El 61% de los países del mundo ya se ha comprometido a tener cero emisiones netas, algo que parecía difícil de lograr cuando el 2015 el Acuerdo de París, planteado en la cumbre mundial COP21 en Francia, instó a acelerar este proceso a todo el orbe.

La cifra es parte del informe “En balance: una evaluación global de los objetivos netos cero”, desarrollado por el Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) y Oxford Net Zero, el cual indica además que dicho compromiso ha sido realizado en el 9% de los estados y regiones en los países emisores más grandes y el 13% de las ciudades de más de 500.000 habitantes.

Pero la investigación se enfoca en gran parte en las grandes compañías, indicando que de las 2.000 empresas públicas más grandes del mundo -las que representan cerca de US$ 14 billones anuales en ventas-, al menos una quinta parte (21%) posee actualmente compromisos netos cero al 2030.

El trabajo, que está enfocado tanto al sector público como al privado, se desarrolló en base a una encuesta a más de 4.000 entidades clave, gobiernos nacionales y locales, además de todas las empresas de la lista Forbes Global 2000.

“La mayoría de estas empresas también tiene objetivos intermedios, un plan publicado y un mecanismo de presentación de informes, y poco más de una cuarta parte cumple un conjunto completo de ‘criterios de solidez’”, explica el documento.

Pero los autores indican que las empresas pueden correr el riesgo de estar más expuestas a ser consideradas como organizaciones que realizan “greenwashing” (lavado de imagen medioambiental o “verde”), si es que no complementan sus objetivos de descarbonización con mecanismos adecuados de gobernanza y transparencia, incluyendo el concepto de “compensación” que están utilizando. “Si bien la rápida adopción de objetivos netos cero es alentadora, necesitamos mucha más claridad por parte de los actores sobre cómo planean llegar allí. Es particularmente importante que los actores aclaren su enfoque de la compensación. Aunque puede ser necesario compensar las llamadas emisiones residuales, en ciertos sectores, la prioridad más importante son las reducciones inmediatas de las emisiones”, opina Thomas Hale, investigador de la Escuela de Gobierno Blavatnik, Universidad de Oxford, y uno de los integrantes que participó en el estudio.

Incluso, se advierte que los compromisos varían enormemente en su calidad. Si bien el 20% de ellos ya cumple un conjunto mínimo de criterios de robustez, o “línea de partida” según lo establecido por la campaña Race to Zero de las Naciones Unidas , “esto aún deja un gran trabajo por hacer por parte de los gobiernos y los líderes empresariales en los meses previos a la cumbre climática COP26 en Glasgow, que está proyectada para la primera quincena de noviembre de este año (ver recuadro). De particular preocupación es la falta de claridad en torno a la compensación. Todas las entidades, especialmente las empresas, deben revelar cómo y en qué medida planean utilizar compensaciones. También es necesario priorizar la acción a corto plazo y la publicación de planes a largo plazo”, dice la publicación.

Al respecto, Hale agrega: “Si todas las empresas y países dependen de las compensaciones y no lo suficiente de las reducciones de emisiones reales, simplemente no podremos adaptarlas a nivel mundial”.

En abril del 2020, la ONU anunció públicamente que la cumbre del clima, o COP26, organizada por Naciones Unidas, se celebrará del 1 al 12 de noviembre de 2021 en Glasgow (Escocia), lo que significó el aplazamiento en más de un año, debido a la pandemia mundial.

El encuentro, que es clave para definir la ruta de la lucha contra el cambio climático y recalibrar la estrategia para los acuerdos de descarbonización de las naciones, se realizó por última vez en Madrid, España (COP25), luego de que también fue aplazada, debido a su imposibilidad de hacerla en Chile, producto del estallido social de octubre de 2019.

Pero al parecer, el Covid-19 estará muy presente en la próxima cumbre, ya que la activista Greta Thunberg acaba de anunciar que no acudirá a la conferencia debido a la distribución desigual de las vacunas anti-Covid, que -según ha señalado- “margina a los países con menos recursos”.