El 72% de los 687 programas evaluados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Ministerio de Desarrollo Social presentó problema en al menos uno de los indicadores utilizados, de acuerdo con el informe con los resultados del monitoreo de la oferta pública 2019.

En total, estos programas que mostraron alguna deficiencia ejecutaron US$8.650 millones, que representan el 29% de los US$29.360 millones contemplados en la revisión. Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, admitió que tras este proceso se liberaron US$742 millones que se redestinaron a otras iniciativas mejor evaluadas. Y por ello, la oposición solicitó más antecedentes respecto de la metodología y los resultados de esta evaluación.

“Lo que es inédito es que se tiraron los puentes para tener un monitoreo conjunto oportuno de 687 programas y que sirva de insumo para el proceso presupuestario”, indicó el jefe de la División de Control de Gestión Pública de la Dipres, Slaven Razmilic, quien entregó mayores antecedentes de este proceso a los parlamentarios de la comisión mixta de Presupuestos.

Explicó que el 77% de los programas evaluados entregan bienes y servicios, y el 17% corresponde a transferencias. Aunque en términos de montos el 68% corresponde a transferencias sean condicionadas o de libre disposición.

La mayor parte de estos programas están contemplados en los subtítulos 23 de prestaciones previsionales: 24 de transferencias como subsidios al empleo y subvenciones; y 33, de transferencias de capital como los subsidios habitacionales.

Sostuvo que si bien son bastantes programas, una cifra no despreciable de 302 iniciativas manejan un monto menor de recursos que no sobrepasa los $2.000 millones. “Con una oferta tan variada, creemos que hay espacios donde pueden integrarse o complementarse porque hay muchos programas pequeñitos”, remarcó el funcionario.

Cuatro fueron los principales criterios medidos en esa evaluación. El primero de ellos es la Focalización, pero de estructura no de destino: “No se evalúa focalización de población objetiva, sino que su diseño e instrumentos; de cómo está armado y si los indicadores están alineados con su diseño previo”, explicó Razmilic. En ese punto solo 390 programas cumplieron con focalización Adecuada.

El segundo criterio fue la Cobertura, es decir los beneficiarios efectivos en relación a la población que presenta el problema, lo que solo el 38% logró.

De hecho, si el foco se coloca en esos dos criterios -cobertura y focalización- 82 programas aparecen mal evaluados, que suman recursos por US$2.138 millones, equivalente al 7,3% del total destinado a los 687 que conforman la oferta pública.

De estos 82, casi la mitad corresponde a tres ministerios: 16 del Ministerio de Desarrollo Social, 13 de Economía, y 11 de Educación. No obstante en los 4 primeros lugares figura la cartera de Vivienda liderando el listado, con 4 iniciativas: Fondo Solidario de Elección de Vivienda, Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, Programa Habitacional de Integración Social y Pavimentación Participativa, que suman US$1.565 millones, equivalente al 73% de los programas que fueron registrados en focalización inadecuada y cobertura baja.

Cabe destacar que entre los mal evaluados en este marco, figuraron los programas Becas Chile, Becas Nacionales de Postgrado, Becas de Excelencia Técnica, Tarjeta Joven, que de acuerdo con el proyecto de Presupuestos sufrieron sustanciales recortes en los montos asignados para el próximo año.

El tercer criterio utilizado fue de Gasto Administrativo respecto de un umbral promedio, en que 108 proyectos presentan gastos sobre ese parámetro. Y el cuarto se refiere al gasto por beneficiario, en que 103 iniciativas mostraron un incremento más allá del rango definido.

Los senadores de la oposición Carlos Montes (PS), Ricardo Lagos (PPD) y Jorge Pizarro (DC) - presidente de la comisión mixta- fueron críticos de este instrumento de evaluación. “Un objetivo clave para lograr una mayor eficiencia del gasto, es que contemos con un sistema de monitoreo y evaluación más robusto, objetivo donde se conozcan de antemano la periodicidad y consecuencias de las evaluaciones. Pero que involucre a todos los actores”, indicó Pizarro.

Apuntan a generar un cambio en este tipo de revisiones contemplando mayores grados de independencia del poder político, para “evitar que el Ejecutivo se autoevalúe y luego tome decisiones de gasto”, sintetizó el titular de la instancia.

La Presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans (Convergencia Social), solicitó al gobierno hacer un “perdonazo” a los 437 mil trabajadores asalariados que cobraron el bono clase media sin cumplir con los requisitos de una caída en sus ingresos.

La legisladora dijo que “Piñera no puede tratar de delincuentes a casi medio millón de personas y amenazarlas con enfrentar a la justicia”.

En ese sentido, agregó: “Hago un llamado al gobierno y al director del SII a parar la persecución y a ponerse a trabajar en un perdonazo, como ya lo han hecho con grandes empresas como Johnsons. También enviamos una carta a la ministra Rubilar y mañana ingresaré un proyecto resolución con la misma solicitud. Espero la oposición en su conjunto apoye esta iniciativa”.