Luego que el miércoles, Codelco presentara una querella criminal en contra de todos los actuales dirigentes y exdirigentes de los sindicatos 1, 2 y 3 de la división Chuquicamata, además de antiguos dirigentes Rol B de la División Radomiro Tomic, en la que se busca que se sancione a quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los hechos que revisten las características típicas del delito de apropiación indebida de dineros, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) realizó una dura respuesta.
Mediante una declaración pública la FTC, que agrupa a los sindicatos de la minera estatal, señaló que “condenamos el actuar de la administración superior de Codelco por el modelo de no relacionamiento, vulneración de derechos legítimamente conquistados por los trabajadores y criminalización de la gestión sindical, implementado por la vicepresidencia de Recursos Humanos y que ha sido aplicado en las distintas divisiones de la corporación”.
En este sentido la FTC realizó un llamado “al gobierno que dialoga y logra acuerdos con empresarios transportistas que pusieron en serio riesgo el desabastecimiento de nuestro país, para que como garante del Pacto Estratégico, analice y enmiende el tipo de relaciones laborales que impera en la principal empresa del Estado, que es contrario al modelo de entendimiento, diálogo y acuerdos que a costa de luchas y conquistas ciudadanas, se están impulsando en nuestra sociedad”.
La declaración agrega que “frente a amenazas sobre despidos masivos propiciados por quienes administran la principal empresa del estado chileno, la Federación de Trabajadores del Cobre reitera categóricamente que velará por la irrestricta defensa del empleo en medio de esta pandemia, para lo cual desplegará todas y cada una de las acciones que están a su disposición, orientadas a cautelar las condiciones laborales y conquistas sindicales de sus representados”.
La querella
En la querella, declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Calama, la compañía minera presentó los nuevos antecedentes que recibió en los que se describe el modus operandi del caso seguros.
Según dichos datos, la empresa Asesorías, Capacitación, Gestión y Servicios Limitada (GyS) actuó ininterrumpidamente durante 14 años, entre 2005 y hasta 2019, como asesora y mandataria de los sindicatos para la contratación de las pólizas de seguros, y como contraparte en la relación comercial con los ex ejecutivos de Chilena Consolidada.
A pesar de que las pólizas de vida y accidentes contratadas no contemplaban en forma expresa la llamada Devolución por Experiencia Favorable (DEF) esto es, un reembolso por menor siniestralidad, uno de los socios de G&S pactó el pago anticipado de este concepto con Chilena Consolidada sin informar a Codelco ni a los trabajadores, quienes financiaban dichas pólizas.
Estos dineros devueltos fueron entregados material y directamente por Chilena Consolidada a los sindicatos, y no a los verdaderos dueños de esos dineros. El monto que se calcula se entregó a los dirigentes y exdirectivos por concepto del DEF alcanza la suma de $1.190.580.589, (US$ 1,54 millones).
La estatal recalcó en el escrito que este monto ingresó, a lo largo de 14 años, de forma indebida al patrimonio de los sindicatos, manejados por sus respectivos dirigentes y que, hasta ahora, se desconoce su destino final.
