En diciembre de 2023, la ingeniera de la PUCV, Claudia Sánchez, asumió la gerencia general de Indura en reemplazo de Marcelo Torres Bruce, ejecutivo que fue apartado del cargo en una decisión que tomó Air Products, matriz estadounidense de la firma, sobre su filial en Sudamérica. Lo anterior, ocurrió cinco meses antes de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentara su requerimiento por colusión contra esa compañía y Linde ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Se trata de un caso emblemático para el mercado chileno de los gases medicinales e industriales. Esto, no solo porque Indura y Linde con sus eventuales prácticas coordinadas afectaron a hospitales públicos durante la pandemia y perjudicaron a actores de la gran minería, como Minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals, sino también porque Torres, uno de los principales ejecutivos involucrados en la acusación de la FNE, arriesga pena de cárcel y es un histórico de Indura.

Si bien expertos en libre competencia recuerdan que no es el primer caso en que una persona natural se expone a la sanción más gravosa en un acto de colusión, igualmente consideran que sentará jurisprudencia. El 20 de octubre de 2021, la FNE presentó un requerimiento por colusión en contra de las empresas de transportes de valores (Brink’s, Prosegur, Loomis) y de sus principales ejecutivos, los que también se exponen a dicha pena, pero que aún no se resuelve.

La acusación presentada por la FNE en contra Indura y Linde el pasado 23 de abril, y hecha pública por el TDLC el 6 de mayo, relata hechos ocurridos con posterioridad a la última reforma al Decreto Ley N° 211, realizada durante 2016. El cambio al cuerpo legal de libre competencia establece sanciones de cárcel a las personas involucradas en actos de colusión, siendo esta última infracción catalogada como delito. Pero para ello se requiere primero que la FNE logre que su requerimiento sea acogido por el TDLC, y que posteriormente, la misma, presente una querella en contra del exgerente general de Indura, Marcelo Torres, tras lo cual puede entrar en acción el Ministerio Público.

En principio, la FNE ya pidió para Torres una multa del orden de $109 millones -y de US$31,2 millones para Indura-, pero la ley señala que la ejecución de esta conducta es castigada no solo con las sanciones administrativas establecidas en el artículo 26 del DL 211, sino que, de acuerdo con el artículo 62, es posible sancionar además en sede criminal, con las siguientes penas:

La pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, esto es, de 3 años y un día a 10 años de presidio.

Se aplica la inhabilitación absoluta temporal, en su grado máximo (siete años y un día a diez años) para ejercer el cargo de director o gerente de una sociedad anónima abierta o sujeta a normas especiales, el cargo de director o gerente de empresas del Estado o en las que este tenga participación, y el cargo de director o gerente de una asociación gremial o profesional.

Según el requerimiento de la FNE la colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, tuvo lugar, al menos, entre noviembre de 2019 y enero de 2021.

A diferencia de Torres, los exgerente general de Linde Chile, Sergio Novolli, y exgerente de ventas, Davis Lori, están ambos exentos de responsabilidad, ya que la FNE solicitó eximirlos de multa y cualquier tipo de sanción, debido a que dicha compañía se acogió al beneficio de la delación compensada.

Marcelo Torres Bruce es chileno, oriundo de Quillota en la Región de Valparaíso, e ingresó a trabajar en Indura en 1997, cuando la firma era presidida y controlada por el empresario Hernán Briones Goich. El ejecutivo es ingeniero civil industrial de la PUC, con un MBA en la UAI. En 1999 pasó a ser gerente de desarrollo de negocios corporativos y luego su carrera solo conoció de ascensos hasta llegar a la gerencia general.

A raíz de la exposición mediática que provocaría el caso, al hacerse público el requerimiento de la FNE, Torres decidió borrar todo el contenido de su perfil de LinkedIn. Hoy el ejecutivo cuenta con la asesoría legal de Javier Velozo, socio de Contreras & Velozo.

En febrero pasado, Indura interpuso una querella criminal en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de quienes resulten responsables por el robo de los computadores de un grupo de ejecutivos desde las oficinas centrales de la compañía en Apoquindo. Entre los afectados estaba justamente Torres.

Consultados varios abogados sobre las aristas de esta acusación, Carla Bordoli, socia de Bordoli Doren Abogados, sostuvo que “estos casos son relevantes, porque evidencian que la actual institucionalidad de libre competencia es robusta, especialmente al contar con la figura de la delación compensada, pues permite detectar y perseguir este tipo de infracciones”. Añadió: que “tanto en el caso Brinks, como en el caso actual del gas, la colusión se persiguió gracias a la delación compensada que crea los incentivos correctos para desbaratar este tipo de infracciones difíciles de pesquisar”.

Cristián Reyes, senior counsel de Aninat Abogados, explicó que “actualmente la colusión es delito económico y un delito que debe ser también sancionado respecto de personas jurídicas que se hayan beneficiado o hayan participado en la conducta, pero eso está establecido de que rija solo a contar de septiembre de este año”. “Si se hubieran detectado delitos vinculados a la colusión después de septiembre, las empresas se verían expuestas. Si no ejerce la facultad la FNE de presentar una querella en contra de Torres, ninguna otra persona la puede ejercer”, agregó.

Por su parte, Mario Ybar, exsubfiscal nacional económico y hoy counsel y director del área de Libre Competencia en Garrigues, indicó que “el caso demuestra que la delación compensada está viva, y que, de acreditarse ante el Tribunal, parece un ejemplo de libro para perseguir la responsabilidad penal de sus ejecutores”.

Finalmente, Juan Cristóbal Gumucio, socio de Cariola, planteó que “la principal relevancia del caso es que la FNE demuestra que sus facultades intrusivas (intervención de teléfonos e incautaciones) son eficaces para detectar carteles y que la delación compensada goza de buena salud para desbaratarlos”.