La polémica suspensión del proyecto Central de Bombeo Paposo de Colbún por US$1.400 millones sigue acaparando la atención y el tiempo de la directora ejecutiva ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán. La abogada llegó este lunes hasta la sede del Senado en Santiago para referirse al bullado caso, y también a la situación que afectó al proyecto de CAP en Atacama, que busca dar continuidad operacional en la Mina los Colorados.

Citada por la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, Valentina Durán abordó sin rodeos por qué terminó adoptando la decisión de remover al entonces director regional del SEA Antofagasta, Ramón Guajardo, quien fue el encargado de poner término anticipado a la iniciativa en agosto, y de rechazar también el recurso de reposición presentado por la empresa del grupo Matte ante la misma autoridad administrativa, un mes más tarde.

Durán aclaró este lunes que ya podía emitir su pronunciamiento, “porque el proyecto ya fue desistido”. En esa línea, afirmó que “técnicamente, yo no estoy de acuerdo con la decisión del director. Creo que este es un proyecto cuya evaluación se pudo permitir que continuara”.

En esa línea, si bien Durán calificó la herramienta del término anticipado como una “una herramienta útil para la evaluación de impacto ambiental y que en ningún caso significa un rechazo, sino una oportunidad de mejorar”, agregó que “debe aplicarse con el criterio necesario”.

En el caso de Paposo, el SEA Antofagasta acusó que el proyecto de Colbún no identificó debidamente en el área de influencia de la iniciativa la existencia de dos grupos humanos del pueblo chango no reconocidos por Conadi, pero sí otros grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas.

En esa línea, durante la sesión Durán recordó que en el análisis del organismo regional se detectó que hubo deficiencias en cuanto a la Información Relevante y Esencial (IRE), aspecto regulado por la ley 19.300. Pero, más tarde, Durán enfatizó que, a su juicio, esa falta de antecedentes “se podrían haber subsanado, esa es mi opinión técnica”.

A continuación, la abogada afirmó que lo zanjado por Guajardo “evidentemente es una decisión que es debatible, no es una decisión de blanco-negro, una decisión difícil”, y aunque afirmó tener “el mayor respeto por ese director que ya salió, técnicamente yo no estoy de acuerdo con esa decisión”.

La abogada ahondó sobre la remoción de Guajardo recordando que está facultada, “en el marco de la alta dirección pública, para tomar una decisión así”, y entregó su visión de cómo los directores regionales deben ejercer sus funciones.

“Entiendo que un director debe apoyarse en un equipo técnico, puede eventualmente pedir apoyo a la dirección ejecutiva, pero está también dentro del perfil de cargo de un director regional, que es una autoridad finalmente de gobierno regional, poder tener una visión estratégica, sopesar adecuadamente una decisión y también gestionar esa decisión”, indicó. Y aunque afirmó que no tenía la intención de polemizar con el ahora exdirector regional, “y ya que me la preguntan, esa es la razón por la cual le pedí la renuncia”.

Otro aspecto que la directora ejecutiva del SEA abordó fue la falta de comunicación adecuada entre la dirección regional y el nivel central en este caso. Así, explicó que existen protocolos de comunicación interna para que las direcciones regionales puedan efectuar consultas y indicó que, “en este caso, el director, si bien informó, informó parcialmente y no informó de la totalidad de las razones por las cuales quería ponerle término anticipado a este proyecto”.

“Así que hubo una deficiencia ahí, solamente informó parte de su decisión en medio humano, no así en relación con el componente fauna”, aclaró, y agregó que, dado el actual ordenamiento jurídico, esta fue “una decisión descentralizada en la que yo no puedo intervenir”. Por eso, la abogada valoró que los senadores que tramitan el proyecto para reformar la entidad ya aprobaran la creación de un recurso jurídico que podría haber evitado este polémico episodio.

“Creo que es una muy buena noticia, y puedo valorar que se haya aprobado la procedencia de recursos jerárquicos frente a esta decisión”, indicó.

La ministra Maisa Rojas, presente en la sesión, solo intervino para valorar los avances de la reforma. “Quisiera aprovechar esta situación coyuntural para recordar que lo que nos tiene convocados acá es un proyecto de ley justamente para modernizar, actualizar el sistema de evaluación de impacto ambiental (...) Ustedes ya aprobaron hace un par de semanas este recurso jerárquico sin duda hubiese ayudado en esta situación”.

Sin embargo, Valentina Durán también envió un mensaje a Colbún, que ha puesto en duda si finalmente reingresará o no a tramitación ambiental su millonaria iniciativa en la Región de Antofagasta.

“Quiero aclarar -porque entiendo que puede existir la preocupación respecto de un titular que señala con publicidad que no va a continuar la evaluación- que esto en ningún caso implica abdicar de nuestra principal función, que es la protección del medio ambiente. Creo que, en ese sentido, aquí hay una decisión que yo tomo en un contexto técnico y en un contexto estratégico, pero nosotros mantenemos plenamente nuestro compromiso por una evaluación técnica de excelencia”, indicó.

En esa línea, Durán dijo “defender y respaldar a los funcionarios y funcionarias del Servicio de Evaluación Ambiental, porque aquí no hay un reproche al trabajo de aquellos funcionarios”. Así, la abogada planteó que “no es fácil trabajar en el servicio. Es un lugar que a veces es ingrato”, pero pidió diferenciar entre los funcionarios de carrera de la institución y sus directores regionales.

“Una cosa es la responsabilidad que tiene un director regional o una directora ejecutiva, y otra es la responsabilidad que tienen los funcionarios, los evaluadores, que van contribuyendo a las decisiones que toman las respectivas autoridades y en algunos casos las comisiones de evaluación”, señaló.