El tercer rechazo consecutivo que sufrió el proyecto Dominga en el Consejo de Ministros volvió a dejar la iniciativa sumida en la incertidumbre sobre su futuro. Y es que, contrario a lo que la empresa y organizaciones a favor del proyecto esperaban, el órgano colegiado resolvió en forma unánime calificar desfavorablemente la polémica iniciativa.

Las críticas rápidamente apuntaron a que el Ejecutivo estaba incumpliendo “por segunda vez una sentencia judicial en el mismo caso”, según planteó Andes Iron, aludiendo al reproche que el Primer Tribunal Ambiental (1TA) hizo en su sentencia del 9 de diciembre, donde cuestionó que el Comité no se haya ajustado a la sentencia firme y ejecutoriada de 16 de abril de 2021, del mismo tribunal, que desechó las reclamaciones presentadas en contra del proyecto.

Tanto la empresa como las partes a favor de Dominga hicieron anuncios de acciones legales, aunque sin detallar específicamente cuáles. Andes Iron dijo que esperará a las resoluciones del 1TA y de la Corte Suprema. Ambos caminos corren por carriles separados. En la corte especializada, la firma ligada a la familia Délano solicitó el cumplimiento incidental de la sentencia, que busca forzar a las partes a cumplir con lo resuelto. Y la instancia ha accedido a sus peticiones.

Primero, el martes el 1TA dio lugar a la petición de Andes Iron y de terceros coadyuvantes, pero luego, este miércoles y mientras el Comité de Ministros sesionaba, el 1TA envió un exhorto al Segundo Tribunal Ambiental para que notificara por cédula a la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de lo resuelto por el tribunal.

Según explican abogados conocedores de estos procesos, ello significa que ambas partes deberán presentar sus argumentos: el gobierno, sobre por qué cree estar dando cumpliento a la sentencia, y las empresa y organizaciones a favor de Dominga, de por qué creen que se está incumpliendo.

Una de esas organizaciones es el Sindicato Nacional Interempresas de Faeneros de Chile (Fadechi), representada por el exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, quien además ha hecho reserva de acciones por el actuar del Comité. En diálogo con T13 Radio, el extimonel del Partido Socialista planteó que “mi percepción es que hay un abierto desacato por parte del Comité de Ministros a la resolución del Tribunal Ambiental”.

Consultado por Pulso, dijo que su afirmación “no necesariamente tiene un correlato de acciones específicas”, por lo que aseguró que antes de querellarse por el delito de desacato “vamos a esperar la resolución del Comité de Ministros como corresponde”.

“Planteé esa frase con una razón muy simple. El desacato en rigor es desobedecer una orden judicial. En este caso hay varias desobediencias”, agregó, recordando que el Comité sesionó después de los 15 días que el 1TA otorgó como plazo, y tampoco se habría ajustado al dictamen de 2021.

Dicha opinión es respaldada por Iván Hunter, expresidente del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, quien presentó un informe en Derecho a favor de Andes Iron. En dicho documento, planteaba que el Comité “debe actuar conforme a los principios de buena fe, seguridad jurídica y legalidad”, donde también es posible incurrir en un “posible desacato”.

Al respecto, señala que “esto quiere decir que la decisión que adopte el Comité de Ministros puede ser objeto de revisión por el Primer Tribunal Ambiental en el contexto del cumplimiento incidental de la sentencia. En ese escenario, se pueden adoptar las medidas de apremio necesarias hasta que el Tribunal Ambiental considere que se ha cumplido íntegramente con el mandato contenido en la sentencia”.

En la visión de Javier Naranjo, exministro de Medio Ambiente, respecto del plazo otorgado por el 1TA “pareciera ser que sí (hubo desacato) ya que no se cumplió el plazo, y lo que le da la gravedad del caso es que se inventaron preguntas que no tienen mucho sentido desde el punto de vista administrativo, puesto que la subrogación legal siempre ha operado de la manera que la Contraloría lo dijo en su dictamen”.

La figura penal del desacato, comentaron abogados penalistas, tiene un largo camino de investigación y bajas penas.

“El delito de desacato, incluso la prevaricación, como cualquier delito supone para el inicio de la acción una denuncia o querella de las partes afectadas. Y esa denuncia tiene que ser conocida e investigada por el Ministerio Público”, dijo la abogada Catalina Navarro.

Pablo Ortiz, socio de el estudio VGC, agregó que “el desacato lo que requiere es dolo, o sea, requiere de voluntad y conocimiento de realización de la conducta, una actuación consciente y voluntaria de cada uno de los miembros de la comisión de evaluación en torno a incumplir de manera flagrante la resolución del tribunal”.

“Esto resulta complejo (de probar) porque uno tendría que pensar que todos los miembros de esa comisión concertaron, digamos, para rechazar el proyecto desatendiendo con conocimiento el fallo del tribunal”.

Con todo, otra vía ante el 1TA pasa por conocer el documento oficial de la resolución adoptada por el Comité de Ministros, pero su publicación podría tardar entre tres a seis meses. Eso sí, en 2023 se tardó nueve.

Dicha resolución podría permitir que el titular del proyecto, Andes Iron, presente nuevamente un recurso de reclamación ante la decisión adoptada por el Comité.

La otra vía judicial que permanece activa son los recursos de casación que se están tramitando la Corte Suprema. Allí, el Ejecutivo busca revertir lo resuelto por el 1TA, ya que estiman que la instancia se extralimitó en sus facultades al imponer cómo debía resolver.

Allí, este martes se ordenó que la Tercera Sala dé cuenta de los recursos de casación en la forma y fondo presentados, lo que marcará su admisibilidad. En caso que sean admitidos, podrían pasar varios meses hasta que el máximo tribunal se pronuncie sobre el fondo.