Empresas demandan a Junaeb por millonaria licitación y acusan actuar ilegal y arbitrario

Uno de los puntos que más enfatizó el director de Junaeb, Jaime Tohá, desde que se anunció la última licitación pública de raciones alimenticias para alumnos del sistema escolar -por cerca de US$300 millones-, es que querían evitar los escándalos que marcaron los procesos de años anteriores.

Así, en diciembre del año pasado el organismo adjudicó la subasta a Aliservice, Salud y Vida, Soser, Distribuidora de Alimentos y Las Dalias; y el 18 de enero la Contraloría tomó razón de la resolución, aunque con alcances. Una semana después, la Junaeb declaró desierta la licitación, argumentando, entre otros puntos, que hubo problemas con los antecedentes administrativos presentados por las empresas. Y el 6 de febrero resolvió el proceso firmando un trato directo con seis empresas.

En ese contexto, tres compañías que participaron del proceso acudieron, por separado, al Tribunal de Contratación Pública para impugar las acciones de la Junaeb: Aliservice y Hendaya para exigir que se deje sin efecto la resolución mediante la que se declaró desierta la licitación, y Nutriplus para impugnar la contratación directa.

Y las tres acusaron que el actuar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas fue "ilegal y arbitrario".

La primera en ir al tribunal fue Aliservice, el 6 de febrero. "Las irregularidades cometidas por Junaeb son de extrema gravedad, pues teniéndose un complejísimo procedimiento licitatorio correctamente evaluado y adjudicado, la entidad licitante se negó a publicar el acto de adjudicación (incluso tomado de razón) en el sistema de información de forma inexplicable y, decide dejarlo sin efecto, sin dar cumplimiento a las normas básicas que rigen actuaciones de autotutela administrativa", acusó el abogado Mariano Guajardo, en representación de la empresa.

Hendaya, presentó su acción legal dos días después, donde pidió retrotraer el proceso a la etapa de evaluación de las ofertas, pues esgrimió que la Junaeb debía resolver los diversos reclamos que estaban pendientes.

En tanto, Nutriplus, que participó del proceso, pero perdió, presentó el escrito el martes 19 del presente mes. En él, cuestionó que el trato directo pasó a llevar la extensión del contrato por cinco meses que se le ofreció luego de que se cayera la subasta.

"El haber celebrado un contrato a trato directo con posterioridad a haber declarado desierta la licitación, constituye claramente una vulneración al principio de legalidad, habida consideración a que la administración no tuvo fundamento alguno para haber actuado de esta forma", afirmó Diego Messen, abogado representante de Nutriplus.

"Descartamos totalmente las acusaciones de las empresas. Respetamos el derecho que tienen para hacer las reclamaciones en todos los espacios que existen, pero no concordamos con ellas porque el proceso ha sido impecable y transparente en todas sus etapas", sostuvo Tohá tras ser consultado por PULSO.

Añadió que "se hizo un trato directo para contar con el servicio de manera oportuna desde el primer día de clases, donde exigimos las mismas condiciones técnicas del proceso, salvamos las buenas ofertas que se habían recibido antes, el producto que se compró es el mismo y el precio que se utilizó es altamente competitivo".

En ese sentido, remarcó que el precio es un 4% más barato que los contratos vigentes, lo que implica un ahorro cercano a $14 mil millones.