El pasado cuatro de febrero, el periódico de origen británico, Financial Times, publicó un artículo señalando, entre otras cosas, que Irán utilizó a Banco Santander para “mover dinero encubiertamente por todo el mundo como parte de un plan de evasión de sanciones respaldado por los servicios de inteligencia de Teherán”. Tras las acusaciones los bufetes americanos, Frank R. Cruz y Block & Leviton, anunciaron sus intenciones de dar inicio a una investigación contra el banco español.
“Las Oficinas Legales de Frank R. Cruz anuncia una investigación de Banco Santander en nombre de inversionistas sobre las posibles violaciones de las leyes federales de valores por parte de la Compañía”, señala en un comunicado el despacho con sede en California, que prepara una demanda colectiva (class action) contra el banco que dirige Ana Botín. Asimismo, la firma legal ha animado a inversores que se sientan perjudicados por estos hechos a unirse a al pleito.
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“Si compró valores de Santander, tiene información o desea obtener más información sobre estos reclamos, o tiene alguna pregunta sobre este anuncio o sus derechos o intereses con respecto a estos asuntos, comuníquese con Frank R. Cruz”, detalló la firma en su página web.
Además, según explica el bufete, la noticia publicada por el diario británico ha causado un daño a los inversores ya que “el precio de las acciones de Santander cayó 0,24 dólares (5,7%) para cerrar a 3,94 dólares por acción el 5 de febrero de 2024″.
Ante la noticia, Banco Santander se defendió este lunes de las acusaciones argumentando que la entidad había realizado una investigación interna que concluyó que “no ha incumplido la normativa estadounidense sobre sanciones impuestas a terceros”. “El banco cuenta con políticas y procedimientos para asegurar que se cumplen los requisitos relativos a las sanciones”, admitieron entonces a medio El Economista fuentes oficiales de la entidad, que señalan que “continuarán colaborando proactivamente con las autoridades británicas y estadounidenses pertinentes”.
Por su parte, el segundo despacho en iniciar una investigación, Block & Leviton, también impulsó la caída en la bolsa de las acciones del banco, con el inicio a la investigación sobre Santander con vistas a movilizar a los accionistas.
De acuerdo con el medio británico, Irán habría utilizado a dos de los mayores bancos en Reino Unido para mover dinero de forma encubierta por todo el mundo como parte de un vasto plan de evasión de sanciones respaldado por los servicios de inteligencia de Teherán. Dichos bancos, supuestamente utilizados, habrían sido Lloyd’s y Santander en Reino Unido, que habrían proporcionado cuentas a empresas ficticias británicas en secreto de una empresa estatal iraní (Petrochemical Commercial Company).
Fuentes financieras señalaron entonces a El Economista que, si las sociedades utilizadas y sus titulares no figuran en ninguna lista de sanciones, como parece que habría sido este caso, las entidades no tienen medios suficientes para identificarlas, por lo que su detección es “prácticamente imposible”. Además, recuerdan que organizaciones y países sancionados suelen tejer redes de sociedades pantalla con el fin, precisamente, de evitar este tipo de medidas.
Petrochimical Commercial Company es parte de una red internacional de sociedades a la que Estados Unidos acusa de haber sido un vehículo para generar cientos de millones de dólares para la Guardia Revolucionaria de Irán y de haber trabajado con la inteligencia rusa con el fin de financiar milicias cercanas al régimen iraní.
Según fuentes del sector, la demanda colectiva podría acabar formalizándose, dadas las características del sistema jurídico estadounidense, donde este tipo de litigio está muy arraigado. Aunque el recorrido de la potencial demanda sería limitado, atendiendo a la resolución de otros casos similares juzgados en el pasado, según las mismas fuentes.
Cabe mencionar que años atrás, cuando se demostró que otros bancos europeos habían incumplido las sanciones estadounidenses sobre Irán, estos fueron sancionados con grandes multas. Standard Chartered tuvo que pagar más de US$1.000 millones a modo de castigo y Unicredit afrontó otra penalización de US$1.000 millones en 2019.
