A 27 años desde la entrada en funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en Chile y 14 desde su última reforma de gran tonelaje, cuatro investigadores de la Universidad Católica (UC) realizaron un estudio donde proponen dos grandes cambios a los procesos de tramitación ambiental en el país.
El estudio, realizado con el patrocinio del Centro de Políticas Públicas de la UC, se enfocó en la relación entre los procesos de evaluación ambiental, la conflictividad y las instancias de participación ciudadana, especialmente en proyectos de generación de energía que ingresan al SEIA mediante Estudios (EIA) o Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).
El diagnóstico los autores del estudio es que los procesos de calificación ambiental han enfrentado críticas debido a problemas de legitimidad y a demoras en la calificación de proyectos. Este último cuestionamiento viene principalmente desde el mundo empresarial.
El análisis reveló que la presencia de eventos de protesta varía según el tipo de fuente de generación y si el instrumento de evaluación utilizado es EIA o DIA. “Los proyectos termoeléctricos, a pesar de estar en proceso de cierre debido al plan de descarbonización, registran eventos de protesta en el 66,7% de los casos EIA, mientras que los DIA tienen eventos de protesta en menos del 10% de los casos. Los proyectos renovables, en su mayoría hidroeléctricos, registran eventos de protesta en el 50% de los casos DIA y en menos del 35% de los EIA. Los proyectos eólicos también presentan porcentajes relativamente altos de protestas, en un 30% en casos DIA y en un 20% en casos EIA. La generación de fuente solar, menos invasiva y ubicada en áreas con menor densidad demográfica tiene menos proyectos con eventos de protesta (menos del 10% del total)”, sostiene el estudio.
Los investigadores del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, Felipe Irarrázaval, Caroline Stamm y Carolina Rojas; y del Instituto para el Desarrollo Sustentable UC, Francisca Reyes, fueron los encargados de hacer el análisis cuantitativo que se centró en proyectos de generación energética ingresados al SEIA en Chile entre agosto de 2013 y diciembre de 2021. El análisis cualitativo de los expertos se enfocó en la revisión de propuestas de reforma del SEIA, como el informe final de la Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del SEIA (2016), entre otros.
Las reformas
El estudio revela que hay un notorio incremento en la probabilidad de protestas en aquellas DIA de mayor generación energética (sobre los 50MW aproximadamente) y que la conflictividad social está asociada a períodos más largos de evaluación: 273,8 días más que los proyectos sin eventos de protesta.
La presencia de eventos de protestas, añade el estudio, se asocia significativamente también a una mayor cantidad de personas observantes y a una mayor probabilidad de presentar un recurso administrativo.
A partir de estas conclusiones, la investigación sugiere modificar el esquema de participación ciudadana, para fortalecerlo y aumentar su legitimidad ante la sociedad civil. “La propuesta implica establecer normas de PACA (participación ciudadana anticipada) que se inserten en la Ley de Medio Ambiente, haciéndola obligatoria para EIA y en proyectos energéticos superiores a 50MW para DIA. En cuanto a la temporalidad de la PACA, se sugiere su inicio durante la planificación y diseño del proyecto, con una duración de 6 meses, con posibilidad de ampliación, y la presentación de los resultados al SEIA en un plazo de 18 meses después de su término”, sostiene el estudio, entre otras precisiones.
A su vez, los autores se proponen la creación de un mecanismo de mediación de conflictos socioambientales. “Se propone que la mediación pueda ser solicitada por un actor afectado por el proyecto y evaluada por la institucionalidad responsable en cuanto a su pertinencia, gestionando la venia de participación de todas las partes involucradas. La mediación puede solicitarse en cualquier momento previo al inicio de la participación ciudadana, incluso durante la PACA. En cuanto a la institucionalidad de esta propuesta, se sugiere la creación de una unidad de mediación dentro del Tribunal Ambiental debido a su experiencia en conciliación. Los facilitadores pueden provenir de un roster de expertos nacionales y latinoamericanos, reduciendo los costos fijos y aumentando la confiabilidad del proceso”, concluye el análisis.
