Las bajas tasas de participación laboral femenina, donde la brecha se mantiene en cerca de 20 puntos entre hombres y mujeres, motivó a tres investigadores del Centro de Estudio Públicos (Cep) a presentar durante enero el documento “Propuestas para fomentar la participación laboral femenina en Chile”, en el cual proponen tres medidas.

María José Abud, ex subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, fue una de sus autoras. Junto a Sylvia Eyzaguirre y José Tomas Feliú desarrollaron el estudio con propuestas de política pública, buscando “tener un diagnóstico más acabado de lo que ocurre y también proponer en distintos frentes, porque este tema no se va a solucionar con una única política pública”, detalla Abud.

Para la economista, las propuestas abordan “distintos factores del mercado laboral, tanto en la inserción y de bajar las barreras de entradas, pero también la de permanencia”.

La primera parte de la propuesta es una agenda para reducir la jornada laboral y hacerla más flexible, para hacer más compatible para mujeres y hombres el trabajo con la vida familiar. Abud explica que la medida es complementaria a la reducción de jornada que plantea el Ejecutivo, con su proyecto de 40 horas, ya que “va en el sentido correcto, pero le falta la otra patita”. En eso, menciona la necesidad de que la jornada semanal se pueda promediar en marcos mayores, yendo a medidas semestrales, “en línea con lo que ocurre en la OCDE”, asegura.

“Lo que más funciona para que la mujer entre al mercado laboral es efectivamente que pueda organizar su jornada, y entrar y salir de su lugar de trabajo con flexibilidad”, remarca.

Abud apunta que al proyecto de 40 horas se le debe agregar que el promedio de 40 horas semanales también pueda ser semestral, “y así uno organiza estos paquetes de 40 horas en marcos mayores”. Eso sí, reconoce que el cambio debe resguardar las asimetrías entre empleadores y trabajadores, por lo que califica como “fundamental fortalecer la Dirección del Trabajo” para que el ente permita resguardar los derechos de los trabajadores.

En segundo término, también se apunta a terminar con la discriminación contra las mujeres en el Código del Trabajo, extendiendo el beneficio de sala cuna a todos los hijos de trabajadores independientemente del sexo de los padres.

Abud, quien fue parte de la creación de la propuesta del gobierno de Sebastián Piñera en la materia -y que plantea elevar la cotización en 0,1% para financiar un fondo común- dice que dicho proyecto debe ser “la base”, pero admite que requiere cambios importantes como extender el derecho de uso de sala cuna a los padres. “Al final, por mucho que sea universal, va seguir recayendo esta obligación en la mujer. Y si queremos promover la corresponsabilidad en un 100%, el padre también debería tener este derecho, independiente de si la madre trabaja”, explica. La propuesta también incluye aumentar el monto del beneficio a $350 mil, equiparando dicho monto, independiente del tamaño de la empresa de cada trabajador.

El estudio modela distintos escenarios de uso del beneficio, partiendo del 35% que es el promedio de la OCDE -versus el 19% en Chile-, y de mantenerse la tasa de cotización de 0,1%, el costo de financiar la diferencia para el Estado sería de $220 mil millones al año. Sin embargo, de elevarse la cotización al 0,2%, el costo fiscal se reduciría a $152 mil millones, casi equiparando la contribución vía cotizaciones (ver tabla).

Abud reconoce la dificultad que dicho escenario supone, en medio de una discusión previsional y tributaria que eleva las cotizaciones laborales, por lo que asevera que “lo lógico sería que el aumento de la cotización se mantenga en 0,1% y que el Estado financie la diferencia”, siempre en una lógica de gradualidad.

Una manera de reducir los costos asociados a la contratación femenina que plantean los investigadores es equiparar los beneficios del postnatal hacia los padres. Así, se plantea duplicar los actuales cinco días para el permiso por nacimiento de un hijo, o en su reemplazo crear un postnatal parental obligatorio de al menos dos semanas, siguiendo el modelo que se aplica actualmente en Francia, para que pueda ser utilizado durante el período de permiso postnatal de la madre o posteriormente. Dicha medida, una tasa de uso del 25%, conllevaría costos por $11.522 millones por año.

Abud afirma al respecto que esto también requiere de un cambio cultural, pues enfatiza que en la actualidad el permiso es utilizado solo el 0,2% de los padres. Algo que, en parte, también se explica por su rigidez. “Para promover ese cambio cultural, la idea es partir de nuestra legislación. Ampliar el postnatal y extenderlo al hombre busca ese propósito”, comenta.

También enfatiza en la necesidad de que los empleadores se comprometan a impulsar el uso del beneficio por parte de los hombres. “Hoy día están y muchas veces no son usados, y en muchas encuestas de opinión se ve que muchas empresas castigan al hombre que lo utiliza”, afirma Abud.

Para la economista, la propuesta permite compartir el riesgo de contratar a una mujer en edad fértil, pues equipara las condiciones entre ambos progenitores.

“La lógica de nuestras propuestas es al final quitarle el costo que hoy día recae exclusivamente en la mujer. Eso lo vemos en la legislación de salas cunas, en los postnatales, y si pensamos en la lógica de los países nórdicos, al final tanto hombres y mujeres trabajadores distribuyen esos costos y así también la mujer no presenta barreras de entrada al mercado laboral”, remarca Abud.

La investigadora también apunta a que esto permite garantizar la libertad de elección de las mujeres, puesto que no ve como una obligación que ellas deban participar en el mercado, “pero hoy día una mujer que es madre no puede elegir libremente trabajar, sino que tiene que elegir entre ser mamá y su puesto de trabajo”.