El abogado Rodrigo Castillo conoce el sector eléctrico como pocos. Dirigió por más de 15 años la Asociación de Empresas Eléctricas. Hoy asesora a varias compañías de energía renovable y ve con preocupación la propuesta del gobierno que busca permitir la venta de energía a las distribuidoras desde un grupo específico de generadoras: los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).

Estas unidades, conformadas por cientos de proyectos -mayoritariamente de paneles fotovoltaicos- que individualmente no superan los 9 MW en capacidad instalada, han estado hace años en el centro del debate eléctrico por contar con un precio estabilizado. Una fórmula que permitió financiar tales iniciativas, pero que también generó un boom que actualmente las lleva a representar 3.106 MW en capacidad instalada. Por eso, el precio estabilizado es catalogado como una distorsión o subsidio por sus críticos, debido a su peso en los costos sistémicos.

Y aunque Castillo valora la búsqueda de propuestas para reducir el precio de la energía, sostiene que “lo que no puede ocurrir es que al buscar solucionar un problema político, del que hay que hacerse cargo, introduzcamos al sistemas aún más distorsiones de las que tiene”.

¿Cómo ve la idea de reducir el costo de la energía permitiendo la venta desde los PMGD a los clientes regulados?

-Me parece que es una pésima idea. Primero, porque genera de una manera ilegal, una disminución en la demanda que afecta a todos los contratos regulados vigentes. En buen castellano, estaríamos haciendo entrar por la ventana al sistema de suministro regulado un 20% de la demanda, tanto a contratos caros, fósiles -que uno pudiera considerar que es una buena idea-, como también a todos los contratos más baratos y que por lo tanto sólo vendría a empeorar en forma significativa la situación financiera, especialmente de las empresas renovables. Entonces, es una muy mala idea y, además, en mi opinión, es ilegal e inconstitucional.

¿Las licitaciones de suministro garantizan una demanda?

-Las licitaciones de suministro se hacen en base a una demanda proyectada por la Comisión Nacional de Energía y no le aseguran a la empresa que se adjudica el contrato una cierta demanda.

Entonces, ¿no es un riesgo que asumen las generadoras?

-Es un riesgo, sin embargo lo razonable tiene que ver con factores como aumento o disminución de temperaturas, aumento o disminución de actividad económica, que influye en una mayor o menor demanda. Ese tipo de riesgos puede ser considerado y calculado, no una modificación normativa que lo que hace es meter una oferta nueva, no una variación de demanda. Es algo desde el punto de vista jurídico totalmente diferente.

El ministro de Energía, Diego Pardow, ha dicho que la propuesta, además de reducir los precios de la energía, también se hace cargo de la inquietud de las generadoras por el tema de precio estabilizado, ¿hay un error de diagnóstico?

-No concuerdo con el diagnóstico. El precio estabilizado está entre US$70 y US$80. Es mucho más alto que los precios que se han obtenido en las últimas licitaciones. Si bien es menor que el promedio de los contratos, habría que compararlo con la evolución del precio de los contratos y no con el promedio actual, porque todos sabemos que hay contratos muy caros que van a dejar de estar vigentes en un par de años, y en cambio esta modificación no es por un par de años. Desde el punto de vista de la conveniencia directa de los clientes, es dudoso.

En segundo lugar, si dejas quebrar a las empresas renovables que hoy día son propietarias de los contratos más baratos -cosa que con toda probabilidad ocurriría si tú le sumas a todos los problemas que ya tienen, el que les disminuya un 20% la demanda en el único horario en el cual ganan algo de plata-, esos contratos que hoy día están a US$30, US$40, US$50, van a salir del sistema y van a ser reemplazados por el promedio del sistema que está sobre US$100. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, el efecto indirecto en las finanzas de las empresas renovables haría que el sistema terminara siendo más caro y no más barato.

El tercer motivo por el cual creo que es una muy mala idea, ya mucho más de fondo, es porque lo que hace es perpetuar el subsidio. Esta fue mi opinión desde 2019, cuando todavía estaba a cargo de la asociación de distribuidores. Cuando se planteó en el Tribunal de la Libre Competencia el problema de los PMGD, yo redacté de puño y letra la posición formal del gremio, y fue que acá había una distorsión gigantesca. La ley del año 2004 hablaba de una estabilización de precios en base al costo marginal, y lo que se hizo a través de reglamentos, no de la ley, fue anclar este precio estabilizado al promedio de precios de los contratos. Eso hace que el resultado ya no sea un precio estabilizado, sino un precio altamente subsidiado. Ese es el problema de fondo y nos está costando US$400 millones al año.

Y si se corrigiera por vía reglamentaria, desacoplando el precio estabilizado del promedio de los contratos, ¿se eliminaría el subsidio?

-Efectivamente, porque en ese caso reflejaría una proyección de los precios marginales y no aumentada por el diferencial del promedio de los contratos.

Bajo ese escenario, entonces, ¿la propuesta del Ejecutivo mantiene los mismos problemas?

-Los mantiene y empeora la situación. Uno podría decir que las renovables y los clientes libres van a dejar de pagar el subsidio en forma directa, pero lo pagarían en forma indirecta. Las renovables lo pagarían con menor demanda, lo cual es mucho más caro que pagar como subsidio y posiblemente las pueda llevar a la quiebra. La verdad es que, desde donde se le mire, yo no veo cómo esta idea pudiera ser una buena idea.

El diseño de esta propuesta viene de Valgesta…

- Sí, pero yo en eso quiero ser bien justo. La propuesta que hizo Valgesta era para el futuro y no para los contratos actuales. Valgesta fue muy cuidadoso en plantear que en las próximas licitaciones se podría establecer un mecanismo a través del cual las empresas distribuidoras compran directamente a los PMGD. Eso es muy distinto que hacerlo afectando contratos existentes. Si bien a mí la propuesta nunca me gustó como un todo, porque creo que lo que se debe hacer es eliminar el subsidio y no reemplazarlo por uno diferente, la propuesta de Valgesta es una propuesta a futuro, y tenía mucho menos problemas legales y constitucionales que como se está planteando hoy día.

Si la propuesta es inconstitucional, ¿sería posible frenarla en el TC?

-Yo esperaría que no prospere políticamente.