Una ofensiva inédita lanzó la inmobiliaria Fundamenta, dueña y desarrolladora del proyecto Egaña Comunidad Sustentable, un complejo inmobiliario de US$ 300 millones detenido desde abril tras la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana que rechazó la iniciativa.

La nueva acción judicial de la empresa se radicó esta vez en la Corte Suprema, tribunal al que la empresa llegó para anular otra decisión desfavorable: una sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago que ordenó retrotraer el proceso de tramitación ambiental por el impacto que provocará el proyecto en la disminución de horas de sol a sus vecinos cercanos.

La inmobiliaria -propiedad del empresario Pablo Medina- pidió la inhabilitación en la causa del expresidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien preside la Tercera Sala del Tribunal que, precisamente, debe resolver el futuro del megaproyecto, detenido en abril cuando llevaba un tercio de su construcción.

La petición tuvo otras repercusiones. La solicitud de inhabilidad contra Muñoz fue presentada por el abogado Marco Fuentes y no por el equipo legal que hasta ahora llevaban la causa de Fundamenta, cuatro abogados que renunciaron al patrocinio de la empresa por un “cambio en la estrategia” legal, según notificaron a la Suprema.

La causa es vista por la Corte Suprema desde hace al menos tres meses. El 19 de octubre las partes realizaron sus alegatos ante el máximo tribunal y la causa quedó en estado de “acuerdo” ese mismo día. Es decir, los ministros que integran la Tercera Sala ya tienen un pronunciamiento sobre el caso, pero no es oficial hasta que el fallo no se redacte y notifique.

La Tercera Sala está integrada, para este caso, por los ministros Sergio Muñoz, que oficia como presidente, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales y Jean Pierre Matus y la abogado integrante María Angélica Benavides. Y fue contra el presidente del tribunal contra el que Fundamenta actuó.

La inmobiliaria, representada por el abogado Marco Fuentes, interpuso un recurso de implicancia solicitando que se declare la inhabilidad del juez Sergio Muñoz para intervenir en el juicio, pues, según su fundamentación, el ministro “posee intereses de naturaleza personal involucrados en el presente pleito”. Esto debido a que su hija firmó la promesa de compra de dos departamentos en Egaña Comunidad Sustentable y en una conversación con una ejecutiva de la inmobiliaria habría aludido al rol de su padre en el futuro del proyecto.

Los hechos fueron relatados por la jefa de proyectos de Fundamenta, Valentina Riquelme, en una declaración notarial.

La trama comenzó el 26 de junio del año 2020, cuando la abogada e hija del ministro Sergio Muñoz, Graciel Alejandra Muñoz Tapia, firmó una promesa de compraventa por el departamento 807 A, la bodega 785 y el estacionamiento 946 del proyecto Eco Egaña Poniente, el mismo que hoy está siendo evaluado en la sala de la Corte Suprema que preside su padre.

A finales de octubre, Graciel Tapia, quien es jueza del 12 Juzgado del Crimen de Santiago, llamó a Valentina Riquelme para expresarle su preocupación por la paralización del proyecto, que mantiene frenada sus obras desde el 18 de abril, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana (Coeva) decidió calificar desfavorablemente la iniciativa.

Según la declaración protocolizada en la 42° Notaría de Santiago del notario Álvaro González, la ejecutiva le respondió que la inmobiliaria estaba haciendo todas las gestiones administrativas y judiciales para sacar adelante el proyecto.

El 28 de noviembre volvieron a conversar y Graciel Muñoz le dice a la ejecutiva que estaba muy preocupada y que no le gustaba la incertidumbre. “Le manifesté que seguramente había leído algunas noticias positivas en los medios de comunicación y que debíamos esperar la resolución legal. En ese momento, ella me señaló: Mi papá me recomendó que moviera esas platas del proyecto. Sinceramente, eso no me sorprendió mucho ya que es usual que los familiares alerten a los clientes cuando hay información mediática”, consignó la ejecutiva de Fundamenta.

Acto seguido, la abogada aseguró, según la versión de Riquelme, que deseaba “bajarse del proyecto” y utilizar los fondos destinados para la compra del departamento de Eco Egaña en otro proyecto de la misma inmobiliaria: Eco Irarrázaval.

Riquelme le dijo que no era factible dejar el proyecto sin el cobro de una multa, porque la iniciativa contaba con un permiso de edificación vigente y estaba paralizado por una resolución, por lo que no había un incumplimiento por parte de la inmobiliaria.

Según la declaración de la ejecutiva de Fundamenta, la hija del magistrado contestó: “Mi idea es poder hacer cambios de la manera más amistosa. Mira, este proceso puede durar años y no creo que quiera ni pueda esperar tanto y te lo digo con conocimiento, no porque yo sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema”.

“Con ese comentario quedé un poco descolocada y preocupada y cambié un poco mi discurso y le dije que yo no sabía qué información pudiera tener ella que le hiciera pensar que no se realizará el proyecto”, agregó la ejecutiva.

“Al día siguiente, me envió un audio en el que decía que no solicitaría la baja y que continuaría en ambos proyectos, pagando el saldo que le faltaba en Eco Irarrázaval y que efectivamente la información que le entregué estaba acorde a como eran las cosas. En ese momento también me dejó media descolocada”, concluyó.

La jueza Graciel Muñoz registra, según su declaración de patrimonio e intereses en el Poder Judicial, 18 bienes inmuebles, pero muchos de ellos corresponden a estacionamientos o bodegas. En total, los bienes suman un avalúo fiscal levemente superior a los $ 300 millones. Según esos reportes, la abogada ha comprado departamentos desde hace varios años, en Las Condes (2008 y 2017), Viña del Mar (en 2010, 2013 y 2018) y Ñuñoa (2019). Además, reporta seis créditos hipotecarios con Scotiabank por poco más de $ 200 millones.

El recurso de implicancia contra Muñoz debe ser resuelto por el resto de los integrantes de la Sala, en una discusión en la que el expresidente de la Suprema no puede participar. El recurso será revisado según orden de llegada a la sala y por ello no hay fecha para su análisis.

Especialistas afirman que si los ministros acogen la inhabilidad del ministro Muñoz, la vista de la causa ya realizada se anularía y el caso volvería a ser revisado. En los pasillos de la Suprema creen que aquello es lo más probable que ocurra, pero una vez que estén los cuatro integrantes de la Tercera Sala que, además de Muñoz, vieron la causa, estén presentes. Hoy la ministra Ángela Vivanco está de vacaciones.

Otra opción es estampar la inhabilidad en el fallo, una vez que se conozca, y si ninguna de las partes reclama de ella en los siguientes cinco días, la sentencia queda a firme.

Fundamenta era asesorada legalmente hasta ahora por los abogados del estudio Schultz, Carrasco y Benítez (SCB) especialistas en derecho público y recursos naturales. Pero pasadas las 14 horas de este jueves, por medio de un escueto escrito, los abogados que lideraron el litigio de Fundamenta ante la Corte Suprema renunciaron al patrocinio de la causa.

Edesio Carrasco, Carlo Sepúlveda y Rodrigo Benítez, ex subsecretario de Medio Ambiente del primer gobierno de Sebastián Piñera y hoy socio de SCB, firmaron el escrito, marcando la salida del pleito. A ellos se unió el abogado Raúl Tavolari Oliveros, un litigante de dilatada trayectoria y reconocido por defender al Banco de Chile en varios juicios o al exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en la Cámara de Diputados, ante la acusación constitucional interpuesta en su contra por la actuación de la policía durante las manifestaciones estudiantiles de 2011. Tavolari, quien es padre de Pia Tavolari, abogada integrante de la Corte Suprema, fue sumado al equipo pocos días antes de la realización de los alegatos de la causa en la Tercera Sala de la Corte Suprema.

“Debido a un cambio en la estrategia conducción del presente juicio venimos en renunciar al patrocinio y poder que nos fue conferido por Plaza Egaña SpA, haciendo presente que ésta se encuentra en pleno conocimiento del estado del juicio y otro abogado asumirá su patrocinio a la brevedad”, acotó el escrito.

Según consta en el expediente de la causa del Portal Judicial, otro escrito firmado por Pablo Medina, accionista controlador de Fundamenta, confirió patricio al abogado Marco Fuentes Rojas, quien activó finalmente la última estrategia judicial para sacar a Muñoz del caso.