El Ministerio Público solicitó la formalización del ex gerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans y el ex gerente comercial del factoring, Ignacio Amenábar y el empresario Marcelo Rivadeneira por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y “blanqueo de capitales” cometidos durante enero de 2019 y junio de 2023.

Se trata de una segunda solicitud que plantea el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Las Condes, Felipe Sepúlveda al 4° Juzgado de Garantía de Santiago en el marco de la trama fianciera judicial que remece al mercado chileno involucra cheques falsos, firmas con tinta borrable, facturas falsas, prestamos millonarios y cuantiosos perjuicios al factoring controlado por el empresario Raimundo Valenzuela, quien en el marco del proceso prestó declaración ante la fiscalía el pasado 20 de diciembre.

A mediados de diciembre del año pasado, la entidad persecutora solicitó formalizar al abogado Antonio Guzmán por los presuntos delitos de estafa y uso malicioso de instrumento privado, a quien Primus considera una pieza clave del entramado defraudatorio urdido con sus exejecutivos.

En ese sentido, el tribunal resolvió ayer por medio de una resolución postergar la formalización del jurista que se realizaría el próximo 9 de enero y fijó una audiencia para que la fiscalía presente cargos a los cuatro imputados el día 27 de febrero de 2024.

“Se hace presente a los imputados antes individualizados que deberán presentarse en el Tribunal 15 minutos antes de la hora de la audiencia para su identificación. Asimismo, en el acto de la notificación, apercíbaseles que en el evento que no comparecieren injustificadamente, serán conducidos por medio de la fuerza pública a la presencia judicial, y quedarán obligados al pago de las costas que causaren, sin perjuicio de las sanciones que además puedan imponérseles, conforme con lo previsto en el artículo 33 del Código Procesal Penal”, consignó la resolución de la jueza del 4° Juzgado de Garantía de Santiago Andrea Díaz-Muñoz Bagolini.

“En atención a la reprogramación antes señalada y lo obrado en la audiencia realizada con fecha 21 de noviembre de 2023: Discútase el alzamiento del secreto de la carpeta digital, en la audiencia de formalización de la investigación fijada para el día 27 de febrero de 2024″, acotó la magistrada.

La trama financiera-judicial que sacude al mercado chileno, comenzó cuando a finales de marzo del año pasado, un informe del área de auditoría interna de la compañía reveló la existencia de operaciones que habrían sido respaldadas con cheques fasos. Según el reporte, el valor de los documentos que no contaban con respaldos ascendía a US$6,5 millones, pero un mes después, el factoring informó a la Comisión para el Mercado Financiero, que había otros US$3,2 millones en cheques incobrables.

Los ex ejecutivos de Primus por medio de declaraciones por escrito han desestimado las acusaciones de la compañía y han señalado que el propio presidente de la firma, Raimundo Valenzuela estaba en conocimiento de las operaciones cuestionadas. Mientras, el empresario insiste en que la empresa fue víctima de un esquema defraudatorio encabezado por los cuatro futuros formalizados, quienes supuestamente habrían urdido un plan creando sociedades en un día para emisión de facturas falsas y la entrega de millonarios préstamos. En esa línea, el informe forense ordenado por el vicepresidente, Eduardo Guerrero a la auditora KPMG consignó que son al menos 150 las sociedades involucradas.

Pulso consultó a abogados penalistas las penas que arriesgan los imputados y estas fueron sus respuestas.

Ignacio Ried, socio del estudio Quintana Ried Flores sostuvo que “en cualquier caso en el que los mismos hechos configuren a juicio de la fiscalía o de los querellantes los tres delitos que son estafa, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, creo que la pena es una sola. El delito es uno o es otro. En el caso del uso malicioso de instrumento privado mercantil falso es un delito que se usa como medio para cometer las estafas o la administración desleal. Entonces se aplica solamente la pena de uno de esos delitos.

“Si esto queda regido por la ley antigua, porque deben ser hechos anteriores a agosto del año pasado, la pena no es muy alta, lo que he visto en mi experiencia es que una estafa reiterada que se entiende como un sólo delito continuado de un imputado primerizo que colabora y repara celosamente el mal causado e indemniza arriesga una pena que muy probablemente será elegido para un cumplimiento alternativo. Es decir, una libertad vigilada. Salvo que la fiscalía logre probar o imputar otros delitos distintos”, añadió.

El ex fiscal Luis Inostroza sostuvo que “tanto en el delito de estafa como en el de administración desleal hay para determinar la pena hay que estar al monto del perjuicio, pero en abstracto la pena llega hasta 5 años. En el caso del delito de uso malicioso de instrumento privado la pena también llega a 5 años. Eso es sin considerar posible reiteración de delitos, atenuantes y agravantes”.