“El sector que por lejos enfrenta más incertidumbre en Chile es el de las isapres. Todas las noticias que están saliendo del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del regulador, simplemente son incoherentes y hacen que sea muy difícil, imposible, operar de forma normal, y mucho menos proyectarse hacia el futuro”. Eso es lo primero que menciona el gerente general de isapre Colmena, Felipe Galleguillos, al momento de hablar sobre la situación por la que atraviesa la industria.
Es en este contexto que anuncia que iniciaron una arremetida judicial contra los afiliados que han interpuesto recursos de protección para dejar sin efecto la tabla de factores. “Es un nuevo tipo de judicialización que comenzó en 2021, y si bien en un comienzo hubo muy pocas demandas, hoy el volumen ha crecido a un nivel que, este tema por sí solo, amenaza la estabilidad y viabilidad del sistema. Pensamos que dado que esto podría (hacer) colapsar el sistema por sí solo, tenemos que tomar alguna acción para detenerlo en este momento (...) Es una alternativa que no hubiéramos querido tomar, pero tenemos que tomarla dada la situación que enfrentamos”, señala.
¿Han conversado sobre la situación que atraviesa la industria con las autoridades?
-Como asociación y como Colmena hemos estado tratando de alertar esto, tanto en los medios, como con reuniones con el regulador y distintos actores, pero la verdad es que no nos sentimos escuchados. Nos juntamos con el regulador, conversamos con él, tiene toda la información financiera de la compañía, pero en paralelo, vemos que toma medidas que apuntan y que tienen como efecto final hacer colapsar el sistema. Estamos preocupados (...) Apoyamos y pensamos que es urgente un cambio en el modelo y una reforma profunda, ya sea que venga por una nueva Constitución o por un cambio legal. Pero nuestra preocupación es el presente y el hoy día, porque la verdad es que si hoy no tenemos instituciones que estén sólidas, robustas y sanas, no hay transición posible, que es lo que nosotros pensamos que tiene que haber. Estamos a tiempo todavía de tomar medidas para que sea posible esa transición ordenada. Creemos que estamos en un punto inflexión.
¿Qué están haciendo en Colmena para enfrentar esta situación?
-Hemos estado tomando muchas medidas. Primero, internas, de eficiencia, asegurarnos que la operación es eficiente. Nos sentamos con los prestadores para conseguir mejores condiciones y asegurarnos de que el uso de recursos son los racionales. También hay un gran frente jurídico. En marzo presentamos demandas contra el Estado por la licencia médica preventiva parental (LMPP), porque nosotros pensamos que la política pública tuvo un impacto muy bueno (...) sin embargo, estamos en desacuerdo con que las isapres hayan pagado algo que es carga del Estado. Fueron $29 mil millones, que es un daño patrimonial importante. Segundo frente: esta semana alegamos ante la Corte Suprema por la adecuación (alza de precios de los planes). Nuestro argumento es que es una facultad de las isapres ajustar los precios. Estamos esperando ese fallo, que es bien crítico. Y lo más importante, es que estamos comenzando a interponer demandas contra los afiliados que nos demandaron para dejar sin efecto la tabla de factores.
¿En qué consisten esas demandas?
-La tabla de factores lleva mucho tiempo funcionando. En 2019 la Superintendencia decretó una nueva tabla de factores, después de todo un debate sobre la discriminación, las diferencia entre hombres y mujeres, y (ahora) la tabla de 2019 tiene los mismos factores entre hombres y mujeres, y factores que son muy parecidos a través de las edades. Esta tabla fue un hito para la industria, pero hoy día vemos que, por un lado, nosotros acatamos que usamos esa tabla, pero por otro lado, estos recursos de protección terminan en que el Poder Judicial nos dice: dejen de usar la tabla de factores. Entonces, lo que buscamos al demandar a estas personas es que se revise el fondo, que es algo que no se ha hecho todavía, (porque hasta ahora) son acciones que solo se refieren a la forma.
¿Bajo qué argumento?
-Básicamente el argumento es que las tablas de factores están plenamente vigentes y si es que se dejan de aplicar, es imposible calcular el precio del contrato, por lo tanto, el contrato pierde validez. Si bien las demandas son contra los afiliados, nosotros a lo que apuntamos es a desbaratar la industria y el negocio jurídico que ha montado un grupo de abogados que, básicamente, se beneficia en términos económicos del sistema de salud, a tal punto que la judicialización de la tabla de factores ha crecido tanto, que está siendo una amenaza real y de corto plazo a la viabilidad del sistema.
¿Tienen cuantificado el impacto?
-Si se deja de aplicar la tabla de factores, el impacto que tiene es que, en algunos casos, (el plan) baja a la mitad del precio. Eso, si lo escalas, es un impacto gigantesco en toda la industria. Esto comenzó el año pasado. Para aterrizarlo: lo hacen unas pocas personas, han sido 20.000 demandas (en nuestra contra) hasta la fecha, que son el 5% de la cartera. Ese 5% básicamente está poniendo en riesgo al 95% de la cartera. La cobertura de salud que nosotros podemos darle a las personas, si esto sigue escalando, se podría terminar. Entonces, nosotros vemos un acto de responsabilidad en esto, al final es una medida bien extrema. No nos gusta la medida, no nos gusta demandar a nuestros afiliados, pero sentimos que tenemos que hacerlo para defender a ese 95% de las personas, porque la isapre podría ver comprometida su capacidad de cumplir el compromiso de financiar su salud. Estos 20.000 juicios que tenemos a la fecha, han llevado a que nosotros dejemos de percibir $10 mil millones al año. Al mismo tiempo, las costas que hemos tenido que pagar son de $3 mil millones a este grupo de abogados.
¿Cuántas demandas han presentado?
-Estamos empezando, ya presentamos algunas, pero la idea es ir escalando esto hasta conseguir que se detenga este flujo demandas por la tabla de factores y frenarlo.
Dice que están en un punto de inflexión y que si no se hace nada puede colapsar el sistema. Sin embargo, la ministra de Salud sostuvo que no cree que vaya a caer una isapre, ya que en 2020 tuvieron buenos resultados y a lo largo de los años las isapres han tenido una buena situación financiera, por lo que deberían haber ahorrado.
-Eso demuestra por qué no nos sentimos escuchados. Nosotros hemos sido muy claros con el regulador con respecto a la situación que vemos en la industria. El regulador, además, tiene toda nuestra información financiera. Entonces, el problema es que se ha configurado un escenario en que las isapres están operando a pérdida hace muchos meses, y me parece que no se puede esperar que ninguna industria pueda seguir operando para siempre a pérdida, en déficit.
¿Ahorraron en tiempos de vacas gordas?
-Lo que pasa es que el año 2021, pospandemia, sin haber adecuado, llevó a pérdidas gigantescas, que borraron toda la utilidad de la industria de varios años hacia atrás. El problema es muy grande. Aquí el problema no es un tema de capital, ni aporte de capital, ni el capital que tienen las empresas. Es un problema de que la operación está en déficit y, por lo tanto, cualquier aporte de capital va a durar unos meses. Entonces, hace que esto sea insostenible.
¿La tabla de factores hoy no es el principal riesgo para la industria, pero sí a futuro?
-Hay varios temas que comprometen la viabilidad del sistema. Este es uno, que hoy día es muy grave, pero pensamos que en poco tiempo va a ser uno más grave. El tema de la adecuación también es un tema importante que hay que resolver. Estamos confiados en que la Corte Suprema va a fallar a favor de la adecuación.
¿Cree que va a hacer lo mismo la Superintendencia, dando pie atrás al fallo de primera instancia? Falta que dirima el superintendente.
-Pienso que podríamos ver que se revierta el fallo.
Pronto debería venir el alza de prima GES. ¿Genera también otra incertidumbre, o tienen plena confianza en que van a poder hacer el ajuste al alza?
-Por ley toca en octubre ajustar. Confío en que el regulador va a emitir un decreto en cualquier momento.
Tal como se proyecta hacia adelante este año, ¿la industria nuevamente va a registrar pérdidas?
-Probablemente igual que las del año pasado, o similar.
¿Es algo puntual de ahora, producto de la pandemia, o en realidad es un problema del sistema de aquí en más?
-Si no hay adecuación de precios, si sigue aumentando la judicialización de la tabla de factores, las isapres para siempre van a seguir operando a pérdida, en déficit, y eso no es sustentable. Ese es el motivo por el cual la industria no es viable si no se solucionan esos dos problemas.
¿Qué le diría a quienes no creen que está en juego la viabilidad del sistema?
-Para mí el argumento más simple y más convincente es que en tres años, según números de la Superintendencia, los costos de salud de las isapres aumentaron un 30%. No hay ninguna industria que aguante un alza del 30% de sus costos sin poder hacer un ajuste también en los ingresos. Y eso es lo que nosotros hoy día estamos viendo en riesgo. Simplemente es matemática: los ingresos tienen que alcanzar para cubrir los costos. Los costos de las isapres corresponden al financiamiento que hacemos de la salud de las personas, y si no hay ingresos para cubrir esos costos, no nos alcanza para cubrir la salud de las personas, por eso creemos que es tan importante y estamos tan preocupados. Por eso estamos dispuestos a tomar medidas tan extremas de ir a demandar a nuestros propios afiliados para proteger al sistema y para proteger al resto de las personas que están en nuestra cartera. Entonces, hay dos argumentos, uno que es de matemática, pero hay otro argumento también: mirar las acciones que están tomando las isapres y el sector salud, es decir, estar dispuesto a salir como gremio hablando de la viabilidad del sistema y tomar acciones como están tomando todas las isapres de ir a tribunales internacionales o demandar al Estado.
