiencia. “Me permitió tener una perspectiva bien general de todos los equipos de funcionamiento, y hoy me permite construir de colaboraciones superrápidas con equipos de diferentes ministerios”, afirma el abogado, quien admite que el alto costo pagado por haber bajado inmediatamente el gasto público en el primer año de gobierno permitirá avanzar con mayor facilidad en los siguientes ejercicios.

“Nos tocó como gobierno reducir el gasto público en un 25%. Eso es algo que nunca se había hecho la historia de Chile y que tampoco ha hecho ningún otro país en el mundo. Haberlo hecho durante el primer periodo de gobierno, durante los primeros seis meses, abre un espacio donde lo que viene ahora debería ser más fácil”, afirma, optimista.