Un total de 63 multas cursó durante 2024 la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Según informó la entidad, durante el año pasado cerró 73 procesos sancionatorios que estaban en curso, de los cuales 8 fueron archivados, y 2 recibieron amonestación escrita.

En el caso de las 63 multas, éstas sumaron UF2.915 (unos $ 112 millones). Según informó en un comunicado, el monto representa una disminución de 29,8% respecto de las sanciones ejecutoriadas el año anterior (53 por un total de UF 4.155). Sin embargo, el número es el mayor desde las 187 multas de 2019.

El organismo explicó que las sanciones son “el resultado de las fiscalizaciones que realiza la UAF para verificar el cumplimiento efectivo de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo por parte de las personas naturales y jurídicas expresamente señaladas en el artículo 3, inciso primero, de la Ley N°19.913, más conocidas como sujetos obligados”.

En el detalle, las 63 sanciones con multa recayeron en entidades representantes de 11 actividades económicas, ubicadas de 9 regiones del país. Del total, 47 se cursaron en la Región Metropolitana (por UF 1.800), 5 en la de Ñuble (por UF 385), 3 en la de Arica y Parinacota (por UF 215), 2 en la de Los Lagos (por UF 230), 2 en la de Tarapacá (por UF 80), 1 en la de Los Ríos (UF 50), 1 en la de Aysén (por UF 50), 1 en la de Antofagasta (por UF 40) y 1 en la del Biobío (por UF 30).

Por sectores, 15 empresas de factoraje fueron sancionadas con UF 590; 4 casinos, con UF 550; 9 notarios, con UF 485; 10 casas de cambio, con UF 435; 8 administradoras de fondos de inversión, con UF 170; 4 empresas de gestión inmobiliaria, con UF 160; 5 empresas de trasferencia de dinero, con UF 145; 3 cooperativas de ahorro y crédito, con UF 140; 2 compañías de seguros, con UF 130; 1 empresa de leasing, con UF 70 y 2 administradoras generales de fondos, con UF 40.

Plan de fiscalización

La UAF puede ejecutar acciones de supervisión in situ o remotas en cualquier momento, utilizando un criterio de seguimiento de las entidades reportantes del sector privado según los riesgos identificados a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) a los que se exponen las actividades a las que pertenecen.

En ese contexto, en 2024 el Plan de Supervisión con base en los riesgos de LA/FT contempló 163 acciones presenciales, un 2,5% por sobre 2023, que se concentraron en 18 actividades económicas de 26 comunas ubicadas en 8 regiones del país.

Las acciones de supervisión se enfocaron en 8 sectores económicos que concentraron el 74% de las supervisiones del año: 22 fiscalizaciones fueron a empresas de factoring (13,5%), 20 a casas de cambios (12,3%), 17 a empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria (10,4%), 15 a empresas de transferencia de dinero (9,2%), 13 a corredores de propiedades (8,0%), 12 a notarios (7,4%), 11 a administradoras generales de fondos (6,7%) y 10 a usuarios de zonas francas (6,1%). Las restantes 43 fiscalizaciones se concentraron en otros 10 sectores.

En cuanto a la distribución geográfica, el 74,2% de las supervisiones se realizó a entidades reportantes de las comunas de la Región Metropolitana (121 acciones). Más atrás se ubicaron las regiones de Tarapacá (11 acciones y 6,7% del total), Los Lagos (9 acciones y 5,5%), Atacama, Coquimbo, Magallanes y la Antártica chilena (5 acciones cada una y, en conjunto, 9,2%), Libertador Bernardo O’Higgins (4 acciones, 2,5%) y Valparaíso (3 acciones, 1,8%).

Tras detectar incumplimientos de las obligaciones establecidas en sus Circulares y en la Ley N°19.913, la UAF resolvió iniciar 61 procesos sancionatorios administrativos (-47,9% anual): un 32,8% fue a notarios, un 16,4% a casas de cambio, un 11,5% a usuarios de zonas francas, un 9,8% a empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria y un 9,8% a administradoras de fondos de inversión. Así, estos cinco sectores representaron, aproximadamente, el 80% del total de procesos sancionatorios iniciados en 2024, mientras que el 20% restante se distribuyó en otros 6 sectores.