El 4 de agosto, hace poco más de dos meses, ingresó a evaluación ambiental el proyecto eólico Faro del Sur. La iniciativa, desarrollada en conjunto por Enel Green Power y la filial en Chile de HIF Global -empresa mundial líder en el desarrollo de eCombustibles- fue admitida a tramitación siete días después: contempla la instalación de 65 aerogeneradores, con una capacidad de generación por 325 MW, y una línea de transmisión subterránea de 33 kV, de 12,1 kilómetros de longitud, para abastecer de energía renovable a la futura planta que HIF Chile tiene proyectado desarrollar al norte de la zona industrial de Cabo Negro, en Punta Arenas.

La inversión considerada para el proyecto alcanza a US$ 500 millones y permitiría sentar las bases para la producción de hidrógeno verde en la región de Magallanes, donde HIF Chile ya está construyendo la planta Demostración Haru Oni. Sin embargo, los planes de producción de combustibles libres de emisiones de CO2 se podrían ver afectados, retrasando aún más los avances de una industria incipiente. Las empresas que impulsan el proyecto decidieron retirar a Faro del Sur el proceso de tramitación ambiental.

Así lo comunicó ayer al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la propia representante legal de la compañía, Kylie Chick, quien también es la directora de sustentabilidad y medioambiente de HIF Global. Si bien la misiva enviada a la autoridad no contiene las razones de la decisión, en un comunicado, Enel e HIF apuntaron a que algunos de los 22 pronunciamientos de servicios y entidades públicas que constan en la tramitación ambiental de la iniciativa “sobrepasan el estándar habitual” y calificaron como “exigencias excepcionales” las observaciones de las autoridades.

En concreto, una respuesta de las 25 entidades públicas convocadas a pronunciarse pavimentaron la drástica decisión de las compañías. Fue el 26 de septiembre cuando la seremi de Medio Ambiente de Magallanes, Daniela Droguett, ingresó un oficio donde consideraba que el proyecto carecía “de información relevante y esencial para su evaluación, y que no puede ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones”. En su pronunciamiento, Droguett sugirió “presentar el layout de la totalidad del proyecto considerando una matriz de aspectos ambientales de la suma de todas las áreas de influencia considerada para esta industria”.

En el sector plantean que la exigencia “no es factible” y que no hay otras iniciativas que cuenten con calificación ambiental vigente y que cumplan con dicha solicitud, “que es lo que exige la norma para hacerlo”.

La seremi Droguett también apuntó a la base de línea presentada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) respecto de las aves migratorias que sobrevuelan la zona del proyecto. “Los periodos de observación son insuficientes para determinar patrones de movimientos, la falta de seguimiento espaciales o con usos de tecnologías de seguimientos para estas especies se hacen necesarios para determinar potenciales rutas de migración dentro del área de afectación”, indica el documento. Sobre ese aspecto, la seremi dice que las medidas de mitigación propuestas “resultan improcedentes y subestimadas ya que se sustentan en la observación directa por observadores humanos de especies que realicen sobrevuelos, sin considerar desplazamientos terrestres, ni horarios con escasa visibilidad”.

En el sector responden que en Chile no hay parques eólicos con línea base de fauna con seguimientos espaciales o uso de tecnología de seguimientos y que ni las guías del SEA ni el SAG lo indican como requisito.

El director regional del Servicio de Evaluación Ambiental, José Luis Riffo, respaldó la posición de la seremi de Medio Ambiente en la resolución exenta en la que acogió la solicitud de desistimiento presentada por Chick. “El proyecto presentado adolece de nutrida falta de información respecto de varios de los componentes ambientales objeto de la evaluación, la que es susceptible de una eventual declaración de término anticipado de la evaluación”, describió.

Riffo enumeró “a modo meramente ejemplar”, once omisiones identificadas. Entre ellas, y respecto del suelo, apuntó a una “falta de información relativa a la recuperación de la cubierta vegetal en todas las áreas o superficies a intervenir por el proyecto, ya que sólo se considera para las obras temporales, lo que impide evaluar correctamente el impacto correspondiente a la pérdida de suelo por erosión hídrica y eólica”.

Agrega que la falta de información “no permite descartar la afectación del componente arqueológico”, ya que “si bien el titular señala que no existirían sitios ni hallazgos arqueológicos documentados en la literatura que se emplacen dentro del área del proyecto, a partir de la revisión de antecedentes bibliográficos presentados, se reconoce la existencia de evidencias previas en el área, las cuales no fueron ponderadas por el titular”.

Sobre la fauna, el director regional del SEA aduce “falta de información esencial y falencias en las metodologías de levantamiento de información de línea de base” sobre las aves migratorias.

Desde el Ministerio de Energía, recordaron que Faro del Sur “es el primer proyecto hidrógeno verde, de esta escala” sometido a evaluación ambiental. También afirmaron que, pese al desistimiento, ello “no impide que el titular pueda reingresarlo en los plazos que estime conveniente”.

Las empresas no ha precisado si el retiro de la tramitación significa el abandono definitivo del proyecto. “Para avanzar es necesario que las autoridades regionales entreguen lineamientos claro a las empresas sobre las expectativas para el desarrollo regional, resguardando a las comunidades y al medioambiente”, dijeron Enel e HIF.

“Como gobierno estamos realizando un trabajo interministerial para mejorar el conocimiento y estándares para la evaluación ambiental de proyectos de energía renovable, transmisión y fomento del hidrógeno verde. Esto, porque desde el Ministerio de Energía tenemos la convicción de la necesidad de impulsar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en el país, sin que eso comprometa los estándares ambientales y la participación ciudadana en los procesos de evaluación”, dijeron desde Energía a Pulso.