Fiscalía Nacional evalúa abrir investigación penal por eventual fraude en cobro de bono de clase media

El bono clase media sigue causando polémica. Si cuando se implementó los reclamos apuntaba a las complejidades y las exigencias para acceder a él, ahora el tema se trasladó a otra verada. El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que unos 437.703 trabajadores dependientes presentaron diferencias entre el monto que autodeclararon como sueldo tributable de julio de 2020 al momento de solicitar ese beneficio y el real calculado a partir de sus cotizaciones previsionales obligatorias o de lo efectivamente percibido.

Más precisamente, el organismo dijo que estas personas no cumplen con el requisito legal de tener una disminución de un 30% o más en sus remuneraciones de dicho mes, respecto del promedio de ingresos totales de 2019.

De ellos, 400.603 son trabajadores del sector privado y 37.100 funcionarios del Estado, precisó un comunicado de la entidad fiscalizadora. Los recursos fiscales involucrados alcanzan a US$256 millones, dijo el organismo.

Para restituir los recursos, el SII dijo que estableció un procedimiento, sin reajustes, multas ni intereses, a través de una plataforma disponible en el sitio web de la Tesorería General de la República, hasta el 30 de noviembre. “Una vez concluido este proceso, se determinarán las acciones respecto de quienes no realicen esta devolución”, advirtió el organismo, agregando que en los próximos días contactará a estos trabajadores informándole su situación, “quienes tendrán la posibilidad de aportar antecedentes que comprueben circunstancias eventualmente no contempladas”.

Conocidos los hechos, la Fiscalía Nacional anunció por Twitter que evalúa abrir investigación penal, por eventual fraude de subvenciones. Asimismo, la entidad informó que ofició al director del Servicio de Impuesto Internos (SII) pidiendo listado completo de las personas que incurrieron en las infracciones.

El caso de los 37.100 funcionarios público desató la molestia del gobierno. El primero en salir al paso fue el Ministerio de Hacienda, quien a través de una declaración publicada en su sitio web, dijo que “ha puesto en conocimiento de las carteras pertinentes y otros órganos autónomos del Estado la información aportada por el SII, de forma tal que se lleven a cabo los procedimientos administrativos que correspondan. En línea con lo anterior, el Ministerio de Hacienda también ha puesto en conocimiento de estos antecedentes a la Contraloría General de la República”.

Mientras que el ministro del Interior, Víctor Pérez, aseveró que cuando dictamos la ley para entregar este aporte, el subsidio de clase media, que fue un aporte muy significativo del gobierno, no solamente en su administración, sino que también en sus recursos, establecimos en esa ley una facultad fiscalizadora y es eso lo que hoy se ejerce". En ese sentido, acotó que “el gobierno se alegra que se esté ocupando esta facultad fiscalizadora para determinar con exactitud que quienes recibieron este beneficio, que era absolutamente necesario e indispensable para miles de familia que lo estaban pasando muy mal producto de su baja de ingresos, si se cumplieron con los requisitos y quien no cumple con los requisitos se va a tener que atener a las consecuencias”.

Otro secretario de Estado que salió a criticar con fuerza el comportamiento de quienes pidieron el bono sin haber perdido sus ingresos, fue el titular de la Secretaria General de la Presidencia, Cristián Monckeberg: “Si además estaban con trabajo, más aún si eran funcionarios públicos, con sueldo, con trabajo estable y además piden el bono, literalmente se pasaron de rosca, cometieron un delito. O se devuelve o se sanciona, ese es el sentido de esto”.

Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), su presidente José Pérez, le respondió al gobierno y los responsabilizó por implementar una política pública fallida en su diseño e implementación. “Esto confirma la seguidilla de errores que ha cometido el gobierno que hoy se presta para confusión y manipulación política que pretende desprestigiar el rol del Estado y de los funcionarios públicos”.