En el marco del proceso constitucional, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sugirió a la Convención constituyente incluir los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal en la nueva Carta Magna con el fin de que guíen el accionar del Estado, en todos sus niveles e instituciones.

Para ello, el órgano que tiene por mandato contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central, envió un documento a la asamblea denominado “Aspectos fiscales en la Constitución”, un trabajo que inició durante noviembre de 2021, cuando invitó a un grupo transversal de ocho economistas y cuatro abogados a aportar sus visiones sobre este tema.

Nicolás Eyzaguirre forma parte de los economistas invitados por el CFA

Se trata de un texto que entrega antecedentes teóricos y prácticos sobre los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, planteando, a su vez, la necesidad de incorporarlos en la nueva Constitución.

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A través de un comunicado, el órgano autónomo dijo que en base a estas reflexiones reunió una serie de antecedentes conceptuales y evidencia internacional para contribuir al análisis de materias constitucionales vinculadas a la responsabilidad y sostenibilidad fiscal.

El exministro de Hacienda, Felipe Larraín, también fue invitado por el CFA

En el documento de 25 páginas, que se divide en siete secciones, se abordan, entre otras temáticas, los alcances de la sostenibilidad fiscal; su relevancia para la ciudadanía; su historia reciente en Chile; las relaciones entre la sostenibilidad fiscal, la responsabilidad fiscal y la Constitución; además de otros principios y elementos vinculados a la solvencia de las finanzas públicas que pudieran tener rango constitucional.

Según el informe del Consejo, la sostenibilidad fiscal se refiere a la capacidad que tiene el Estado para pagar su deuda en los plazos comprometidos. Así, explica que “no es un principio que presuponga un determinado tamaño del Estado, sino que debe estar presente cualquiera sea la dimensión de éste”.

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Indica que “tampoco es sinónimo de una política de austeridad y, de hecho, es compatible con aumentos en el gasto público, siempre que ellos se encuentren debidamente financiados con ingresos permanentes”. También asegura que “no debe interpretarse como una limitación al establecimiento de derechos sociales. Por el contrario, esta es necesaria para financiarlos de forma duradera e, incluso, para profundizarlos, evitando que existan recortes en situaciones de ajuste forzoso”.