Fueron exactos 300 días. El chileno Gerardo Sepúlveda Quezada, un banquero de inversión y gestor de fondos privados de 55 años, llegó a Lima el 23 de febrero y no pudo regresar a Chile sino hasta el viernes pasado, acorralado en la capital peruana por la fiscalía de ese país, que lo acusa por tres delitos asociados a una antigua y estrecha asociación con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
Por esas investigaciones, la fiscalía peruana pidió a los tribunales de ese país en varias ocasiones órdenes para impedir la salida de Sepúlveda del país. La última prohibición terminó el 12 de diciembre. Cuatro días después, Sepúlveda viajó finalmente a Chile. Esta vez, la fiscalía no frenó su salida.
44 declaraciones
Gerardo Sepúlveda conoció a PPK en 1992, cuando trabajaba en la acerera CAP y el peruano era vicepresidente de la empresa. Auditor de la Universidad de Santiago, Sepúlveda tenía 27 años cuando fue reclutado por PPK para administrar en Miami la fortuna del suizo Stephan Schmidheiny, accionista de CAP. Desde esa posición, el chileno se convirtió en un banquero privado que creó junto al peruano un fondo de inversión por US$ 450 millones. La alianza con PPK es la que le trajo a Sepúlveda sus problemas futuros. Una asesoría de Sepúlveda a la brasileña Odebrecht mientras PPK era ministro de Economía lo vinculó a causas judiciales en Perú, donde el chileno es imputado de lavado de activos en favor de su exsocio. Sepúlveda viajó el 23 de febrero a Lima a declarar como testigo y la fiscalía lo involucró luego en otras dos causas en las que PPK es investigado por colusión desleal, el símil del chileno fraude al fisco. “Fue por un caso y salió con tres”, resume su abogado en Perú, Percy García, quien enumera con precisión los avatares de su largo arraigo limeño.
La Fiscalía pidió primero una orden de impedimento de salida del país de dos meses. Vencido el plazo, el 27 de abril Sepúlveda intentó dejar Lima en un avión que traía repatriados chilenos, pero fue impedido de abordar porque Migraciones exigía un oficio que certificara que no había prohibición. La fiscalía pidió otros dos meses de arraigo. El 26 de julio, venció el nuevo plazo. Sepúlveda esta vez pidió un oficio autorizando su salida. “Recibimos información que dos aviones chilenos de pequeña escala, que habían venido de Santiago y que regresaban a Santiago, fueron intervenidos por Migraciones de forma bastante minuciosa, como buscándolo”, revela García. En el ínterin, cuenta el abogado, la fiscalía abrió las otras dos causas y volvió a pedir su arraigo. La concedieron por cuatro meses, los que vencieron el 12 de diciembre. “En todo ese tiempo, Gerardo ha ido 44 veces a declarar a la Fiscalía. Y una declaración le ha tomado casi 200 días entre fechas que se han ido reprogramando y reprogramando”, afirma García.
Sepúlveda primero se hospedó en un hotel. Luego, cuando él y sus abogados comprendieron que su estadía sería más prolongada, rentó un departamento del Swissotel de Lima, en el exclusivo barrio San Isidro. “El ha vivido entre el su departamento y la Fiscalía. Esa ha sido su rutina”, dice García sobre los 10 meses del chileno en Lima.
En Chile, su abogado es Juan Ignacio Piña, ex presidente del Consejo de Defensa del Estado. Su socio, Francisco Cox, presentó a fines de junio una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relatando todas las arbitrariedades por las que, a su juicio, ha pasado Sepúlveda en la justicia peruana. La denuncia fue acogida a trámite, pero aún está a la espera de admisibilidad.
La Fiscalía podría volver a pedir que Sepúlveda se presente en Lima a declarar nuevamente. Percy García sabe que su cliente puede tener un temor fundado a regresar. “He visto estos diez meses en que Gerardo ha estado aquí en Perú, aislado solo, sin posibilidad de trabajar físicamente”, afirma. Sin embargo, cree que su cliente intentará seguir demostrando su inocencia. “Yo le recomendaría seguir contribuyendo como hasta ahora lo ha hecho”, cierra el jurista peruano.
