La redacción de una nueva Carta Magna y quienes participen de este proceso como constituyentes, para muchos pondrá sobre la mesa una revisión a la forma en que se ha desarrollado el país. El tema laboral será algo evaluado tanto en cómo se ha ido configurando en el tiempo y con qué herramientas enfrentará los nuevos cambios que trajo el último tiempo y la pandemia.

Para la profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y seguridad social de la Facultad de Derecho de la UC, Teresita Tagle, esta es una oportunidad para agregar al catastro de garantías constitucionales el derecho al trabajo. “Es un derecho fundamental, reconocido en la declaración de los derechos de las personas y los convenios internacionales. El derecho al trabajo incluye la libertad de trabajo y su protección, la no discriminación, y una justa retribución”, dice. Destaca que se debe resaltar la libertad sindical como derecho de las personas para constituir sindicatos, poder participar de estos y poder negociar colectivamente con su empleador.

En esa línea, la socia y exdirectora de la Comisión de Derecho del Trabajo de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), Natalia Bravo, opina que la oportunidad de este contexto es poder resaltar lo relacionado a la libertad sindical. “Si bien este concepto tienen reconocimiento en nuestra legislación, existe una normativa interna que atenta contra la propia libertad sindical, o bien, en algunos casos no existe normativa interna que la regule para garantizar su efectivo ejercicio”, apunta la abogada.

Además, tanto Tagle como Bravo dicen que la regulación laboral para los trabajadores del sector público es algo que tampoco debería quedar olvidado dentro de esta discusión. Esto, dado que este tipo de trabajadores tienen imposibilitado el ejercicio del derecho de la negociación colectiva y huelga.

Por su lado, el socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos, Gonzalo Jiménez, plantea que el rol de las constituciones tiende a ser bastante general. “Los cambios que se prevén a propósito de lo que hemos vivido en los últimos meses no requieren realmente una modificación constitucional”, dice.

Sin embargo, la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) muestra especial entusiasmo con la oportunidad que abre este proceso para la discusión del mundo laboral. “El debate constituyente debe permitir hacer una profunda revisión y nosotros esperamos en este proceso instalar con gran convicción el valor del trabajo”, dice su presidenta, Bárbara Figueroa. En esa línea, desde la gremial ven en este tiempo poder discutir sobre las deudas -que a su juicio- se han arrastrado durante mucho tiempo, como la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo en peores condiciones que sus pares.

Al margen de las deudas laborales que pueden identificar diversos actores y que esperan se hagan presente en este debate constitucional, la forma en que las personas están trabajando es otro tema para revisar en esta discusión sobre el futuro del mundo del trabajo. Según un sondeo de Randstad, en el que participaron cerca de 300 ejecutivos de alto nivel de firmas de diversos rubros, el 43% considera que la flexibilidad laboral ayudaría a su compañía a enfrentar los efectos adversos del coronavirus. También la contratación por proyecto o temporal podría ser una nueva tendencia que deje la pandemia, idea que toma fuerza en la consultora ya que según sus cifras las solicitudes para la incorporación de trabajadores temporales crecieron 346% en 2020 versus 2019 durante la fase más álgida de la pandemia en Chile.

“Con un mercado mundial cada vez más complejo, es probable que la fuerza de trabajo de cada país esté experimentando su propia transformación. Chile no es ajeno a esta realidad, la cual llamamos ‘economía de concierto’, porque los trabajadores se mueven de una empresa a otra prestando sus servicios y/o asesorías”, dice la directora de marketing y comunicaciones de la empresa, Natalia Zúñiga.

Otro aspecto relevante a nivel laboral en la nueva carta magna es de qué forma se mejora el mundo del emprendimiento y de las pymes. Al respecto, Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), dice que ve “necesario resguardar el ánimo e interés por la libertad de emprender en una cancha justa y más pareja. Tal como se promovió la ley Empresa en un día, la de Pago a 30 días y otros beneficios legales para los emprendedores. Es fundamental que nos encaminemos a lograr mayor libertad de acción para quienes requieren de menos barreras burocráticas para cumplir el sueño de su propio negocio”.

Por su lado, Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo, opina que “vemos una oportunidad para fortalecer el emprendimiento y la innovación en Chile, fomentando la iniciativa privada a través del emprendimiento y la innovación, y en donde excepcionalmente el Estado pueda concurrir como socio minoritario en fondos de inversión que inviertan en empresas de alto impacto”, dice Terrazas.