Se terminó la incertidumbre. Después de varios aplazamientos, este martes el gobierno ingresó el proyecto de ley corta para viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, monto que no se confirmó hasta este miércoles.
Son $ 1.112.615 millones, es decir, más de US$ 1.400 millones los que las isapres tendrán que devolver a sus afiliados para restituir los cobros en exceso que se generan al aplicar la nueva tabla de factores. Así lo confirmó el superintendente de Salud, Víctor Torres, en la concurrida sesión de la Comisión de Salud del Senado que se realizó ayer. Esta cifra también confirma los cálculos que habían trascendido a principios de marzo, cuando el Ministerio de Salud mostró a los parlamentarios algunos escenarios.
En la instancia también estaba la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien recalcó que la cifra es dinámica, pues depende de los movimientos de los contratos y del valor de la UF. Eso sí, Torres afirmó que la variación es acotada.
Pero ¿quiénes son los afiliados a los que se les deberá restituir los cobros en exceso? ¿Cuánto se les deberá devolver? De 1.855.015 contratos que revisó la superintendencia, 725.878 se verían beneficiados por la aplicación de la nueva tabla de factores, lo que equivale al 39%. Asimismo, 436.668 de ellos son mujeres. Ahora, en promedio, el monto de restitución es de 1.545.185 pesos, sin embargo la cifra más baja es de $ 288 y la más alta supera los 60 millones de pesos. Eso sí, estos cobros en exceso serán regresados a través de excedentes o prestaciones.
El monto que debe devolver cada isapre también varía. Según la presentación que mostró el gobierno a los parlamentarios, la isapre que desembolsaría el menor monto es Isalud, pues debe restituir US$ 5 millones entre 1.977 contratos. Y la que tiene la cifra más alta es Cruz Blanca, pues deber devolver US$ 352 millones entre 163.996 contratos.
Cuando se conoció el monto aproximado en marzo, las isapres aseguraron que la devolución de US$ 1.400 millones a afiliados sería la “lápida del sector” y que equivale a toda la utilidad del sistema en 33 años. Y el comunicado enviado a principios de marzo, además agregaba que los montos “son cuatro veces mayores al patrimonio de todo el sector, es decir, son de una magnitud que obliga a cuestionar su sentido de realidad y que deben alertar sobre sus implicancias”.
Durante la comisión, la senadora Ximena Rincón, quien estaba invitada, volvió a reiterar esta preocupación: “Aquí hay más de un billón de pesos involucrados en la reforma, de acuerdo a los cálculos que nos da el superintendente y son como 100 años de utilidades de las isapres. Aquí vamos a mandar a las isapres a guardar, y eso puede ser una decisión política, pero también tenemos que decirle a la ciudadanía que van a tener que ver dónde se van a atender y que van a tener que ir a una lista de espera”.
Mientras que el senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, afirmó que “ha habido una práctica abusiva de una industria muy lucrativa, un negocio muy lucrativo donde se viene judicializando esto por parte de las personas desde el 2010. Aquí parece como que las pobres isapres fueran víctimas de un fallo de la Corte Suprema. Háganse cargo cómo llegaron y la situación que provocaron una industria muy lucrativa, abusiva que ha cobrado excesivamente”.
La jefa de la cartera sanitaria explicó que se separará la aplicación de la tabla de factores y la restitución de los cobros en el tiempo para no generar un impacto financiero: “Lo que nosotros estamos planteando es una propuesta de gradualidad en la que separamos en el tiempo los efectos financieros de la reducción de ingresos con el efecto de la devolución y generamos un procedimiento transparente donde hay una asesoría independiente que ayude a evaluar estos planes de devolución y que no se vea un enfrentamiento entre el gremio y el superintendente”.
Por otro lado, al terminarse los cobros calificados como “indebidos” por la Suprema por la no aplicación universal de la tabla de factores, se beneficiaría a aproximadamente el 30% de los contratos (cerca de 580 mil) vigentes a noviembre de 2022. Esto implicará una reducción de las cotizaciones en un promedio de, aproximadamente, 50 mil pesos mensuales desde que se apruebe el proyecto y se publique, por parte de la superintendencia, la circular correspondiente.
Al mismo tiempo, el proyecto de ley también propone un fortalecimiento de Fonasa para dar cuenta del aumento de cotizantes y mejorar las coberturas financieras de todos los cotizantes del seguro público para el uso de la Modalidad de Libre Elección en prestadores privados. En ese contexto, la ministra de Salud agrega que “estamos preocupados de los 5,5 millones de pacientes que se atienden en el sector privado, y el tema de mejorar la cobertura de Fonasa tiene que ver con eso”.
Con todo, desde las isapres no se tomaron nada bien el anuncio que hizo el gobierno. El primer análisis que hicieron fue respecto al proyecto que ingresó el gobierno al Congreso. Ahí, desde la industria la principal preocupación radicaba en la baja de ingresos que les significaría el hecho de tener que reducir el valor de los 725.878 contratos que calculó el regulador. Eso, según cálculos que ha hecho públicos la industria anteriormente, implica una caída de ingresos, proyectada a diez años, equivalente a las utilidades que han tenido en los últimos cien años. Solo por este tema, advertían desde dos isapres, el sistema no podría seguir funcionando, o al menos la mayor parte de él.
Pero la confirmación de ese análisis preliminar vino después de la sesión que realizaron los senadores de la Comisión de Salud, donde el superintendente de Salud confirmó que la devolución que deberán hacer las isapres equivale a cerca de US$1.400 millones. Eso es el equivalente a 33 años de utilidades, según ha dicho anteriormente la industria. Si bien desde las isapres este miércoles no quisieron hacer una declaración pública, en privado comentan que con este proyecto lo más probable es que caiga el sistema.
Solicitud de prórroga
Además de conocer el monto, entre los parlamentarios existía otra preocupación: si se iba a solicitar más plazo a la Suprema para aplicar el fallo. De hecho, el presidente de la comisión, Juan Luis Castro (PS), le preguntó al inicio de la discusión al superintendente por este punto, pues el proyecto para viabilizar lo mandatado por la Suprema ingresó recién este martes.
Sin embargo, el superintendente de Salud confirmó que “durante la mañana estuvimos elaborando junto a los equipos del Ministerio de Salud la solicitud de prórroga, la cual ya fue ingresada a la Corte Suprema. Y le hemos solicitado seis meses adicionales para que el Congreso tenga el tiempo para legislar. Evidentemente, si la legislación sale con mayor premura que eso, mejor, y emitiremos la circular antes. Igual, también depende de la Suprema, porque podría o no aceptar esta solicitud de prórroga, pero hoy ya se ingresó”.
En ese contexto, el senador Francisco Chahuán (RN), sostuvo que “no me cabe duda de que la Corte Suprema va a entender la gravedad de la crisis y va a conceder. Pero podría no hacerlo y ahí tenemos otro problema”.
